REGIÓN
Sancionado exalcalde de Puerto Carreño por no ejecutar recursos para resguardos indígenas
La Procuraduría General de la Nación sancionó al alcalde de Puerto Carreño, Vichada, Marcos Pérez Jiménez (período 2016-2019), con suspensión de 4 meses convertible en salarios por $15.517.972, por omisión en la ejecución de los recursos del sistema general de participación de los resguardos indígenas para la vigencia 2018.
Para el Ministerio Público la conducta del mandatario debía estar orientada a la satisfacción del interés general y a la población indígena como sujeto de especial protección constitucional; sin embargo, en el presente caso se confirmó que el servidor público incumplió sus obligaciones de ejecutar el presupuesto para el resguardo caño bachaco en la región por $29.854.864.
De esta manera, la Procuraduría Delegada de Juzgamiento Disciplinario 2 corroboró que el disciplinado para dicha vigencia ejecutó recursos del proyecto de inversión para el sector de educación para la dotación de uniformes y útiles escolares para los estudiantes internos de la comunidad.
Pero, se confirmó que no invirtió la totalidad de los recursos asignados a los indígenas para el 2018, y tampoco adelantó los procesos de contratación para llevar a cabo los proyectos de inversión previamente definidos por las autoridades indígenas, de cara a la atención de las necesidades en el sector agrario, lo que incluía la adquisición de ganado bovino raza criolla para la comunidad Cejal de resguardo Caño Bachaco por $8.200.000
A su vez, los proyectos de vivienda que incluía la implementación de energías amigables con el medio ambiente para la solución de alumbrado para la comunidad Ekonay del resguardo por $9.000.000 y finalmente, de carácter institucional con el apoyo logístico para encuentro de autoridades indígenas de la comunidad por $ 3.154.864, con lo cual se vulneró el principio de responsabilidad de la actividad contractual, afectando sustancialmente el principio de moralidad pública.
En fallo de primera instancia, el organismo de control calificó definitivamente la falta de Pérez Jiménez como grave, a título de culpa grave; la cual es susceptible del recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
