CASANARE
Sancionados cinco dignatarios de una Junta de Acción Comunal en Yopal
Por la comisión de diferentes irregularidades denunciadas por la comunidad, en decisión de primera instancia, la Secretaría de Gobierno Departamental sancionó a algunos integrantes de la Junta de Acción Comunal de la vereda Quebradaseca en Yopal.
Los dignatarios investigados y sancionados fueron el presidente Alfredo García Reyes; el tesorero Alirio González Pérez; la secretaria Deisy Judith Vega Camargo; más los integrantes de la Comisión de Convivencia y Conciliación Carlos Julio Alfonso y Orlando González Pérez.
La investigación se inició por la denuncia instaurada por algunos miembros de la comunidad, que a través de derechos de petición habían solicitado su afiliación a la Junta de Acción Comunal y las peticiones no habían sido resueltas.
Luego de agotar el debido proceso y tras visitas de inspección y vigilancia, se encontraron algunas situaciones derivadas de las denuncias, que hicieron necesario tomar decisiones administrativas sancionatorias por parte de la Secretaría de Gobierno Departamental.
Los sancionados
En tal sentido, se declaró reponsable al presidente Alfredo García Reyes, de no haber convocado a la Asamblea General para la reforma estatutaria de la JAC y de ejercer funciones que por estatutos no le correspondían. Por estas conductas se sancionó al Presidente con suspensión de afiliación y dignatario por doce (12) meses.
De igual manera, se declaró reponsable al tesorero Alirio González Pérez, de no haber cobrado los aportes a los afiliados para que sirvan como soportes de los ingresos y egresos. Por esta conducta se sancionó al Tesorero con suspensión de afiliación y dignatario por seis (06) meses.
De igual manera, se declaró reponsable al tesorero Alirio González Pérez, de no haber cobrado los aportes a los afiliados para que sirvan como soportes de los ingresos y egresos. Por esta conducta se sancionó al Tesorero con suspensión de afiliación y dignatario por seis (06) meses.
También, se declaró reponsable a la secretaria Deisy Judith Vega Camargo, por no haber reemplazado el libro de afiliados debido a que se encuentra con enmendaduras y tachones. Por esta conducta se sancionó a la Secretaria con suspensión de afiliación y dignatario por seis (06) meses.
Por útimo, se declararon reponsables a los integrantes de la Comisión de Convivencia y Conciliación Carlos Julio Alfonso y Orlando González Pérez, por no haber respondido 31 derechos de petición restantes con solicitudes de afiliación, dentro de los términos de ley. Por esta conducta se sancionó a los integrantes de la Comisión con la suspensión de afiliados y de dignatario por seis (06) meses.
A designar cargos vacantes
La misma Resolución que adopta la sanción para los dignatarios, también señala que a través de una Asamblea General se designarán dignatarios AdHoc en la Junta de Acción Comunal de Quebradaseca, para que entre ellos elijan quiénes van a ocupar los cargos vacantes de los dignatarios sancionados.
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Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Terreno donde inicialmente se iba a construir el Terminal de Yopal si tenía problemas jurídicos
El Tribunal Administrativo de Casanare resolvió en segunda instancia una acción popular relacionada con la adquisición del predio destinado inicialmente a la construcción del nuevo Terminal de Transportes de Yopal, ubicado en la carrera 5° que conduce hacia Morichal, proceso en el que se analizó la actuación del Municipio de Yopal y de la Sociedad de Economía Mixta Terminal de Transportes de Yopal S.A.S.
La demanda fue interpuesta por el ciudadano Oromairo Avella, y alegó la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, derivada de los negocios jurídicos relacionados con el terreno que se iba a utilizar, el cual según antecedentes judiciales, presentaba anotaciones de “falsa tradición” y restricciones previamente advertidas por la jurisdicción contenciosa administrativa.
