CASANARE
Supersalud extendió por un año vigilancia sobre Capresoca
La Superintendencia Nacional de Salud extendió hasta el 27 de junio de 2023 la medida de vigilancia especial que rige sobre la EPS Capresoca y le ordenó cumplir en este periodo 17 acciones que permitan restablecer las condiciones financieras y de solvencia y garantizar la atención oportuna a su población asegurada.
La EPS cuenta con 174.900 afiliados, de los cuales 158.755 pertenecen al régimen subsidiado y 16.145 al contributivo, distribuidos principalmente en los 19 municipios del departamento de Casanare.
De acuerdo con la evaluación realizada por la Supersalud a los indicadores administrativo, financiero, jurídico y técnico-científico, Capresoca aún no ha logrado superar los hallazgos que dieron origen a la medida preventiva en 2016, generando un riesgo en la prestación de servicios y, a su vez, comprometiendo el principio de empresa en marcha.
En este sentido, las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) formuladas por los usuarios registran un aumento desde 2018, siendo la restricción en el acceso a los servicios de salud la barrera predominante en la atención integral de los usuarios.
Los principales motivos específicos de reclamaciones entre los meses de enero a noviembre de 2021 fueron la falta de oportunidad en la asignación de citas de consulta médica especializada, la demora de la autorización de hospitalizaciones y la restricción en la libre escogencia de EPS.
Entre la atención de patologías de alto costo, el cáncer constituye la mayor causa de quejas, siendo el motivo más frecuente la falta de acceso a los servicios deficiencias en la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud.
Adicionalmente, La EPS presenta deficiencias en la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud relacionadas con los bajos resultados de enfermedades cardiovasculares como diabetes e hipertensión.
El concepto de la Supersalud también evidenció que la EPS no garantizó la cobertura de red de prestación de servicios de baja, mediana y alta complejidad en la totalidad de municipios donde tiene afiliados, en los últimos tres trimestres de 2021 y el primer trimestre de 2022, con una cobertura para el último periodo por debajo del 75%.
Indicadores por mejorar
Sobre la situación financiera de la EPS, se alerta que algunos indicadores “confirman que la EPS carece de liquidez para cubrir oportunamente el pago de sus obligaciones; siendo pertinente enfatizar que, según el comportamiento de las exigibilidades, el 63% de estas ($113.321 millones) registran morosidad superior a 180 días”, indica la resolución 4278-6, por medio de la cual se prorroga un año la vigilancia especial de la Superintendencia.
De igual manera la Supersalud evidenció deficiencias en la contratación de la EPS y en el proceso de auditoría y seguimiento de los procesos, así como el incumplimiento de los indicadores de capital mínimo y patrimonio adecuado.
Precisamente la EPS presenta un patrimonio negativo de $141.014 millones; siendo la causa principal de ese detrimento las pérdidas recurrentes.
Durante el año 2021 Capresoca fue notificada de 242 tutelas por conceptos relacionados con servicios de salud, y la Superintendencia Nacional de Salud le ha impuesto cuatro sanciones por 1.310 millones de pesos. La EPS tiene en curso seis investigaciones y siete investigaciones contra su representante legal.
Por último, durante la prórroga de la medida de vigilancia, la EPS deberá identificar los mecanismos y estrategias en las que aborde la totalidad de las líneas de acción que le permitan restablecer su situación y operar en condiciones óptimas dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Fuente: Supersalud
Una denuncia pública radicada ante organismos de control advierte presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la salud por parte de CAPRESOCA EPS en Casanare, relacionadas con giros millonarios a terceros que no cumplirían requisitos legales ni contractuales. El documento señala posibles hechos de favorecimiento indebido, incumplimiento de normas técnicas y un eventual detrimento patrimonial en el uso de dineros de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que prende alertas sobre la transparencia en la administración de la entidad. Los hechos se dieron durante la administración de la suspendida Agente Interventora, Betty Cecilia Anaya Nieto.
