REGIÓN
Sancionado exalcalde de Puerto Carreño por no ejecutar recursos para resguardos indígenas
La Procuraduría General de la Nación sancionó al alcalde de Puerto Carreño, Vichada, Marcos Pérez Jiménez (período 2016-2019), con suspensión de 4 meses convertible en salarios por $15.517.972, por omisión en la ejecución de los recursos del sistema general de participación de los resguardos indígenas para la vigencia 2018.
Para el Ministerio Público la conducta del mandatario debía estar orientada a la satisfacción del interés general y a la población indígena como sujeto de especial protección constitucional; sin embargo, en el presente caso se confirmó que el servidor público incumplió sus obligaciones de ejecutar el presupuesto para el resguardo caño bachaco en la región por $29.854.864.
De esta manera, la Procuraduría Delegada de Juzgamiento Disciplinario 2 corroboró que el disciplinado para dicha vigencia ejecutó recursos del proyecto de inversión para el sector de educación para la dotación de uniformes y útiles escolares para los estudiantes internos de la comunidad.
Pero, se confirmó que no invirtió la totalidad de los recursos asignados a los indígenas para el 2018, y tampoco adelantó los procesos de contratación para llevar a cabo los proyectos de inversión previamente definidos por las autoridades indígenas, de cara a la atención de las necesidades en el sector agrario, lo que incluía la adquisición de ganado bovino raza criolla para la comunidad Cejal de resguardo Caño Bachaco por $8.200.000
A su vez, los proyectos de vivienda que incluía la implementación de energías amigables con el medio ambiente para la solución de alumbrado para la comunidad Ekonay del resguardo por $9.000.000 y finalmente, de carácter institucional con el apoyo logístico para encuentro de autoridades indígenas de la comunidad por $ 3.154.864, con lo cual se vulneró el principio de responsabilidad de la actividad contractual, afectando sustancialmente el principio de moralidad pública.
En fallo de primera instancia, el organismo de control calificó definitivamente la falta de Pérez Jiménez como grave, a título de culpa grave; la cual es susceptible del recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores de Elección Popular.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
