CASANARE
SENA y Gobernación de Casanare impulsan inclusión con formación en lengua de señas para funcionarios públicos
En un acto protocolario realizado en la Gobernación de Casanare, se llevó a cabo la firma de un convenio entre el SENA Regional y el Gobierno Departamental, con el objetivo de fortalecer la accesibilidad y atención inclusiva para personas con discapacidad auditiva en la región.
El convenio fue suscrito por la Directora del SENA Casanare, Johana Medina, y el Secretario de Gobierno Departamental, Julio Ramos, en el marco de la IV sesión del Comité del Mecanismo Articulador para el Abordaje Integral de la Violencia por Razones de Sexo y Género contra Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes. Este acuerdo tiene como propósito central ofrecer formación en lengua de señas colombiana a los funcionarios públicos del departamento.
Este paso decisivo busca dotar a las instituciones públicas de herramientas para una comunicación más efectiva y accesible, garantizando que la atención a las personas con discapacidad auditiva sea de calidad y esté a la altura de los desafíos de una sociedad inclusiva.
“Es una satisfacción para nosotros contribuir desde nuestra misión institucional a la reducción de estas barreras. Este convenio refleja nuestro compromiso con una atención más inclusiva y equitativa para la comunidad con discapacidad auditiva.” manifestó Johana Medina directora del SENA Casanare quien resaltó la importancia de esta alianza
Por su parte, Julio Ramos destacó la relevancia del convenio como parte del compromiso del gobierno departamental con la inclusión y el respeto por la diversidad en Casanare.
Este convenio se perfila como una estrategia clave para mejorar la atención y servicios que se ofrecen a la comunidad, asegurando que todos los ciudadanos, sin importar sus condiciones, puedan acceder a una atención digna y de calidad en las entidades públicas del departamento.
Fuente: SENA Casanare
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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