El caso más delicado expuesto corresponde a un giro por $1.222 millones a la Fundación Cuerpo en Movimiento (FUCEM), realizado el 28 de enero de 2026, pese a que —según la denuncia— esta IPS no se encontraba habilitada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) ni tendría contratos publicados en SECOP II. De confirmarse, este hecho podría constituir una violación a las normas que prohíben transferir recursos públicos de salud a prestadores no habilitados, comprometiendo la legalidad del pago y la garantía de calidad en la prestación de servicios .
Adicionalmente, se cuestiona el manejo contractual con la empresa CURE LATAM SAS, a la cual CAPRESOCA habría girado $794 millones en enero, equivalente al 40% del valor total de un contrato anual de $2.000 millones. La denuncia advierte que estos pagos se habrían realizado sin evidencia de facturación previa, pese a que el contrato establece desembolsos condicionados a cuentas radicadas y auditadas. Este punto sugiere posibles fallas en los controles internos y en el cumplimiento de las cláusulas contractuales, así como riesgos de pagos anticipados injustificados .
El documento también señala inconsistencias en los reportes financieros, como el uso de numeraciones de factura no verificables ante la DIAN, lo que podría afectar la trazabilidad de los recursos. En conjunto, los hechos descritos reflejan presuntas debilidades estructurales en la gestión de la EPS, actualmente bajo intervención de la Superintendencia de Salud, y motivan el llamado a investigaciones fiscales, disciplinarias y administrativas para establecer responsabilidades y determinar si existió daño al erario .
CASANARE
Estrategia de autoconstrucción de Zorro llegó a Monterrey con la construcción de un box culvert
El gobernador César Ortiz Zorro impulsa en el municipio de Monterrey la construcción de un box culvert en el sector del Caño Grande, vereda Bellavista, sector Las Víctimas, una obra que avanza mediante el modelo de autoconstrucción con participación activa de la comunidad.
En este punto, se desarrolla una conexión que fortalecerá la movilidad y la agroindustria de la zona, consolidando esfuerzos conjuntos para mejorar la infraestructura rural del municipio.
El proyecto cuenta con el trabajo articulado de la comunidad, concejales del municipio y el Gobierno departamental, que ha aportado 16 tubos de 36 pulgadas y maquinaria para su ejecución.
Durante una visita técnica, el secretario de Infraestructura de Casanare, Álvaro Rivera, verificó los avances de la obra, la cual busca mejorar la conectividad rural y fortalecer la dinámica agroproductiva de este importante sector.
Esta intervención registra avances significativos y se consolida como un ejemplo del modelo de autoconstrucción promovido por el Gobierno de las Oportunidades, que permite la articulación efectiva entre comunidad, autoridades locales y Gobierno departamental para sacar adelante soluciones en el territorio.
Tres personas señaladas de integrar una estructura criminal dedicada al sicariato fueron capturadas en el municipio de Villanueva, en medio de un operativo adelantado por las autoridades. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían vinculados a varios homicidios y pretendían consolidar el control de la venta de estupefacientes en la zona, atentando contra quienes se oponían a sus actividades ilícitas.
El procedimiento incluyó dos diligencias de allanamiento y registro que permitieron hacer efectivas dos capturas por orden judicial por los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Entre los detenidos se encuentra un hombre conocido con el alias de “TATU”, quien presenta antecedentes por homicidio, receptación y hurto calificado. El segundo capturado registra anotaciones por homicidio, porte ilegal de armas y al menos cinco casos relacionados con tráfico de estupefacientes.
En el desarrollo del operativo también fue capturada en flagrancia una mujer, a quien se le atribuyen los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Durante las acciones, las autoridades incautaron dos revólveres, munición de diferentes calibres, dosis de base de coca y marihuana, así como elementos utilizados para la dosificación de sustancias ilícitas. Los dos hombres fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que la mujer quedó en libertad, pero vinculada al proceso.
Según el coronel Pablo Javier Galindo Valencia, con estas capturas se busca avanzar en el esclarecimiento de al menos cuatro homicidios registrados en Villanueva en lo corrido de 2026. En conjunto, los detenidos suman 11 registros como indiciados por delitos relacionados con homicidio, narcotráfico, porte ilegal de armas, hurto agravado y receptación.
