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Superservicios anuncia seguimiento a prestación de servicios en el Meta
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció seguimiento especial a la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el departamento del Meta, luego de realizar visitas de inspección a empresas prestadoras en varios municipios.
La Superintendente, Natasha Avendaño García, y su equipo de trabajo encontraron deficiencias en la prestación y reporte de información en algunas de las empresas visitadas en La Macarena, Mapiripán, Uribe, Granada, San Martín, Restrepo y Puerto López. El recorrido técnico fue realizado por la funcionaria paralelamente a su participación como delegada del Gobierno Nacional en las mesas de escucha activa del Pacto Colombia con las Juventudes.
En el municipio de Uribe, la Superservicios evidenció recientes incumplimientos en la calidad del agua suministrada por Edesa en algunos sectores, debido a inconvenientes en el tratamiento del agua. Sin embargo, los usuarios cuentan con el servicio las 24 horas al día, y buena calidad del agua la mayor parte del año.
En cuanto a la prestación de las empresas Agua Viva y Espa, en los municipios de Restrepo y Acacías, respectivamente, no se encontraron situaciones críticas de servicio que tiene continuidad de 24 horas diarias y cobertura del 100%. No obstante, se realizarán mesas de trabajo con el prestador para solucionar inconvenientes de reporte de información a la superintendencia.
En el municipio de Puerto López, donde opera la empresa Espuerto, se evidenciaron reiterados incumplimientos en la calidad del agua. La continuidad del servicio es de dos horas al día y su cobertura es del 74 % de la población. La Superservicios estará atenta a las mejoras de estas condiciones con la entrada en operación de la planta de tratamiento de agua potable de Rionegro, estimada para el próximo mes de septiembre.
En San Martín de los Llanos, donde la empresa Cafuches compra agua en bloque a Edesa, se presenta riesgo en la calidad del agua en algunas muestras del líquido. Para atender esta situación se programará una mesa de trabajo con estos prestadores para buscar soluciones; además de la realización de otros encuentros en los meses de junio y julio para revisar aspectos pendientes del reporte de información y hacer seguimiento a acciones puntuales para la mejora del servicio.
Con relación al estado de la prestación del servicio público de aseo en el Meta, la superintendente informó que “Se realizaron visitas de inspección a los sitios de disposición final en La Macarena y Mapiripán, los cuales no cuentan con permiso ambiental vigente. No realizan ningún tipo de manejo técnico para la compactación y cobertura de residuos, ni control de lixiviados, gases y vectores, entre otros. Con la gerente de Edesa revisamos el estado de los cuatro proyectos de nuevos sitios de disposición final en el departamento, a los cuales también le haremos seguimiento especial en el marco de una estrategia interinstitucional con Cormacarena, el Instituto Colombiano de Antropología y Minvivienda”.
En la visita al relleno sanitario Guaratana, operado por la empresa de servicios públicos de Granada, se encontró un deficiente manejo de lixiviados, falta de cobertura en dos de las celdas no operativas y presencia de vectores. La Superservicios hizo requerimiento al prestador para corregir estas fallas, y se programó visita técnica de seguimiento para evaluar los resultados.
Finalmente, la superintendencia realizará mesas de trabajo con diferentes prestadores y mandatarios locales en el Meta con el fin de promover la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo; siendo esta una oportunidad de legalización y formalización de los recicladores, y un aporte del departamento al medio ambiente con el reciclaje y la separación de residuos en la fuente.
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
META
Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
