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REGIÓN

Se posesionó el nuevo director de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta y Guaviare

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César Santoyo Santos, nuevo director de la URT Meta y Guaviare es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, investigador y magíster en administración pública de la ESAP y tomó posesión de su cargo ante el director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Giovani Yule.

El profesional tiene amplia experiencia en administración pública y en entidades no gubernamentales. Recientemente, se desempeñó como director ejecutivo del colectivo socio jurídico “Orlando Fals Borda” y ha trabajado por el impulso de políticas públicas, en atención a víctimas del conflicto armado y en la búsqueda de personas desaparecidas.

Santoyo, asume el reto de atender 11.622 solicitudes de restitución de tierras en esta jurisdicción que comprende los departamentos de Meta y Guaviare, al igual que tres municipios de Cundinamarca: Medina, Paratebueno y Ubalá; la URT ha radicado 1.308 demandas ante los jueces de restitución, se han restituido 55.087 hectáreas en cumplimiento de 281 sentencias Y en beneficio de 1.000 personas. Además, ha destinado $2.890 millones en la implementación de proyectos productivos en líneas como ganadería, cereales, tubérculos, cacao y frutales, garantizando así la seguridad alimentaria de las familias restituidas.

En cuanto a ruta étnica, la URT en Meta, trabaja en 20 casos étnicos que tienen como propósito lograr el restablecimiento de los derechos de las comunidades indígenas en Meta y Guaviare. Se destaca como caso emblemático la demanda a favor del pueblo Nukak, mediante la cual se reclaman 954.000 hectáreas ubicadas en San José y El Retorno.

Entre las funciones del director César Santoyo, en Meta y Guaviare, se encuentran: ejecutar estrategias de intervención, participación y actuación de la entidad en los procesos administrativos de registro y judiciales de restitución; velar por el funcionamiento del registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, realizar el seguimiento a los casos judiciales de devolución de predios y formalización; además de dar cumplimiento a los fallos emitidos por los jueces y magistrados especializados en el ramo, así como desarrollar los procesos para recuperar derechos sobre territorios a grupos étnicos.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras

REGIÓN

ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero

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PEAJE SAN LUIS DE GACENO

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.

De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.

La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.

Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.

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REGIÓN

Procuraduría indaga si en Guaviare utilizaron regalías para construir mangas de coleo

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La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.

Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.

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REGIÓN

Investigan al exgobernador de Boyacá Ramiro Barragán por contratar obras con Fondos Mixtos

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La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.

La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.

Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.

Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.

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