CASANARE
Socios particulares de Unitrópico no han entregado anuencia para que sea Universidad Pública
La secretaria de Educación del departamento, Elizabeth Ojeda, sentó esta posición ante el actual debate por la anuencia que deben entregar los socios particulares de Unitrópico, para que dicho claustro de educación superior adquiera el carácter de entidad oficial.
La funcionaria subrayó que si la sala general de miembros de la entidad educativa no entrega la referida anuencia, Casanare no podría tener universidad pública.
Agregó que, dicho documento es uno de los requisitos que exige el Ministerio de Educación Nacional para continuar con el proceso de transformación de Unitrópico en una institución de carácter público.
La funcionaria se mostró optimista frente al desenlace que pueda tener esta situación, y recordó que este tema obedece a un compromiso que se hizo a través de acta, en el 2016.
En cuanto a la demora en el cumplimiento de dicho requisito por parte de los socios particulares, expresó que varios han sido los factores que han influido en los constantes aplazamientos.
“En primer lugar, porque entró en vigencia el tema de la cuarentena y la sala general no se reunió. Posteriormente, se convocó a una reunión extraordinaria, pero tampoco fue posible llegar a una concertación porque los miembros de la sala argumentaron que no conocían el estudio de factibilidad adelantado por Unitrópico”, enfatizó la titular del despacho de Educación.
Agregó que, el siguiente paso fue socializarles el citado documento. Una vez lo conocieron le hicieron algunas observaciones y ese es el estado actual de avance, en el tema de la anuencia.
Hizo énfasis en que la Gobernación de Casanare desde hace varios años viene trabajando y apoyando el proceso de transformación de Unitrópico. También reiteró que confía que la sala general ratifique el compromiso de hace 4 años, para poder avanzar en el sueño de tener en el departamento universidad pública.
Fuente: Comunicaciones Gobernación de Casanare
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
