META
Superservicios anuncia seguimiento a prestación de servicios en el Meta
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció seguimiento especial a la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el departamento del Meta, luego de realizar visitas de inspección a empresas prestadoras en varios municipios.
La Superintendente, Natasha Avendaño García, y su equipo de trabajo encontraron deficiencias en la prestación y reporte de información en algunas de las empresas visitadas en La Macarena, Mapiripán, Uribe, Granada, San Martín, Restrepo y Puerto López. El recorrido técnico fue realizado por la funcionaria paralelamente a su participación como delegada del Gobierno Nacional en las mesas de escucha activa del Pacto Colombia con las Juventudes.
En el municipio de Uribe, la Superservicios evidenció recientes incumplimientos en la calidad del agua suministrada por Edesa en algunos sectores, debido a inconvenientes en el tratamiento del agua. Sin embargo, los usuarios cuentan con el servicio las 24 horas al día, y buena calidad del agua la mayor parte del año.
En cuanto a la prestación de las empresas Agua Viva y Espa, en los municipios de Restrepo y Acacías, respectivamente, no se encontraron situaciones críticas de servicio que tiene continuidad de 24 horas diarias y cobertura del 100%. No obstante, se realizarán mesas de trabajo con el prestador para solucionar inconvenientes de reporte de información a la superintendencia.
En el municipio de Puerto López, donde opera la empresa Espuerto, se evidenciaron reiterados incumplimientos en la calidad del agua. La continuidad del servicio es de dos horas al día y su cobertura es del 74 % de la población. La Superservicios estará atenta a las mejoras de estas condiciones con la entrada en operación de la planta de tratamiento de agua potable de Rionegro, estimada para el próximo mes de septiembre.
En San Martín de los Llanos, donde la empresa Cafuches compra agua en bloque a Edesa, se presenta riesgo en la calidad del agua en algunas muestras del líquido. Para atender esta situación se programará una mesa de trabajo con estos prestadores para buscar soluciones; además de la realización de otros encuentros en los meses de junio y julio para revisar aspectos pendientes del reporte de información y hacer seguimiento a acciones puntuales para la mejora del servicio.
Con relación al estado de la prestación del servicio público de aseo en el Meta, la superintendente informó que “Se realizaron visitas de inspección a los sitios de disposición final en La Macarena y Mapiripán, los cuales no cuentan con permiso ambiental vigente. No realizan ningún tipo de manejo técnico para la compactación y cobertura de residuos, ni control de lixiviados, gases y vectores, entre otros. Con la gerente de Edesa revisamos el estado de los cuatro proyectos de nuevos sitios de disposición final en el departamento, a los cuales también le haremos seguimiento especial en el marco de una estrategia interinstitucional con Cormacarena, el Instituto Colombiano de Antropología y Minvivienda”.
En la visita al relleno sanitario Guaratana, operado por la empresa de servicios públicos de Granada, se encontró un deficiente manejo de lixiviados, falta de cobertura en dos de las celdas no operativas y presencia de vectores. La Superservicios hizo requerimiento al prestador para corregir estas fallas, y se programó visita técnica de seguimiento para evaluar los resultados.
Finalmente, la superintendencia realizará mesas de trabajo con diferentes prestadores y mandatarios locales en el Meta con el fin de promover la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo; siendo esta una oportunidad de legalización y formalización de los recicladores, y un aporte del departamento al medio ambiente con el reciclaje y la separación de residuos en la fuente.
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
META
Ordenan compensar y reparar integralmente a familia que sufrió despojo de 3.400 hectáreas en Mapiripán
La Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá reconoció que una familia fue víctima de desplazamiento forzado y despojo en la vereda La Cooperativa, en zona rural de Mapiripán (Meta), a manos de actores armados ilegales durante los años más crudos del conflicto armado.
El tribunal declaró su derecho fundamental a la restitución de los predios ‘La Rinconada’, ‘La Rinconada I’ y ‘La Rinconada II’, que suman más de 3.400 hectáreas, y ordenó que se realice por compensación económica y/o en equivalente ambiental, debido a las situaciones actuales de reserva forestal y exploración petrolera en la zona.
