CASANARE
Se posesionaron nuevos corregidores de El Morro, Mata de Limón, Morichal, Quebradaseca y El Taladro
Designados para un período legal de 4 años, los corregidores de El Morro, Mata de Limón, Morichal, Quebradaseca y El Taladro, desempeñarán un papel fundamental en el fortalecimiento de la administración municipal y la promoción del bienestar de sus comunidades.
Fueron oficialmente posesionados por el alcalde, Marco Tulio Ruíz Riaño, quien les encomendó responsabilidades clave como la diligencia de actuaciones administrativas, el fomento de la participación ciudadana, el cumplimiento de las normas legales y el apoyo a los habitantes de sus respectivas localidades.
Durante la posesión, el alcalde transmitió a los corregidores la importancia de su rol como representantes directos del mandatario en los territorios rurales del municipio. Destacó la necesidad de contar con profesionales del derecho con habilidades técnicas para colaborar estrechamente con la administración y facilitar la comunicación fluida entre el gobierno local y los corregimientos.
Perfiles
Corregidor de El Morro Jesús David Benítez Gómez, Abogado de la Universidad Internacional del Trópico Americano (Unitropico), Conciliador en Derecho extrajudicial, próximo a graduarse como especialista en Contratación Estatal de la Universidad Externado de Colombia, con amplia experiencia en el sector público laborando en la Inspección Tercera de Policía de Yopal, y en el sector privado en litigio y asuntos policivos.
Corregidora de Mata de Limón Sandra Medina Niño, especialista en Derecho Público, con más de 8 años de experiencia en el sector público.
Corregidora de Morichal, Nury Yaneth Leguizamón Unibio, Abogada de la Universidad del Trópico Americano -Unitropico- ; Tecnóloga en Investigación Judicial; con amplia experiencia laboral en el sector Público y Privado
Corregidora de Quebradaseca , Margareth Hellen Vargas Vela, Abogada, Especialista en Derecho Administrativo y Contractual, Experiencia laboral de más de 12 años en el sector público y 4 años en el sector privado.
Corregidora de El Taladro Liliana Elida Beltrán Estrada, Abogada, Especialista en Derecho Público, con 8 años de experiencia en el sector público y 2 años de experiencia en el sector privado como litigante en Derecho de familia.
Fuente: Alcaldía de Yopal
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
