META
Subestructura 39 de las disidencias de las Farc fue desarticulada en Mapiripán
Autoridades desarrollaron un operativo en la vereda Unibrisas de Mapiripán, donde fue desarticulada la comisión de finanzas de la subestructura 39, de las disidencias de las Farc, con la captura de quien sería su principal cabecilla, el sujeto conocido con el alias ‘Perú’ o ‘Steyler’.
En la operación también se registró la captura por orden judicial y en flagrancia de tres sujetos, entre ellos el presunto cabecilla principal de la comisión armada de la estructura 39, alias ‘Charly’; también la recuperación de un menor de edad, quien fue colocado a disposición de las entidades competentes para el restablecimiento de sus derechos.
Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 113, con el fin de adelantar su proceso de judicialización quienes son señalados de los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, homicidio y secuestro.
Durante la operación, se logró incautar siete pistolas, más de 150 municiones para pistola y 29 para arma larga. Así mismo, se halló material explosivo, entre los que se encontraban casi un centenar de detonadores ineléctricos, ocho rollos de cordón detonante, 26 cargas huecas, una cantidad importante de una sustancia que al parecer podría ser ANFO, pentolita y una granada de fragmentación.
Adicionalmente, se incautó en el lugar de los hechos, material de intendencia, una alta suma de dinero en efectivo, celulares, cuatro talonarios que estarían usando como recibos alusivos a la subestructura 39, un sello referente a esta misma organización criminal y documentos de interés para los organismos de seguridad del Estado.
Prontuario criminal de los capturados
Los dos cabecillas capturados (‘Perú’ o ‘Steyler’ y ‘Charly’) son señalados de acciones delictivas en el área sur del departamento del Meta.
Alias ‘Perú’ o ‘Steyler’ sería el cabecilla de comisión de finanzas y tendría injerencia criminal afectando la seguridad y la tranquilidad de los habitantes de los municipios de Mapiripán y Puerto Gaitán.
Alias ‘Charly’, según las autoridades, perteneció a la subestructura 10 donde se caracterizó por su beligerancia contra la Fuerza Pública.
Así mismo, posee una orden de captura por la fiscalía 10 EDA de Arauca por los delitos de homicidio y extorsión, donde había logrado intimidar a moradores de la región y para evadir la acción de la justicia se trasladó al departamento del Meta, donde habría llegado como cabecilla de comisión y habría continuado direccionando acciones armadas contra la población civil y el gremio empresarial.
Fuente: Séptima Brigada, Ejército Nacional
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
