Autoridades de salud se encuentran en alerta por los dos casos de presunto suicidio registrados durante el fin de semana en Arauquita, donde un hombre de 37 años y un adolescente de 16 años son las víctimas.

El primer caso se reportó el domingo 10 de noviembre en el resguardo Indígena de El Vigía, donde fue hallado suspendido del cuello un integrante de esta comunidad identificado Juan Quenza.

Un segundo caso se presentó en el centro poblado de La Pesquera, donde el adolescente Juan Camilo Peñaranda, fue hallado sin vida al interior de su vivienda.

Juan Camilo era un destacado batutero de la banda músico marcial de la Institución Educativa de La Pesquera y se desconocen las causas que lo llevaron a tomar la decisión de atentar contra su vida.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

En un vídeo que circula por redes sociales alias “Pescado”, cabecilla de las disidencias de las Farc,  señaló que debido a que el ELN no se acogió al diálogo de paz ofrecido para evitar más muertes, ahora se acabará la tranquilidad de la que gozan.

Las disidencias de las Farc, señalan que irán contra quien apoye o financie al ELN. Aunque el cabecilla guerrillero señala que las acciones se toman para proteger a comunidades inocentes, la situación deja a la población con gran preocupación y en medio del conflicto entre los dos grupos.

En el pronunciamiento del guerrillero pone en máxima alerta a los líderes sociales y comunales de algunos sectores, ya que menciona que estos fueron instruidos por el ELN.

De igual manera las autoridades anunciaron que tomarán más medidas para fortalecer la seguridad en la región, debido a que “Pescado”, mencionó que tiene “objetivos militares” en varios gremios y escenarios que se verán afectados por su presunto apoyo al ELN.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

Ante la alarmante y constante violación de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH) que padece Arauca, la Defensoría del Pueblo les pide a las autoridades locales, departamentales y nacionales tomar medidas contundentes que permitan preservar la vida e integridad de las comunidades afectadas.

De manera particular, la entidad evidencia constantes vulneraciones a causa del accionar de grupos armados ilegales en 14 veredas y tres resguardos indígenas de Tame (pueblos Sikuani-Makaguan y Uwa), en 21 veredas y tres resguardos indígenas de Arauquita (pueblo Hitnü), así como en nueve veredas de Puerto Rondón, donde cada vez se agudiza más el conflicto armado.

La disputa territorial que se vive en el departamento entre el ELN (Frente de Guerra Oriental) y facciones disidentes de las Farc (afines a ‘Iván Mordisco’) vulnera los derechos de las comunidades. Además, ha sido evidenciado un aumento desmesurado de sus acciones desde junio pasado.

Homicidios, riesgos para la comunidad educativa y pérdida de bienes

En Tame, Arauquita y Puerto Rondón son reportados constantemente homicidios selectivos, especialmente contra lideresas y líderes sociales y miembros de juntas de acción comunal. Este año han sido asesinadas 143 personas, de los cuales 18 eran líderes sociales y ocho mujeres. Los más recientes casos fueron los de dos mujeres jóvenes en el corregimiento La Esmeralda, una mujer en el sitio conocido como El Troncal, Arauquita, y el líder social Alveiro Caicedo, quien había sido presidente de ASOJUNTAS de Tame y hacía parte de la Red de Defensores-as de Derechos Humanos de Arauca.

Las amenazas sistemáticas y los riesgos derivados de la confrontación armada han puesto en riesgo permanente a los entornos educativos. Cuando profesores y niñas, niños y adolescentes se han desplazado desde sus casas hasta las escuelas, en algunas ocasiones han quedado en medio de los combates, entonces, no solamente sus vidas han corrido peligro, también sus derechos a educar y a la educación han sido vulnerados.

En los tres municipios obligan a las víctimas, entre las que hay líderes comunales, a abandonar sus bienes y proyectos productivos, financiados vía créditos. En los territorios, las cosechas se están perdiendo y los campesinos han tenido que abandonar sus tierras.

Desplazamientos y confinamientos

El desplazamiento, el secuestro, las amenazas y los hostigamientos se hacen frecuentes en el departamento. La Defensoría del Pueblo ha conocido de al menos 132 familias (412 personas) desplazadas en lo que va del 2024. También existe un subregistro de las familias que han huido, pero por temor no han declarado lo ocurrido. Además, 38 comunidades campesinas e indígenas han sido sometidas a confinamiento, lo que ha comprometido a 2044 familias (unas 6141 personas).

A lo anterior se suma el desplazamiento masivo de por lo menos 50 personas (19 familias) desde la vereda Agua Blanca, del municipio de Tame, hasta el municipio de Sácama, en Casanare, luego de cruentos combates entre los grupos insurgentes, que habrían dejado como saldo la muerte de un número alto de combatientes y la toma de rehenes.

Es imperativo desescalar las acciones violentas

“Tanto el ELN como las disidencias de las Farc deben frenar las acciones armadas en el territorio y mostrar gestos de paz, desescalar su accionar violento y de terror contra la población civil, cumplir con los principios del DIH y respetar los derechos humanos. Las comunidades, particularmente las niñas, los niños, adolescentes y mujeres, no deben quedar en medio de confrontaciones armadas en el territorio”, es el llamado de la Defensora del Pueblo.

Así mismo, considera crucial que las autoridades reconozcan las duras violaciones a los derechos humanos y las infracciones reiteradas al DIH en el departamento de Arauca, “con el propósito esencial de que sean puestas en marcha medidas de prevención, protección y atención a la población”.

La Defensoría del Pueblo mantiene vigentes las recomendaciones hechas en las Alertas Tempranas 023-21, 011-23 y 019-23 y sus respectivos informes de seguimiento, en los que les solicita a las autoridades más presencia institucional y acciones concretas que contribuyan a mitigar el conflicto armado en el departamento.

Fuente: Defensoría del Pueblo