No se adelantaron estudios de títulos
En la sentencia, el Tribunal confirmó que las entidades demandadas incurrieron en actuaciones contrarias a los principios que rigen la función administrativa, al aceptar como aporte a una sociedad de economía mixta un predio sobre el cual existían reparos judiciales y órdenes expresas de protección, sin adelantar un estudio de títulos riguroso ni atender decisiones judiciales anteriores. Esta conducta fue considerada lesiva del derecho colectivo a la moralidad administrativa.
No obstante, la Corporación precisó que durante el trámite del proceso se configuró la figura jurídica de la carencia actual de objeto, debido a que el inmueble cuestionado fue retirado del patrimonio de la sociedad, lo que implicó la desaparición de la situación que originó la controversia.
En consecuencia, el Tribunal mantuvo la declaratoria de vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa, pero se abstuvo de impartir órdenes adicionales, al considerar superada la situación. Sin embargo, dispuso la remisión de copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus competencias, adelanten las investigaciones que estimen pertinentes respecto de los hechos analizados.
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a dos personas y afectó bienes presuntamente utilizados para la explotación sexual y la trata de personas en Yopal.
Según las autoridades, el proceso investigativo se inició el 21 de enero de 2025, tras una denuncia recibida por la Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía de Casanare, relacionada con posibles actos de explotación sexual en el Hotel El Gaván. Según la información conocida, una menor de 13 años, de nacionalidad venezolana, habría sido víctima de estas conductas por parte del administrador y el recepcionista del establecimiento.
Bajo coordinación de la Fiscalía y la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, la investigación se extendió por más de 300 días, permitiendo recolectar material probatorio que indicaría que los implicados presuntamente captaban y alojaban mujeres y menores de edad, nacionales y extranjeras, en condiciones de vulnerabilidad, con fines de explotación sexual y comercial.
Como resultado de un operativo de registro y allanamiento realizado el 5 de diciembre de 2025, fueron capturados Libardo Chaparro Flórez, de 36 años, alias “El Mono”, administrador del hotel, y Ana Elvia Mejía Chaparro, de 56 años, alias “Ana”, señalada como presunta líder del grupo delincuencial “San Gabriel”. Ambos quedaron a disposición de la autoridad judicial por los delitos de explotación sexual y trata de personas.
Adicionalmente, el 10 de diciembre de 2025 se aplicaron medidas de extinción de dominio sobre el inmueble y el establecimiento de comercio, con un valor total afectado superior a $1.163 millones. La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que atente contra la dignidad y la integridad de las personas más vulnerables.
CASANARE
Yopal consolida la atención materno infantil en el Hospital Central y el CAPS Juan Luis Londoño
Mientras la atención en salud materno infantil representa un reto a nivel nacional, Yopal ha logrado consolidar resultados concretos. Esto se evidencia con la renovación y obtención de nuevas certificaciones bajo la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia Integral (IAMII), lideradas por la Secretaría de Salud de Casanare en articulación con la ESE Salud Yopal.
Tras una exhaustiva evaluación externa, realizada según los lineamientos de Unicef, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social, el Hospital Central de Yopal alcanzó un cumplimiento superior al 80% de los criterios exigidos.
Este resultado permitió la renovación de su certificación IAMII por un periodo de tres años, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028. La institución ha demostrado mejoras sostenidas en sus procesos de atención y nutrición materna e infantil.
También el Juan Luis Londoño
Asimismo, la sede CAPS Juan Luis Londoño obtuvo por primera vez la certificación oficial como Institución Amiga de la Mujer y la Infancia Integral. Este logro, producto de un proceso técnico y riguroso, contó con el acompañamiento de Unicef y se ajusta a los estándares nacionales para garantizar una atención integral, oportuna y humanizada.
El reconocimiento para la sede CAPS Juan Luis Londoño quedó formalizado mediante la Resolución 2352 del 03 de diciembre de 2025. La institución superó el 80% de cumplimiento en cada uno de los diez pasos exigidos por la estrategia IAMII, lo que la posiciona con una de las más altas distinciones en el país para la protección de la salud materno infantil.
