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Sancionados cinco exfuncionarios de la Gobernación de Arauca por irregularidades en el PAE

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Por irregularidades en el Contrato para el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Arauca, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 9 años y 6 meses, al exsecretario de Educación de Arauca, William Arévalo Quintero, y al exgerente de Contratación (E), Uriel Niño López.

El ente de control comprobó que el exsecretario intervino en la elaboración de los estudios previos del modificatorio 1 y luego suscribió el adicional 1 de valor y plazo del contrato inicial, por $ 3.793’564.800, sin estudios previos serios y completos en los que se estimaran y justificaran los aspectos económicos del valor de la ración para preparar en casa y ser entregada a los acudientes de estudiantes de zonas rurales y sedes urbanas, generándose sobrecostos por $ 898’121.782

En cuanto a Niño López, se demostró, en primer lugar, que intervino en la etapa contractual del modificatorio 1 al bilateral omitiendo garantizar que el contenido de los estudios previos, remitidos por la Secretaría de Educación se ajustaran a la normatividad vigente y, en segundo lugar, como líder de contratación omitió ordenar la publicación de la totalidad de los documentos que hacían parte del contrato.

En la decisión de primera instancia, también se destituyó e inhabilitó por 9 años a Maricel Ortiz Ramírez, exsecretaria de Educación departamental, por celebrar el adicional 2, al contrato inicial de valor y plazo por $ 4.242’584.008, sin elaborar unos estudios previos completos y precisos, que atendieran los lineamientos adoptados por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, con ocasión de la pandemia por Covid-19.

Asimismo, el ente de control suspendió por 12 meses, convertidos a salarios devengados para la época de los hechos, al entonces gobernador de Arauca (2020-2021), José Facundo Castillo Cisneros, por el concurso de faltas en que incurrió al celebrar el modificatorio 1 al contrato del PAE por $ 14.078’860.590, sin tener previamente unos estudios de mercado serios que evitaran sobrecostos, en el cambio de ración servida en institución educativa a ración para preparar en casa.

En lo que respecta a la representante legal de la empresa interventora Invida SAS, Diana Susi Mahecha Herrera, el Ministerio Público la multó con 20 salarios mínimos mensuales vigentes para la época de los hechos e inhabilidad para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado, o contratar con este por el término de 10 años, por desatender su deber de vigilar y controlar la ejecución del contrato PAE.

Por último, al supervisor del contrato de interventoría suscrito con Inversiones para la Vida, Holman Jeffrey Ruiz Puerta, la Procuraduría le impuso una suspensión de tres meses, por no ejercer adecuadamente las labores que le fueron encomendadas, que será convertida en salarios básicos devengados para el momento de la comisión de la falta.

A juicio del Ministerio Público, los exservidores y la interventora sancionados permitieron con su conducta omisiva que, el contratista del PAE, Unión Temporal Alimentar Arauca 2019, impusiera la ración para preparar en casa con una escasa cantidad de ingredientes que no alcanzaba para elaborar 20 almuerzos por estudiante.

Con este actuar los sancionados afectaron los derechos fundamentales a la alimentación escolar y la educación en pandemia de los niños, niñas y adolescentes araucanos, generando sobrecostos en detrimento del patrimonio del Estado, de cara a los precios y condiciones reales del mercado.

Contra esta decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular, indicó la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 3.

Fuente: Procuraduría General de la Nación

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Capturados tres presuntos integrantes del ELN en zona rural de Tame

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En una operación entre tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional (SIJÍN), se realizaron seis diligencias de allanamiento en inmediaciones del centro poblado El Botalón, zona rural del municipio de Tame, Arauca, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la Comisión Martha Elena Barón, del Frente Domingo Laín Sáenz, del grupo armado organizado (GAO) ELN.

Durante el desarrollo de la operación militar fueron incautados dos fusiles, seis escopetas tipo carabina artesanal, dos pistolas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores con munición de diferentes calibres, cuatro motocicletas, material de intendencia y comunicaciones, así como elementos utilizados para realizar proselitismo en la región.

