CASANARE
Sector arrocero enfrenta dificultades y urge respuestas del Ministerio de Comercio Exterior
El gerente general de Fedearroz Rafael Hernández Lozano, urgió del gobierno nacional respuesta a las peticiones que de tiempo atrás ha hecho el gremio, para mejorar las condiciones de comercialización del arroz en Colombia, seriamente afectadas en los últimas semanas por el descenso en los precios de compra del arroz paddy verde en varias regiones del país.
Si bien esta situación se precipitó ante la publicación hecha por un grupo de agricultores de cifras equivocadas en los inventarios de arroz de que dispone el país, en relación con lo cual se reitera que no son de 2 millones de toneladas, sino un millón cien mil toneladas de paddy seco, esto se suma al clima de confusión por la falta de respuestas del Ministerio de Comercio Exterior, tanto a las peticiones elevadas directamente por Fedearroz, como a través de la SAC, desde hace más de un año.
El gerente general de Fedearroz recordó que mucho antes del XXXVII Congreso Nacional Arrocero realizado en diciembre de 2019 en Bogotá, la agremiación ha demostrado en diversas oportunidades lo perjudicial e inequitativo que es para la agricultura colombiana el Acuerdo de la Comunidad Andina CAN, solicitando su revisión.
Precisamente en dicho Congreso, el Presidente de la República Iván Duque Márquez, atendiendo tales llamados, hizo público su compromiso de someter a revisión el acuerdo, luego de asumir la presidencia Pro tempore de la CAN que ocurrió en junio pasado.
Por solicitud del Presidente Duque en el Congreso Arrocero, Fedearroz, la SAC y otros gremios agropecuarios, elaboraron un documento que fue remitido al gobierno en noviembre pasado como propuesta para iniciar la actuación ante la CAN, con la explicación de las modificaciones que debe tener el acuerdo, a fin de que no siga afectando cadenas productivas como arroz, azúcar y palma.
El documento es lo suficientemente claro en el sentido de solicitar que se disminuyan las inequidades que genera un acuerdo como el de la CAN, firmado hace más de 50 años en condiciones históricas muy diferentes a las actuales, lo cual coincide con lo expresado por el primer mandatario cuando se comprometió con su revisión ante el Congreso Nacional de Fedearroz, dijo el Gerente General del gremio.
El dirigente consideró muy preocupante y altamente perjudicial que no haya acciones contundentes al respecto del Ministerio de Comercio Exterior, organismo a quien le corresponde impulsarlas. A juicio de Fedearroz, esa omisión complica aún más las cosas en el sector arrocero, en medio del clima de preocupación que produjo la publicación de cifras de inventarios muy por encima de las reales.
Por ello, resulta apremiante que actuando en concordancia no solo con los compromisos del Presidente Duque, sino con la importancia que a nivel mundial se reconoce del sector agrícola ante los devastadores efectos de la pandemia, el ministerio de Comercio Exterior tome cartas en el asunto y evite que su silencio cree más incertidumbre en el sector así como grandes pérdidas por el derrumbe de los precios, hecho que además anula los esfuerzos del ministerio de Agricultura realizados el año anterior para la estabilidad del mercado.
Al tiempo que se exige emprender de inmediato la tarea que lleve a la revisión del acuerdo de la CAN, aprovechando la presidencia pro-témpore de este organismo por parte de Colombia, se solicita suspender las importaciones de arroz de Ecuador y de Perú, aplicando la salvaguardia que para tal efecto existe.
En términos generales los enormes desafíos que a nivel mundial ha impuesto el Covid-19, hacen que actuando con lógica y sensatez, la protección de sectores productores de alimentos y la adopción de medidas claras y efectivas de defensa comercial deben ser una prioridad de los gobiernos, más en coyunturas como la actual, razón por la cual lo que debe prevalecer son las alianzas que lleven a su defensa, porque se trata con esto de preservar la soberanía y seguridad alimentaria del país, ha sostenido el gerente general de Fedearroz.
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Fuente: Fedearroz
CASANARE
Gobernador y ministro de Salud inspeccionan obras del hospital de Maní y exigen acelerar trabajos
El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, realizaron una visita al municipio de Maní para verificar el avance en la construcción del hospital de primer nivel, una obra largamente esperada por la comunidad y respaldada por el Gobierno nacional, con una inversión cercana a los 20.500 millones de pesos.
Durante el recorrido, las autoridades constataron que el proyecto registra actualmente un avance del 13 % en su ejecución. Frente a este panorama, el ministro Jaramillo hizo un llamado directo al contratista para que incremente el ritmo de trabajo y garantice una mayor eficiencia en el desarrollo de la obra, con el fin de cumplir los tiempos establecidos y responder a las expectativas de la población.
Por su parte, la gerente de Red Salud Casanare, Lady Patricia Bohórquez, explicó que, aunque el porcentaje de avance aún es bajo, el proyecto se encuentra dentro del cronograma previsto. Señaló además que ya se superó la etapa de cimentación, considerada la más compleja y demorada del proceso constructivo.
Bohórquez reiteró que, de mantenerse el cumplimiento del cronograma, el nuevo hospital de baja complejidad estaría listo para entrar en funcionamiento en el mes de julio, fortaleciendo la atención en salud del municipio de Maní y mejorando el acceso oportuno a servicios médicos básicos para sus habitantes.
