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Superservicios anuncia seguimiento a prestación de servicios en el Meta

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La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció seguimiento especial a la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el departamento del Meta, luego de realizar visitas de inspección a empresas prestadoras en varios municipios.

La Superintendente, Natasha Avendaño García, y su equipo de trabajo encontraron deficiencias en la prestación y reporte de información en algunas de las empresas visitadas en La Macarena, Mapiripán, Uribe, Granada, San Martín, Restrepo y Puerto López. El recorrido técnico fue realizado por la funcionaria paralelamente a su participación como delegada del Gobierno Nacional en las mesas de escucha activa del Pacto Colombia con las Juventudes.

En el municipio de Uribe, la Superservicios evidenció recientes incumplimientos en la calidad del agua suministrada por Edesa en algunos sectores, debido a inconvenientes en el tratamiento del agua. Sin embargo, los usuarios cuentan con el servicio las 24 horas al día, y buena calidad del agua la mayor parte del año.

En cuanto a la prestación de las empresas Agua Viva y Espa, en los municipios de Restrepo y Acacías, respectivamente, no se encontraron situaciones críticas de servicio que tiene continuidad de 24 horas diarias y cobertura del 100%. No obstante, se realizarán mesas de trabajo con el prestador para solucionar inconvenientes de reporte de información a la superintendencia.

En el municipio de Puerto López, donde opera la empresa Espuerto, se evidenciaron reiterados incumplimientos en la calidad del agua. La continuidad del servicio es de dos horas al día y su cobertura es del 74 % de la población. La Superservicios estará atenta a las mejoras de estas condiciones con la entrada en operación de la planta de tratamiento de agua potable de Rionegro, estimada para el próximo mes de septiembre.

En San Martín de los Llanos, donde la empresa Cafuches compra agua en bloque a Edesa, se presenta riesgo en la calidad del agua en algunas muestras del líquido. Para atender esta situación se programará una mesa de trabajo con estos prestadores para buscar soluciones; además de la realización de otros encuentros en los meses de junio y julio para revisar aspectos pendientes del reporte de información y hacer seguimiento a acciones puntuales para la mejora del servicio.

Con relación al estado de la prestación del servicio público de aseo en el Meta, la superintendente informó que “Se realizaron visitas de inspección a los sitios de disposición final en La Macarena y Mapiripán, los cuales no cuentan con permiso ambiental vigente. No realizan ningún tipo de manejo técnico para la compactación y cobertura de residuos, ni control de lixiviados, gases y vectores, entre otros. Con la gerente de Edesa revisamos el estado de los cuatro proyectos de nuevos sitios de disposición final en el departamento, a los cuales también le haremos seguimiento especial en el marco de una estrategia interinstitucional con Cormacarena, el Instituto Colombiano de Antropología y Minvivienda”.

En la visita al relleno sanitario Guaratana, operado por la empresa de servicios públicos de Granada, se encontró un deficiente manejo de lixiviados, falta de cobertura en dos de las celdas no operativas y presencia de vectores. La Superservicios hizo requerimiento al prestador para corregir estas fallas, y se programó visita técnica de seguimiento para evaluar los resultados.

Finalmente, la superintendencia realizará mesas de trabajo con diferentes prestadores y mandatarios locales en el Meta con el fin de promover la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo; siendo esta una oportunidad de legalización y formalización de los recicladores, y un aporte del departamento al medio ambiente con el reciclaje y la separación de residuos en la fuente.

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

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A la cárcel por maltratar e intentar asesinar a sus dos hijas de 8 meses y 12 años

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Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.

Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.

De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.

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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López

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La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.

La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.

A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.

El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.

El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.

Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.

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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía

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La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.

La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.

A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.

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