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Supersalud interviene la EPS Sanitas por problemas financieros y vulneración de derechos de sus afiliados

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La Superintendencia Nacional de Salud realizó la intervención forzosa administrativa de la EPS Sanitas y ordenó la toma de posesión de sus bienes y negocios a nivel nacional.

La decisión se tomó luego de evidenciar el estado de su situación financiera, el incumplimiento del indicador patrimonial y el creciente número de quejas de sus usuarios, todo lo cual pone en riesgo la prestación de servicios a su población afiliada, estimada en 5,7 millones de personas.

“La EPS Sanitas no cumplía con los requisitos de habilitación financiera, principalmente frente al patrimonio adecuado y frente a las reservas técnicas de las que tanto se ha hablado”, destacó el superintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal, en una declaración ofrecida esta noche en la Casa de Nariño.

Leal señaló que la decisión se basa en múltiples razones analizadas al interior del Comité de Medidas de la Superintendencia, y afirmó que “las personas afiliadas a esta EPS no encontraban una adecuada satisfacción a sus derechos al interior de la misma”.

Por otra parte, indicó que las deudas que tenía esta EPS con los hospitales, clínicas y con todos los prestadores de servicios de salud se venían incrementando. Para diciembre del año pasado cerraron por encima de los 2 billones de pesos, “lo que claramente afecta a la prestación de servicios de salud”.

Mensaje de tranquilidad a usuarios

El funcionario dejó en claro que “esta decisión no afecta para nada a los afiliados de la EPS y que en ningún momento se va a dejar de prestar los servicios de salud y que los usuarios y los prestadores van a poder tener la garantía de que su funcionamiento va a continuar de una manera adecuada”. El superintendente advirtió que la decisión se tomó “con el ánimo de proteger el derecho fundamental a la salud de todas las personas”.

En ese sentido se pronunció el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. “Aquí los servicios, tanto de la EPS como de la prepagada, se van a continuar prestando sin ningún inconveniente”, recalcó.

Y puntualizó: “Pueden tener la absoluta seguridad y la tranquilidad de que estaremos muy atentos para que ustedes, los ciudadanos que hoy están afiliados a esta EPS, puedan seguir contando con los servicios, con la atención, y podamos solucionar los problemas que hoy tiene la EPS”.

Se crea junta asesora para el agente interventor

El superintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal, reveló que hoy, con la intervención, fue relevado del cargo el representante legal, la junta directiva y la asamblea de accionistas de la EPS Sanitas.

“Se ha designado también un agente interventor que ha tenido intervenciones previas de manera exitosa y que viene de recuperar hospitales públicos que hoy están prestando un servicio de calidad a la población”, sostuvo.

Con la adopción de la medida, la Superintendencia designó como interventor a Duver Vargas para que adelante la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios y lleve a cabo el proceso de intervención.

Leal indicó que “el objetivo que tiene la Superintendencia Nacional de Salud con esta intervención es tomar medidas adecuadas y oportunas para evitar que el colapso financiero al que iba la EPS afecte la prestación de servicios de salud para todas las personas”, así como de los afiliados a la prepagada.

Aseguró que el proceso de intervención se realizará con una vigilancia estricta y un acompañamiento por parte de la Superintendencia, que, además de nombrar un agente interventor, por primera vez se utiliza la herramienta que da “el Estatuto Orgánico Financiero, que nos permite la creación de una junta asesora para este agente interventor, donde están representados los cinco principales acreedores. Nos va a permitir hacer una comunicación entre las aseguradoras y los prestadores de servicios de salud”.

Obligados a salvar el sistema de salud

Sobre esta decisión, el presidente Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de X: “El gobierno tiene la obligación de salvar el sistema de salud, y la vida de los colombianos. El actual sistema, como desde hace años se venía denunciando desde diferentes instancias de control administrativo, judicial y político, extrajo recursos públicos por decenas de billones de pesos que no se invirtieron de acuerdo a la ley y se perdieron, y debemos de actuar de acuerdo a la ley y la Constitución y con decisión”.

