REGIÓN
Se endurecen medidas de ingreso a Boyacá el puente festivo
Estrictos controles en las fronteras, inmovilización de vehículos, diálogo con gobernadores de departamentos limítrofes, uniformados apostados en carreteras y cascos urbanos, y un llamado a los alcaldes para que restrinjan el acceso a los municipios este puente festivo, fueron las medidas anunciadas por el gobernador Ramiro Barragán.
Luego de reuniones sostenidas con autoridades militares y de policía, el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán, tomó la decisión de endurecer las medidas de control de ingreso de vehículos al departamento en el puente festivo comprendido entre el 14 y el 18 de agosto.
El mandatario de los boyacenses fue claro: “Boyacá es uno de los departamentos menos golpeados por esta pandemia; pero no por eso, vamos a dejar que se disparen los contagios por un descuido de un fin de semana”.
“Estamos atravesando una fase crítica y tenemos que ser más cuidadosos que nunca. Con los gobernadores de los departamentos fronterizos nos estamos articulando para endurecer los controles en las fronteras regionales: Vehículo que no haga parte de las excepciones decretadas por el Gobierno Nacional, será inmovilizado. Les pedimos a los ciudadanos que sean conscientes de la situación y no generemos desgastes innecesarios de la fuerza pública o circunstancias dolorosas por la transmisión del coronavirus. Debemos protegernos entre todos”, añadió Barragán.
El gobernador dio a conocer que en las carreteras y en los cascos urbanos de los municipios, y con especial atención en las fronteras del departamento, estará la fuerza pública disponible, que ejercerá un estricto control para que las medidas se cumplan.
Añadió el mandatario, que cada municipio está en la posibilidad legal de tomar sus medidas. “Llamamos a los alcaldes a que procedan conforme a la norma, que restrinjan el ingreso a los municipios, decreten toque de queda y ley seca donde consideren necesario. Desde el Gobierno Departamental confiamos en el criterio de los mandatarios locales, que son quienes conocen, de primera mano, sus municipios. Los estaremos apoyando en cualquier solicitud. Este debe ser un trabajo articulado entre todas las autoridades; pero les pedimos rigurosidad en el cumplimiento de las decisiones que tomen”.
Por último, el Mandatario afirmó que confía en los ciudadanos, en el ejemplo que los boyacenses siempre le han dado al país para salir delante de situaciones difíciles.
“Boyacá ha venido estando a la altura de las circunstancias en estos difíciles meses; pero no es el momento de bajar la guardia. Como siempre, estoy seguro de que los boyacenses estaremos en sintonía con el momento que atravesamos y nos cuidaremos entre todos”, puntualizó.
Fuente: Comunicaciones Gobernación de Boyacá
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
