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REGIÓN

Secretaría de Salud de Boyacá declara Alerta Roja Hospitalaria

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De acuerdo con el comportamiento en la capacidad de respuesta que se ha venido presentado con el aumento de casos positivos, el desabastecimiento de gases medicinales, especialmente oxígeno en el país, y la alta ocupación de los servicios de UCI Adultos, la Secretaría de Salud de Boyacá, declaró alerta hospitalaria pasando de Alerta Naranja a Alerta Roja.

El secretario de Salud de Boyacá, Jairo Mauricio Santoyo Gutiérrez, manifestó que, la hospitalización de UCI adultos, especialmente los días 26 y 27 de abril, alcanzó un porcentaje de 79,67% y 78,35% respectivamente, lo que demuestra que este tercer pico de COVID-19, sigue tomando fuerza en el territorio boyacense, por ello es importante disminuir la presión sobre el Sistema de Salud.

“A la fecha tenemos hospitalizadas 199 personas en cuidados intensivos y de ese número 149 son por causa directa del coronavirus, en tan solo 20 días, el número de personas en las UCI se ha cuadruplicado”, indicó Santoyo.

Agregó que el departamento ha estado trabajando articuladamente con los gerentes de las distintas instituciones de salud, haciendo grandes esfuerzos desde el momento que inició la pandemia, cuadruplicando el número de UCI, hasta el día de ayer estaban habilitadas 241 camas y ahora, en un esfuerzo conjunto con el Hospital Universitario San Rafael, se logró implementar 13 nuevas unidades de cuidados intensivos, para contar con 254 unidades, con el fin de tener mayor capacidad de respuesta.

Hizo un llamado a los prestadores de servicios de salud del Departamento para que prioricen las acciones de su plan de expansión o de reorganización de servicios asistenciales, orientadas a garantizar la disponibilidad del talento humano en salud requerido, así como los equipos biomédicos suficientes, los insumos médicos y medicamentos necesarios.

Así mismo recomendó a los prestadores de servicios de salud de la Red pública y privada, para que al interior de sus instituciones se realice el respectivo análisis y determinen las acciones que deben permanecer activas y las que deben iniciar su proceso de reactivación, de acuerdo con lo descrito en el Plan de Contingencia y en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por cada prestador.

Fuente: Gobernación de Boyacá

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REGIÓN

ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero

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PEAJE SAN LUIS DE GACENO

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.

De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.

La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.

Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.

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REGIÓN

Procuraduría indaga si en Guaviare utilizaron regalías para construir mangas de coleo

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La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.

Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.

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REGIÓN

Investigan al exgobernador de Boyacá Ramiro Barragán por contratar obras con Fondos Mixtos

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La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.

La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.

Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.

Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.

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