Contexto de la decisión

La resolución mediante la cual la Superintendencia Nacional de Salud ordenó, por el término de un año, la medida de intervención forzosa administrativa de la EPS Sanitas señala: “La información y las situaciones evidenciadas en el marco de las funciones de inspección, vigilancia y control realizada por la Superintendencia Nacional de Salud a la EPS Sanitas, permite establecer un incumplimiento reiterado de la ley y concretamente de aquellas normas que rigen el aseguramiento y la prestación de servicios de salud”.

Para la Supersalud es claro que esas situaciones e indicadores de la EPS “se ven directamente reflejadas en la vulneración de los derechos de los afiliados y en el incumplimiento de las funciones indelegables de aseguramiento”.

Con corte a diciembre de 2023, la Superintendencia evidenció el incumplimiento de los indicadores de patrimonio adecuado y del régimen de inversiones de reserva técnica.

Según la evaluación hecha por la Superintendencia, la EPS Sanitas ha faltado a la obligación de pago con la red prestadora y proveedora de servicios y tecnologías en salud, lo que ha incidido particularmente en las condiciones de garantía del derecho a la salud a su población afiliada.

A diciembre de 2023, las deudas de esta EPS con las IPS ascendían a 2,04 billones de pesos, poniendo en riesgo no solo la prestación del servicio a sus afiliados sino de todos aquellos usuarios de las redes acreedoras.

“Es una intervención forzosa para poder tomar el control administrativo y corregir algunos de los errores administrativos que venían y poder garantizar y proteger el servicio y la salud de todas las personas en todo el territorio nacional”, aseguró el superintendente Luis Carlos Leal.

Alarmante aumento de quejas y tutelas

Se constató, así mismo, una alarmante escalada en la cantidad de reclamaciones dirigidas a la EPS Sanitas durante el año 2023, con un total de 185.634 reclamos y una tasa de incidencia de 321,25 por cada 10.000 afiliados, cifra que supera significativamente el promedio nacional.

Para la Supersalud, este incremento notorio en las quejas no solo refleja una crisis en la capacidad de respuesta de la EPS frente a las necesidades de sus usuarios, sino que también evidencia una profunda brecha entre los servicios de salud prometidos y los efectivamente entregados.

Dicha disparidad, sumada a una falta crítica en el cumplimiento de un sistema de gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencia y denuncias y de requerimientos judiciales, como tutelas e incidentes de desacato, pone en tela de juicio la eficacia y eficiencia de la EPS en su rol como proveedor de servicios de salud, al no lograr satisfacer las demandas esenciales de atención que son cruciales para el bienestar de sus afiliados, lo que a su vez sugiere una insostenibilidad operativa que compromete su misión fundamental.

Los principales motivos de reclamaciones resaltan deficiencias críticas en áreas fundamentales como la asignación y oportunidad de citas y consultas, entrega de tecnologías en salud y en la autorización y atención de otros servicios de salud.

Tales deficiencias son indicativas de una vulneración sistemática de los principios de continuidad, disponibilidad, accesibilidad y oportunidad en la prestación de servicios de salud, contraviniendo los estándares mínimos establecidos en la legislación vigente. Este escenario refleja una violación de los derechos básicos de los usuarios.

Fuente: Presidencia de la República

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¿Se puede pasar el año escolar por Decreto? Mineducación explica la normatividad

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Finaliza el año escolar, época en que estudiantes y padres de familia concentran su interés en saber si se pasó el año o no, e iniciar los procesos de matrícula. En este sentido, y con el ánimo de dar respuesta a una inquietud recurrente de si es posible pasar el año por Decreto, el Ministerio de Educación explica en detalle la normatividad que rige este aspecto.

Hace algunos años viene circulando entre la comunidad educativa la premisa que es posible pasar un año escolar por decreto y que los estudiantes no pueden perder el año sin importar su nivel académico. Esta información es derivada a raíz del Decreto 230 de 2002, que limitaba al 5% el número de estudiantes que podían perder el año en una institución educativa; esto representaba que estudiantes con bajo rendimiento académico eran promovidos al grado siguiente, lo cual generaba alivio entre los estudiantes, pero a su vez cuestionamientos sobre la calidad educativa.

