META
Sobrevivientes de la masacre de Mapiripán fueron compensados economicamente
Después de 20 años y de huir de la violencia paramilitar, Nicanor Casas, su esposa Doralba Buitrago y sus dos hijos, cumplirán el sueño de volver a tener un techo propio, gracias a la labor realizada por Unidad de Restitución de Tierras.
En el año 1995, Nicanor y su familia adquirieron un predio de 216 m2 ubicado en el casco urbano de Mapiripán, Meta, donde se establecieron para dedicarse al comercio de ropa y a la venta de gasolina. La propiedad contaba con una casa de madera y árboles de limón, naranja y guayaba sembrados por la familia, además de una cerca que permitía cuidar el predio y recoger la cosecha.
“Éramos felices porque gracias a Dios no nos faltaba nada, hasta que en el año 1997 padecimos el peor momento de nuestras vidas, cuando un grupo de paramilitares irrumpió en el municipio y cometieron una serie de crímenes en contra de la población civil. Esto ocurrió entre el 15 y el 20 de julio, los violentos impidieron la libre circulación a los habitantes y asesinaron cruelmente a 49 personas. Esta masacre nos obligó a desplazarnos hacia Villavicencio”, narró una de las víctimas.
Tras la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, Nicanor y su familia acudieron a la Unidad de Restitución de Tierras (URT), entidad que se encargó de ejercer su representación judicial. En fallo proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, se ordenó al Fondo de la Unidad, el reconocimiento de una compensación por equivalencia económica de un predio -rural o urbano- o una compensación en dinero.
Wilson Leyton, director de la URT en Meta dijo que “esta familia víctima del desplazamiento forzado por cuenta del horror que vivió el municipio de Mapiripán, fue compensada por equivalencia económica, por lo cual, en cumplimiento de la sentencia, le hicimos entrega de los recursos que utilizarán en la compra de una nueva propiedad en el municipio que deseen, y además podrán acceder a la reparación integral por parte del Estado”, puntualizó.
Estos fallos de la justicia, que son el resultado de la gestión previa de la entidad, reiteran el compromiso del Gobierno con la genuina reparación de las víctimas, y envía un mensaje de cumplimiento a las víctimas que buscan la restitución de las tierras que perdieron por la violencia.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