Los terrenos fueron adquiridos en 1981, cuando el jefe del hogar compró la posesión y mejoras del hato. Años después, el INCORA formalizó la adjudicación de estas tierras rurales a la familia y en 1997 expidió las resoluciones, que quedaron protocolizadas mediante escrituras públicas en febrero de 2000.
La sentencia relata que la familia vivió y trabajó los predios como una sola unidad productiva ganadera. Sin embargo, la violencia irrumpió en 1987 con la llegada de guerrilleros a la zona, quienes comenzaron a llevarse ganado. La situación se agudizó en 1997, tras la toma armada de Mapiripán y los enfrentamientos entre guerrilla y paramilitares, lo que obligó un desplazamiento inicial de la pareja y sus hijos hacia San Martín (Meta), si bien intentaron mantener la actividad ganadera,
el episodio más devastador ocurrió el 15 de octubre de 1999, cuando miembros del Frente 45 de las Farc, al mando de alias “Beto”, ingresaron a ‘La Rinconada II’, robaron el ganado y quemaron la casa, provocando el abandono definitivo de las tierras y el desplazamiento forzado de la familia hacia Cali.
El tribunal consideró que estos hechos configuraron también despojo, pues años después los terrenos fueron ocupados por terceros sin autorización de los propietarios legítimos. El fallo también dispuso que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) evalúe las adjudicaciones de los predios y determine si es necesaria su revocatoria para garantizar la reparación de las víctimas.
“Esta sentencia reivindica los derechos de los integrantes de esta familia, quienes fueron despojados y desplazados por la violencia en Mapiripán. Es el resultado de un trabajo jurídico riguroso de la URT, en articulación con el tribunal y las entidades del Estado, para garantizar que se haga justicia sin causar nuevos daños”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad en el Meta.
El fallo reconoce que, aunque algunos opositores no acreditaron buena fe exenta de culpa, otros campesinos en situación de vulnerabilidad deben recibir medidas de protección bajo el enfoque de “acción sin daño”, que busca no agravar los conflictos en el territorio.
Fuente: El Diario del Llano
En el marco de la ofensiva nacional contra el narcotráfico, la Policía Nacional incautó 1,2 toneladas de marihuana pertenecientes a las disidencias de las Farc, durante un operativo realizado en el eje vial Bogotá–Villavicencio.
Según el informe policial, el cargamento era transportado en un furgón que cubría la ruta desde Popayán hacia Venezuela, y fue detectado gracias a labores de inteligencia y control desplegadas por unidades de la institución.
El Director General de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, informó que en el procedimiento fue capturado el conductor del vehículo, quien presenta antecedentes judiciales por homicidio, violencia intrafamiliar y porte ilegal de armas de fuego. Además, el automotor utilizado para el transporte del estupefaciente fue inmovilizado.
Según las autoridades, la marihuana incautada tenía como destino final el mercado venezolano, donde sería distribuida por redes criminales asociadas a las disidencias. Con este resultado se evitó la circulación de aproximadamente 2,4 millones de dosis, representando una afectación a las finanzas ilegales por más de 773 millones de pesos.
La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de control en los corredores estratégicos del país, con el propósito de desarticular las estructuras narcotraficantes y reducir el impacto del crimen organizado en los territorios.
Fuente: El Diario del Llano
Por disposición de un Juez de Control de Garantías, a la cárcel fueron enviados Junior Arango Díaz y Juan Pablo Castillo Neira, señalados de disparar contra un establecimiento comercial para que sus propietarios pagaran una extorsión, en el municipio de Granada.
Un fiscal de la Seccional Meta les formuló imputación por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y terrorismo, extorsión en grado de tentativa; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; todas las conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos.
Según la Fiscalía, los hechos ocurrieron la noche del pasado 29 de septiembre en el centro de Granada, donde, los hoy
procesados, al parecer, dispararon en varias oportunidades al local comercial. Se evidenció que los propietarios del lugar venían siendo víctimas de extorsión, por parte de supuestos integrantes de ‘ERPAC Renacer’.
Los procesados fueron capturados en flagrancia por la Policía Nacional, en vía pública de la vereda Alto Iracá del municipio de San Martín. Se logró la incautación de una motocicleta, un revólver, panfletos extorsivos y equipos móviles.
Fuente: El Diario del Llano
