CASANARE
Se incrementa hurto de motocicletas en Casanare, autoridades revelaron cifras de este flagelo
El coordinador seccional de Fiscalías en Casanare, Francisco Antonio Rodríguez, alertó a la ciudadanía para que eviten adquirir repuestos o motocicletas hurtadas, so pena de incurrir en un delito denominado receptación, que tiene pena privativa de la libertad.
En diálogo con los medios de comunicación el funcionario explicó que en los últimos días se han venido incrementando delitos como el hurto en varias de sus modalidades, especialmente en lo que respecta al hurto de motocicletas, hurto a residencias y a establecimientos comerciales, por lo que la Fiscalía y demás autoridades incrementaron los operativos tendientes a contrarrestar este flagelo.
“Se puede ver afectada la propia comunidad en la medida que si se adquieren bienes que sean producto de esos delitos de hurto, se puede incurrir en un delito que se denomina receptación, que tiene una pena que va de cuatro a doce años como pena básica, y que se agrava cuando se trata de partes de medios motorizados, en este caso motos y vehículos”, advirtió el Coordinador Seccional de Fiscalías.
Las estadísticas de las autoridades muestran que durante el mes de agosto se produjo el hurto de 33 motocicletas en el departamento, en septiembre esta cifra se incrementó a 51 aparatos, y en lo corrido de octubre ya van 34 motocicletas que han sido robadas.
“Al adquirir partes que corresponden a vehículos o motocicletas hurtadas la persona puede estar incursa en la conducta de receptación, no necesariamente porque sea cómplice del delito, sino porque se tiene una costumbre de que se adquieren más fácilmente autopartes de motos o de vehículos en determinados zonas o mercados, hay que advertirle eso a la comunidad porque el delito tiene pena de prisión”, reiteró el Coordinador Seccional de Fiscalías.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