Sin embargo, es importante saber que esa normativa quedó atrás, y su aplicación ya no es parte de las políticas educativas actuales dado que en el año 2009 con el Decreto 1290 que actualmente está compilado en el Decreto 1075 de 2015, el cual marcó una nueva ruta en los criterios de promoción de los y las estudiantes, estableció que cada institución educativa tiene la autonomía de definir sus propios criterios de evaluación y promoción escolar. Ya no existe un límite al número de estudiantes que pueden perder el año, ni un porcentaje fijo de inasistencias que determine la repitencia escolar.

Adicionalmente, este decreto 1290 incluye la garantía del derecho a la continuidad en la educación, pues así el estudiante no sea promovido, el colegio está obligado a asegurarle el cupo para continuar su proceso formativo. Esto significa que, aunque los criterios de promoción se decidan dentro de cada institución, el objetivo es que la educación sea continua y justa, adaptándose a las necesidades y características de cada alumno. Por su parte, los directivos y docentes deben definir políticas justas para la promoción de estudiantes, basadas en la mejora continua. Es fundamental que la comunidad educativa participe en la creación de estos sistemas de evaluación, para fomentar un ambiente educativo que priorice el desarrollo integral de los estudiantes.

En resumen, aunque el mito del “pasar el año por decreto” persiste, la realidad es que esto pasó a ser un mito y no es una normatividad vigente. Las instituciones educativas gozan de autonomía en sus criterios de promoción, aunque también están obligadas a garantizar a que prime el derecho a la educación.

Y sobre la matrícula condicional, ¿qué dice la normatividad?

La matrícula condicional suele ser otro de los temas recurrentes en esta época del año y en temporada de matrículas, donde los estudiantes son promovidos al grado siguiente, pero con un compromiso de mantener un comportamiento y un nivel académico destacado que garantice su continuidad en dicha institución.

Frente a este tema, desde el Ministerio se informa que esta medida disciplinaria debe estar respaldada por un proceso justo, en el cual el estudiante tiene derecho a defenderse y a cuestionar las pruebas en su contra. La Corte Constitucional enfatiza la importancia del derecho a la educación y el debido proceso, especialmente en contextos sancionatorios, principalmente cuando no existen parámetros claros sobre las causales de aplicabilidad de sanciones dentro de los manuales de convivencia o reglamentos internos de las instituciones.

Cada institución tiene autonomía para crear su propio manual de convivencia, siguiendo las directrices de la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1075 de 2015. En este sentido, la recomendación es que los establecimientos adopten y construyan de manera conjunta con todos los actores (directivos, docentes, estudiantes y padres de familia) un Proyecto Educativo Institucional (PEI) que incluya normas y procedimientos detallados, como derechos, deberes, obligaciones, prohibiciones, faltas y sanciones de los estudiantes por las eventuales violaciones de las normas de comportamiento adoptadas al interior de la institución o incumplimiento de sus obligaciones académicas.

Estas normativas aseguran que, por ejemplo, la reprobación de un grado por primera vez no sea motivo de exclusión, a menos que esté claramente estipulado en el reglamento institucional o el manual de convivencia. Así, las instituciones educativas tienen la competencia para establecer sus propias normas de convivencia, siempre respetando los principios constitucionales del debido proceso y garantizando una educación continua y de calidad para todos los estudiantes.

Fuente: Ministerio de Educación

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Prosperidad Social entregará recursos del ciclo 11 a beneficiarios de Colombia Mayor

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El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar Moreno, anunció el inicio del undécimo ciclo de pagos de Colombia Mayor: comenzará el 25 de noviembre, y estará disponible hasta el 6 de diciembre.

En este ciclo, 1.640.589 beneficiarios del programa recibirán la transferencia monetaria. La entidad invertirá 212.498 millones de pesos en esta entrega.

