CASANARE
Supersalud extendió por un año vigilancia sobre Capresoca
La Superintendencia Nacional de Salud extendió hasta el 27 de junio de 2023 la medida de vigilancia especial que rige sobre la EPS Capresoca y le ordenó cumplir en este periodo 17 acciones que permitan restablecer las condiciones financieras y de solvencia y garantizar la atención oportuna a su población asegurada.
La EPS cuenta con 174.900 afiliados, de los cuales 158.755 pertenecen al régimen subsidiado y 16.145 al contributivo, distribuidos principalmente en los 19 municipios del departamento de Casanare.
De acuerdo con la evaluación realizada por la Supersalud a los indicadores administrativo, financiero, jurídico y técnico-científico, Capresoca aún no ha logrado superar los hallazgos que dieron origen a la medida preventiva en 2016, generando un riesgo en la prestación de servicios y, a su vez, comprometiendo el principio de empresa en marcha.
En este sentido, las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) formuladas por los usuarios registran un aumento desde 2018, siendo la restricción en el acceso a los servicios de salud la barrera predominante en la atención integral de los usuarios.
Los principales motivos específicos de reclamaciones entre los meses de enero a noviembre de 2021 fueron la falta de oportunidad en la asignación de citas de consulta médica especializada, la demora de la autorización de hospitalizaciones y la restricción en la libre escogencia de EPS.
Entre la atención de patologías de alto costo, el cáncer constituye la mayor causa de quejas, siendo el motivo más frecuente la falta de acceso a los servicios deficiencias en la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud.
Adicionalmente, La EPS presenta deficiencias en la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud relacionadas con los bajos resultados de enfermedades cardiovasculares como diabetes e hipertensión.
El concepto de la Supersalud también evidenció que la EPS no garantizó la cobertura de red de prestación de servicios de baja, mediana y alta complejidad en la totalidad de municipios donde tiene afiliados, en los últimos tres trimestres de 2021 y el primer trimestre de 2022, con una cobertura para el último periodo por debajo del 75%.
Indicadores por mejorar
Sobre la situación financiera de la EPS, se alerta que algunos indicadores “confirman que la EPS carece de liquidez para cubrir oportunamente el pago de sus obligaciones; siendo pertinente enfatizar que, según el comportamiento de las exigibilidades, el 63% de estas ($113.321 millones) registran morosidad superior a 180 días”, indica la resolución 4278-6, por medio de la cual se prorroga un año la vigilancia especial de la Superintendencia.
De igual manera la Supersalud evidenció deficiencias en la contratación de la EPS y en el proceso de auditoría y seguimiento de los procesos, así como el incumplimiento de los indicadores de capital mínimo y patrimonio adecuado.
Precisamente la EPS presenta un patrimonio negativo de $141.014 millones; siendo la causa principal de ese detrimento las pérdidas recurrentes.
Durante el año 2021 Capresoca fue notificada de 242 tutelas por conceptos relacionados con servicios de salud, y la Superintendencia Nacional de Salud le ha impuesto cuatro sanciones por 1.310 millones de pesos. La EPS tiene en curso seis investigaciones y siete investigaciones contra su representante legal.
Por último, durante la prórroga de la medida de vigilancia, la EPS deberá identificar los mecanismos y estrategias en las que aborde la totalidad de las líneas de acción que le permitan restablecer su situación y operar en condiciones óptimas dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Fuente: Supersalud
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
Lea también: En lamentable hecho de intolerancia joven asfixió a su mamá en Yopal
Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
