CASANARE
Supersalud extendió por un año vigilancia sobre Capresoca
La Superintendencia Nacional de Salud extendió hasta el 27 de junio de 2023 la medida de vigilancia especial que rige sobre la EPS Capresoca y le ordenó cumplir en este periodo 17 acciones que permitan restablecer las condiciones financieras y de solvencia y garantizar la atención oportuna a su población asegurada.
La EPS cuenta con 174.900 afiliados, de los cuales 158.755 pertenecen al régimen subsidiado y 16.145 al contributivo, distribuidos principalmente en los 19 municipios del departamento de Casanare.
De acuerdo con la evaluación realizada por la Supersalud a los indicadores administrativo, financiero, jurídico y técnico-científico, Capresoca aún no ha logrado superar los hallazgos que dieron origen a la medida preventiva en 2016, generando un riesgo en la prestación de servicios y, a su vez, comprometiendo el principio de empresa en marcha.
En este sentido, las peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) formuladas por los usuarios registran un aumento desde 2018, siendo la restricción en el acceso a los servicios de salud la barrera predominante en la atención integral de los usuarios.
Los principales motivos específicos de reclamaciones entre los meses de enero a noviembre de 2021 fueron la falta de oportunidad en la asignación de citas de consulta médica especializada, la demora de la autorización de hospitalizaciones y la restricción en la libre escogencia de EPS.
Entre la atención de patologías de alto costo, el cáncer constituye la mayor causa de quejas, siendo el motivo más frecuente la falta de acceso a los servicios deficiencias en la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud.
Adicionalmente, La EPS presenta deficiencias en la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud relacionadas con los bajos resultados de enfermedades cardiovasculares como diabetes e hipertensión.
El concepto de la Supersalud también evidenció que la EPS no garantizó la cobertura de red de prestación de servicios de baja, mediana y alta complejidad en la totalidad de municipios donde tiene afiliados, en los últimos tres trimestres de 2021 y el primer trimestre de 2022, con una cobertura para el último periodo por debajo del 75%.
Indicadores por mejorar
Sobre la situación financiera de la EPS, se alerta que algunos indicadores “confirman que la EPS carece de liquidez para cubrir oportunamente el pago de sus obligaciones; siendo pertinente enfatizar que, según el comportamiento de las exigibilidades, el 63% de estas ($113.321 millones) registran morosidad superior a 180 días”, indica la resolución 4278-6, por medio de la cual se prorroga un año la vigilancia especial de la Superintendencia.
De igual manera la Supersalud evidenció deficiencias en la contratación de la EPS y en el proceso de auditoría y seguimiento de los procesos, así como el incumplimiento de los indicadores de capital mínimo y patrimonio adecuado.
Precisamente la EPS presenta un patrimonio negativo de $141.014 millones; siendo la causa principal de ese detrimento las pérdidas recurrentes.
Durante el año 2021 Capresoca fue notificada de 242 tutelas por conceptos relacionados con servicios de salud, y la Superintendencia Nacional de Salud le ha impuesto cuatro sanciones por 1.310 millones de pesos. La EPS tiene en curso seis investigaciones y siete investigaciones contra su representante legal.
Por último, durante la prórroga de la medida de vigilancia, la EPS deberá identificar los mecanismos y estrategias en las que aborde la totalidad de las líneas de acción que le permitan restablecer su situación y operar en condiciones óptimas dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Fuente: Supersalud
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos, denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima, quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoció que la mujer fue citada en la mañana del sábado hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial. De igual manera denunció persistente amenazas, seguimientos, perfilamientos, estigmatización, judiciliazación, desplazamiento y asesinato de líderes/as sociales, dirigentes comunales, empresarios y campesinos.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