Tras la visita a Casanare del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y de la directora del DNP, Natalia Molina, se ratificó la asignación de los recursos para la construcción de la nueva torre de alta complejidad del Hospital Regional de la Orinoquia (HORO), una gestión liderada por el gobernador César Ortiz Zorro que hace realidad uno de los proyectos más esperados del departamento.
La financiación aprobada asciende a 106 mil millones de pesos, de los cuales 46.700 millones provienen del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y 60.000 millones del Ministerio de Salud. Estos recursos permitirán avanzar en una obra concebida para atender una de las problemáticas más graves del sistema de salud en Casanare, las constantes remisiones de pacientes hacia ciudades como Bogotá, Tunja o Villavicencio, muchas veces con desenlaces fatales por la espera o por la distancia.
El gobernador agradeció al ministro, al presidente y al personal que participó en la estructuración del proyecto, y señaló que se cumple una promesa hecha todos los casanareños, especialmente a las familias obligadas a desplazarse fuera del departamento para acceder a atención especializada.
De igual manera, Zorro afirmó que este proyecto representa el día más feliz de su vida y recordó que solo el año pasado se registraron 9.000 remisiones de pacientes hacia otras zonas del país, una situación que calificó como una tragedia para Casanare. Según explicó, con la nueva torre ese panorama va a cambiar, ya que permitirá prestar más de 23 especialidades médicas y quirúrgicas sin que los pacientes tengan que salir del departamento.
El costo total de la infraestructura es de 225 mil millones de pesos, de los cuales el Gobierno nacional aporta 106 mil millones y la Gobernación de Casanare asumirá el valor restante. La nueva torre ofrecerá servicios como anestesiología, cardiología general y pediátrica, cirugía general, pediátrica, de mama, de tejidos blandos, gastrointestinal, plástica y oncológica, además de oncología, cirugía maxilofacial, neonatología, neurocirugía, dermatología, gastroenterología, ginecoobstetricia, medicina interna, nefrología, neurología, nutrición y dietética, ortopedia, otorrinolaringología, urología, psicología y hematología, entre otros.
Además, el gobernador indicó que este proyecto abre la puerta a la creación de una cátedra de medicina en el departamento, con el fin de que los jóvenes puedan formarse como médicos sin salir de Casanare, un proceso que ya se viene trabajando con la Universidad Nacional y la UPTC.
Durante años, la salud mental en Yopal fue un tema relegado al silencio y atendido, en la mayoría de los casos, desde lo privado, con grandes limitaciones para las familias más vulnerables. Hoy, esa deuda histórica empieza a saldarse: el municipio contará con el hospital público de salud mental de la Orinoquía, una infraestructura pensada para cuidar la vida, prevenir tragedias y brindar atención digna y oportuna. Esta decisión se consolida bajo la administración del alcalde Marco Tulio Ruiz, como una respuesta institucional a una de las problemáticas sociales más sensibles del territorio.
Desde esta apuesta pública, la salud mental adquiere un lugar prioritario dentro del municipio, reconociendo que existen dolores que no se curan con medicamentos, pero sí con una adecuada intervención de profesionales especializados, acompañamiento oportuno y espacios diseñados para una atención integral. Con este proyecto, Yopal se posiciona a la vanguardia de ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga, al convertirse en sede del hospital público de salud mental de la Orinoquía colombiana.
La viabilidad de esta iniciativa, que contempla una inversión cercana a los 25.000 millones de pesos, fue posible gracias al trabajo articulado del alcalde Marco Tulio Ruiz, el apoyo de la senadora Sonia Bernal y el respaldo del ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. El proyecto fue estructurado por profesionales de la ESE Salud Yopal y de diferentes dependencias de la alcaldía, logrando su aprobación en un tiempo récord de ocho meses.
¿Qué tendrá el nuevo hospital?
El nuevo hospital contará con áreas de urgencias, hospitalización, laboratorio, farmacia y apoyos terapéuticos, convirtiéndose en una alternativa pública y accesible para las familias que hoy no cuentan con los recursos suficientes para asumir los costos de una atención privada o que deben desplazarse a otras regiones del país. Además del hospital de salud mental, el Ministerio de Salud también respaldó recursos para fortalecer la atención primaria en el territorio, mediante la remodelación del PAPS de Quebradaseca y de los CAPS de El Morro y La Chaparrera, ampliando así la capacidad de atención y prevención en salud para comunidades rurales y urbanas.
En materia de talento humano, cerca de 300 profesionales entre enfermeras, psicólogos, psiquiatras, neurólogos y médicos familiaristas serán capacitados para implementar el modelo de atención requerido en salud mental. A esto se suma la formación de 750 gestores comunitarios, quienes desde el territorio permitirán identificar de manera temprana a las personas que requieren acompañamiento profesional. Las cifras evidencian la urgencia de esta intervención: en el año 2024 se registraron 9 suicidios en Yopal y en 2025 la cifra ascendió a 8 casos. En el departamento de Casanare, 331 personas atentaron contra su vida, una realidad que exige respuestas inmediatas desde lo público y que hoy empieza a ser atendida con acciones concretas.
