CASANARE
Supersalud extendió por un año vigilancia sobre Capresoca
La Superintendencia Nacional de Salud extendió hasta el 27 de junio de 2023 la medida de vigilancia especial que rige sobre la EPS Capresoca y le ordenó cumplir en este periodo 17 acciones que permitan restablecer las condiciones financieras y de solvencia y garantizar la atención oportuna a su población asegurada.
La EPS cuenta con 174.900 afiliados, de los cuales 158.755 pertenecen al régimen subsidiado y 16.145 al contributivo, distribuidos principalmente en los 19 municipios del departamento de Casanare.
De acuerdo con la evaluación realizada por la Supersalud a los indicadores administrativo, financiero, jurídico y técnico-científico, Capresoca aún no ha logrado superar los hallazgos que dieron origen a la medida preventiva en 2016, generando un riesgo en la prestación de servicios y, a su vez, comprometiendo el principio de empresa en marcha.
En este sentido, las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) formuladas por los usuarios registran un aumento desde 2018, siendo la restricción en el acceso a los servicios de salud la barrera predominante en la atención integral de los usuarios.
Los principales motivos específicos de reclamaciones entre los meses de enero a noviembre de 2021 fueron la falta de oportunidad en la asignación de citas de consulta médica especializada, la demora de la autorización de hospitalizaciones y la restricción en la libre escogencia de EPS.
Entre la atención de patologías de alto costo, el cáncer constituye la mayor causa de quejas, siendo el motivo más frecuente la falta de acceso a los servicios deficiencias en la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud.
Adicionalmente, La EPS presenta deficiencias en la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud relacionadas con los bajos resultados de enfermedades cardiovasculares como diabetes e hipertensión.
El concepto de la Supersalud también evidenció que la EPS no garantizó la cobertura de red de prestación de servicios de baja, mediana y alta complejidad en la totalidad de municipios donde tiene afiliados, en los últimos tres trimestres de 2021 y el primer trimestre de 2022, con una cobertura para el último periodo por debajo del 75%.
Indicadores por mejorar
Sobre la situación financiera de la EPS, se alerta que algunos indicadores “confirman que la EPS carece de liquidez para cubrir oportunamente el pago de sus obligaciones; siendo pertinente enfatizar que, según el comportamiento de las exigibilidades, el 63% de estas ($113.321 millones) registran morosidad superior a 180 días”, indica la resolución 4278-6, por medio de la cual se prorroga un año la vigilancia especial de la Superintendencia.
De igual manera la Supersalud evidenció deficiencias en la contratación de la EPS y en el proceso de auditoría y seguimiento de los procesos, así como el incumplimiento de los indicadores de capital mínimo y patrimonio adecuado.
Precisamente la EPS presenta un patrimonio negativo de $141.014 millones; siendo la causa principal de ese detrimento las pérdidas recurrentes.
Durante el año 2021 Capresoca fue notificada de 242 tutelas por conceptos relacionados con servicios de salud, y la Superintendencia Nacional de Salud le ha impuesto cuatro sanciones por 1.310 millones de pesos. La EPS tiene en curso seis investigaciones y siete investigaciones contra su representante legal.
Por último, durante la prórroga de la medida de vigilancia, la EPS deberá identificar los mecanismos y estrategias en las que aborde la totalidad de las líneas de acción que le permitan restablecer su situación y operar en condiciones óptimas dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Fuente: Supersalud
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