Del total de beneficiarios con giro programado, 485.871 tienen más de 80 años, por lo que recibirán 225.000 pesos.

El director Bolívar resaltó que el programa Colombia Mayor es una iniciativa alineada con los objetivos de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por el Estado colombiano en la Ley 2055 de 2020. “Prosperidad Social a través del programa Colombia Mayor implementa una de las medidas necesarias para lograr la igualdad de hecho de la persona mayor en el país, así como para asegurar su plena integración social, económica, educacional, política y cultural”, dijo.

A todos los participantes se les enviará un mensaje de texto con la información de las fechas en las que estará disponible el dinero y el monto a recibir. Quienes no puedan acercarse personalmente a los puntos de pago pueden autorizar a un tercero de su hogar, a través de un poder especial; si tienen alguna limitación de movilidad por problemas de salud, pueden solicitar el pago en su domicilio.

Prosperidad Social invita a los beneficiarios a actualizar sus datos de contacto. Se pueden comunicar a las líneas de atención gratuita en Bogotá: 6013794840; desde el resto del país, al 01 8000 95 1100; o a través de los enlaces del programa en las alcaldías municipales.

Balance del décimo ciclo de pagos:

El décimo ciclo de pagos de Colombia Mayor se realizó desde el 18 hasta el 31 de octubre. Más de 1,6 millones de adultos mayores del país recibieron la transferencia, a través del operador de pagos SuperGIROS y sus aliados. Al finalizar el periodo de pagos, el programa logró una efectividad de 96 %.

Con las medidas que ha implementado el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, para dignificar la vejez a través del programa Colombia Mayor, se aumentó la protección económica a las personas mayores. Con esto aporta al envejecimiento saludable de millones de personas mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad en el país.

Fuente: Prosperidad Social

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Ecopetrol ha liderado el uso de asfalto modificado con plástico para 21 proyectos viales

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Ecopetrol ha dado un paso importante en sus iniciativas de economía circular, al liderar en los últimos 2 años la incorporación de plástico reciclado en el asfalto para 21 proyectos viales en distintas regiones de Colombia.

En la implementación de esta tecnología, se han reutilizado más de 7 millones de bolsas plásticas recicladas, para pavimentaciones en el aeropuerto El Dorado, la zona de Engativá y la Calle 26, de Bogotá, así como en el departamento del Meta, en la ciudad de Medellín y Refinería de Barrancabermeja.

Felipe Trujillo, vicepresidente Comercial y de Mercado de Ecopetrol explicó que la Empresa logró identificar y desarrollar junto con sus clientes directos e indirectos un asfalto modificado con polímero, que incorporó en la formulación el plástico reciclado bajo el estándar de la normatividad autorizada por el Instituto Nacional de Vías (Invías).

De esta manera logró producir la materia prima para incorporarla al asfalto, en la planta de Esenttia, filial del Grupo Ecopetrol, que tiene capacidad para procesar 15.000 toneladas anuales de plástico reciclado.

La iniciativa constituye una innovación a partir del asfalto convencional que suministra Ecopetrol y que abastece el 100% de la demanda nacional de 27.000 toneladas mensuales.

Este tipo de asfalto modificado no solo se utiliza en Colombia sino también en otros países de la región. Hace un año Ecopetrol y la empresa MPI (experta en modificar asfaltos) enviaron a Centroamérica 350 toneladas de este producto, que incorporó el equivalente a 1,2 millones de bolsas plásticas recicladas.

Esta iniciativa contribuye al cuidado del medio ambiente, porque evita que los plásticos lleguen a rellenos sanitarios y fuentes hídricas, dignifica la labor de los recicladores y genera empleo, al tiempo que aporta a una mayor resistencia y durabilidad de las vías.

El balance de este proceso fue entregado por Ecopetrol durante la Reunión Anual Latinoamericana de Petroquímica de la Asociación Petroquímica Latinoamericana (APLA) que se desarrolla en Cartagena, con la participación de 930 personas de 38 países.

Fuente: Ecopetrol

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