CASANARE
Secretario de Educación aclaró que en tablets se invirtieron $27 mil millones, no $50 mil
En la Asamblea Departamental el Secretario de Educación Departamental, Diego Ardila Plazas, despejó las dudas de los diputados sobre el proyecto ‘Casanare Educa’ que entregó 17.158 de tablets digitales a estudiantes y docentes de 14 municipios del departamento.
Un primer interrogante que quedó resuelto fue el valor de la inversión. El secretario de educación, Diego Fernando Ardila Plazas, explicó que el proyecto tuvo un costo de $27.722.120.550 del Sistema General de Regalías, y no de $50 mil millones de pesos como lo había advertido previamente el diputado Jorge Eduardo García.
Estos datos, basados en la información oficial revelada por el despacho de Educación, dejaron sin validez la nota publicada por un medio de comunicación nacional, que difundió valores errados.
Durante el debate de control político, Ardila Plazas respondió un cuestionario de 60 preguntas, donde más de 34 no son competencia de la Secretaría de Educación.
El Secretario de Educación recalcó que con la iniciativa que generó el debate, se logró pasar de un promedio de una tablet por cada cinco estudiantes a una tasa de un equipo electrónico por cada dos alumnos.
Otro dato destacado por el funcionario fue que la fuente de financiación provino de los recursos de regalías, un mecanismo sujeto a una estricta reglamentación, la cual su dependencia cumplió rigurosamente en todo momento.
Comunidad educativa opinó
Durante la jornada, directivos docentes también compartieron su visión sobre la inversión en tecnología educativa.
Berceli Suárez, rector de la Institución Educativa Fabio Riveros de Villanueva, expresó su descontento con proyectos de administraciones anteriores, señalando que algunos equipos adquiridos en el pasado quedaron en el olvido. “Experimenté los tableros de $50 millones de pesos, sin seguimiento y sin capacitación docente, que hoy están obsoletos”, afirmó.
A su vez, la estudiante Narly Rodríguez resaltó el impacto positivo del programa actual: “Las tablets que llegaron nos han servido muchísimo, nos han facilitado la forma de estudiar, especialmente en matemáticas”, comentó.
Finalmente, el Secretario de Educación reiteró que la entidad mantiene una política de puertas abiertas y que cualquier inquietud de los diputados será atendida con total disposición y transparencia.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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