En Yopal, un comerciante denunció haber sido víctima de una sofisticada modalidad de estafa digital que estaría afectando a varios establecimientos comerciales. Se trata de un grupo de aproximadamente 15 jóvenes, entre ellos varios estudiantes universitarios, quienes utilizan aplicaciones clonadas conocidas como “Nequi Glitch” o “Nequi Daisy” para simular pagos que nunca se hacen efectivos, generando pérdidas económicas a negocios locales.

El caso fue revelado por Mateo Tarquino, propietario del club deportivo “Taco de Oro”, quien aseguró que en tan solo una semana su establecimiento fue defraudado por una suma cercana a los $2 millones de pesos. La irregularidad fue detectada tras un arqueo de caja y revisión de inventarios que no coincidían con los ingresos registrados, lo que llevó a identificar múltiples comprobantes falsificados.

¿Cómo estafan a los comerciantes?

Según la denuncia, el modus operandi consiste en mostrar en tiempo real un supuesto pago desde una aplicación fraudulenta que replica con precisión los comprobantes originales, incluyendo datos como número de teléfono y nombre del destinatario. Esto engaña al personal del establecimiento, que valida visualmente la transacción sin verificar el ingreso real del dinero.

El comerciante advirtió que los presuntos responsables ya han sido identificados mediante cámaras de seguridad y no descartó acciones legales ante la Fiscalía. Asimismo, hizo un llamado a los comerciantes a verificar directamente en la aplicación oficial los pagos recibidos o utilizar herramientas de validación como el escaneo de códigos QR, con el fin de evitar este tipo de fraudes.

El proceso se originó en noviembre de 2021, cuando el Concejo Municipal de Aguazul promovió una moción de censura contra Cateryne Porras Martínez, entonces secretaria de Gobierno, tras un control político sobre la gestión de su despacho. En su momento, Porras presentó impedimentos y recusaciones contra nueve de los trece concejales, alegando que el trámite vulneró garantías procesales y el reglamento interno del Concejo.

El fallo, de primera instancia, concluye que el proceso adelantado por el Concejo Municipal estuvo marcado por irregularidades que vulneraron garantías fundamentales, especialmente el debido proceso y el derecho a la defensa de la funcionaria.

Según la sentencia, la funcionaria tuvo menos de cinco días para responder el cuestionario exigido por ley; a pesar de ello, nueve concejales promovieron una moción de censura que posteriormente fue aprobada, lo que derivó en su retiro del cargo mediante decreto municipal.

El elemento determinante del fallo fue el alegato de Porras Martínez contra varios concejales sobre posibles conflictos de interés, las que debían ser resueltas por la Procuraduría; pero ocurrió lo contrario, el Concejo:

• Asumió una competencia que no le correspondía, resolviendo directamente la recusación.
• Permitió que concejales recusados participaran en decisiones sobre su propio caso.
• Tomó decisiones a través de instancias internas sin facultad legal para ello.

Finalmente, la sentencia ordena remitir copias del expediente a la Procuraduría para que evalúe si procede la investigación disciplinaria contra los concejales que participaron en esta decisión irregular.

Una defensa que terminó respaldada por la justicia

El caso de Cateryne Porras se convierte en un precedente relevante para la política regional y el uso de la figura de moción de censura, que, si bien es una herramienta legítima como parte del control político, no puede ejercerse por fuera de la ley, ni sacrificando garantías fundamentales.

Con este fallo la justicia reconoce que la actuación de la funcionaria no fue evaluada bajo condiciones justas, y que su salida del cargo estuvo basada en un procedimiento viciado.

Más allá del resultado individual, la sentencia envía un mensaje a los integrantes de las corporaciones: deben actuar con rigor jurídico, especialmente cuando sus decisiones afectan derechos fundamentales de los ciudadanos, más allá de su rol como funcionarios.