CASANARE
Sector arrocero enfrenta dificultades y urge respuestas del Ministerio de Comercio Exterior
El gerente general de Fedearroz Rafael Hernández Lozano, urgió del gobierno nacional respuesta a las peticiones que de tiempo atrás ha hecho el gremio, para mejorar las condiciones de comercialización del arroz en Colombia, seriamente afectadas en los últimas semanas por el descenso en los precios de compra del arroz paddy verde en varias regiones del país.
Si bien esta situación se precipitó ante la publicación hecha por un grupo de agricultores de cifras equivocadas en los inventarios de arroz de que dispone el país, en relación con lo cual se reitera que no son de 2 millones de toneladas, sino un millón cien mil toneladas de paddy seco, esto se suma al clima de confusión por la falta de respuestas del Ministerio de Comercio Exterior, tanto a las peticiones elevadas directamente por Fedearroz, como a través de la SAC, desde hace más de un año.
El gerente general de Fedearroz recordó que mucho antes del XXXVII Congreso Nacional Arrocero realizado en diciembre de 2019 en Bogotá, la agremiación ha demostrado en diversas oportunidades lo perjudicial e inequitativo que es para la agricultura colombiana el Acuerdo de la Comunidad Andina CAN, solicitando su revisión.
Precisamente en dicho Congreso, el Presidente de la República Iván Duque Márquez, atendiendo tales llamados, hizo público su compromiso de someter a revisión el acuerdo, luego de asumir la presidencia Pro tempore de la CAN que ocurrió en junio pasado.
Por solicitud del Presidente Duque en el Congreso Arrocero, Fedearroz, la SAC y otros gremios agropecuarios, elaboraron un documento que fue remitido al gobierno en noviembre pasado como propuesta para iniciar la actuación ante la CAN, con la explicación de las modificaciones que debe tener el acuerdo, a fin de que no siga afectando cadenas productivas como arroz, azúcar y palma.
El documento es lo suficientemente claro en el sentido de solicitar que se disminuyan las inequidades que genera un acuerdo como el de la CAN, firmado hace más de 50 años en condiciones históricas muy diferentes a las actuales, lo cual coincide con lo expresado por el primer mandatario cuando se comprometió con su revisión ante el Congreso Nacional de Fedearroz, dijo el Gerente General del gremio.
El dirigente consideró muy preocupante y altamente perjudicial que no haya acciones contundentes al respecto del Ministerio de Comercio Exterior, organismo a quien le corresponde impulsarlas. A juicio de Fedearroz, esa omisión complica aún más las cosas en el sector arrocero, en medio del clima de preocupación que produjo la publicación de cifras de inventarios muy por encima de las reales.
Por ello, resulta apremiante que actuando en concordancia no solo con los compromisos del Presidente Duque, sino con la importancia que a nivel mundial se reconoce del sector agrícola ante los devastadores efectos de la pandemia, el ministerio de Comercio Exterior tome cartas en el asunto y evite que su silencio cree más incertidumbre en el sector así como grandes pérdidas por el derrumbe de los precios, hecho que además anula los esfuerzos del ministerio de Agricultura realizados el año anterior para la estabilidad del mercado.
Al tiempo que se exige emprender de inmediato la tarea que lleve a la revisión del acuerdo de la CAN, aprovechando la presidencia pro-témpore de este organismo por parte de Colombia, se solicita suspender las importaciones de arroz de Ecuador y de Perú, aplicando la salvaguardia que para tal efecto existe.
En términos generales los enormes desafíos que a nivel mundial ha impuesto el Covid-19, hacen que actuando con lógica y sensatez, la protección de sectores productores de alimentos y la adopción de medidas claras y efectivas de defensa comercial deben ser una prioridad de los gobiernos, más en coyunturas como la actual, razón por la cual lo que debe prevalecer son las alianzas que lleven a su defensa, porque se trata con esto de preservar la soberanía y seguridad alimentaria del país, ha sostenido el gerente general de Fedearroz.
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Fuente: Fedearroz
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