De acuerdo con información de inteligencia militar y judicial, fueron ubicados y capturados los sujetos conocidos con los alias de “Arley”, quien presenta sentencia condenatoria por los delitos de rebelión, secuestro extorsivo, porte ilegal de armas y homicidio. Tenía responsabilidad criminal en la ruta vial Libertadores y las veredas La Primavera, Corocito, La Libertad, La Hormiga, Cravo Charro, Mata Topocha y Barcelona, del municipio de Tame. Así mismo, alias “Patapicha”, responsable de secuestrar personal civil para someterlo a consejos de guerra; alias “Mil Amores”, encargado del desarrollo y ejecución de actividades criminales focalizadas en sicariato, extorsiones, secuestros, retenes ilegales e inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública en los municipios de Fortul y Tame.

Se conoció además, que los capturados serían los responsables de ataques terroristas contra la infraestructura crítica del Estado, específicamente contra la válvula 26 del Oleoducto Bicentenario, así como de acciones armadas contra la Fuerza Pública y la población civil en el sector de Corocito.

Con este resultado operacional se debilitan las capacidades logísticas de armamento, explosivos y de inteligencia criminal de esta estructura ilegal, permitiendo que la población civil pueda retomar el tránsito por las zonas que este grupo armado venía restringiendo.

A los capturados se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Arauca refuerza su seguridad con la llegada de 180 nuevos patrulleros de Policía

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La seguridad de nuestras comunidades se refuerza con la llegada de 180 nuevos patrulleros de la Policía Nacional, quienes se integran de inmediato a las labores de vigilancia y convivencia ciudadana en los siete municipios del departamento.

Este refuerzo es resultado de las gestiones adelantadas por la Gobernación de Arauca ante el Gobierno Nacional y permitirá una presencia policial más cercana, oportuna y efectiva, tanto en zonas urbanas como rurales, protegiendo a las familias, el comercio y la tranquilidad del territorio.

Los uniformados serán desplegados estratégicamente en Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul, Tame, Puerto Rondón y Cravo Norte, fortaleciendo la capacidad de respuesta y la prevención del delito.
La Gobernación de Arauca agradeció al Gobierno Nacional por atender el llamado del departamento y priorizar la seguridad como base para la convivencia, el desarrollo y la paz.
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Se recuperaron 34 cuerpos de personas dadas por desaparecidas, en el Cementerio Católico de Saravena

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Una medida cautelar emitida por la JEP permitió la recuperación de 34 cuerpos que corresponden a personas desaparecidas durante el conflicto armado, en el Cementerio Católico de Saravena (Arauca).

Dicho cementerio ha sido catalogado como sitio de interés forense priorizado dentro del Plan Regional de Búsqueda del Sarare y ha sido objeto de cuatro intervenciones humanitarias adelantadas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), orientadas a avanzar en la búsqueda e identificación de víctimas de desaparición forzada.

Esta intervención representa un avance relevante, al tratarse de la primera intervención a profundidad realizada en este camposanto. Durante varios días, los equipos forenses trabajaron en cuatro áreas priorizadas, donde se logró la recuperación de seis cuerpos que se encontraban inhumados directamente en suelo. Previamente, la búsqueda se había desarrollado mediante exploraciones con georradar, una técnica que permitió identificar alteraciones del terreno y orientar la priorización de los sitios a intervenir en esta fase.

Como resultado de esta intervención humanitaria, se hizo trabajo forense sobre catorce cuerpos, de los cuales seis cumplieron los criterios técnicos que permiten establecer que corresponden a personas desaparecidas en el marco del conflicto armado y que, por tanto, son competencia de la Unidad de Búsqueda. Estos resultados se suman a los obtenidos en las intervenciones anteriores, que han permitido avanzar en el abordaje forense inicial o intervención inicial forense de 81 cuerpos en las áreas de interés forense identificadas en este cementerio, de los cuales fueron recuperados 34 por ser de competencia de la UBPD.

En cuanto a los avances en identificación, 27 de los cuerpos que son competencia de la UBPD fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal, para continuar con los análisis correspondientes. En los siete casos restantes se verificó la correspondencia de información ‘post mortem’, procedimiento a partir del cual se puede establecer que un cuerpo ya se sometió a estudio médico legal previo y que el que se examina actualmente corresponde con aquel. Ello permitió la toma de muestras óseas en estos cuerpos que fueron remitidas a laboratorio para avanzar en una identificación fehaciente.

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