CASANARE
Riña dejó al descubierto ladrones de computadores de automóviles
Policía Casanare capturó dos hombres, por el delito de lesiones personales. El caso que llegó a través de la línea de emergencias 123 y que parecía tratarse de una riña intrafamiliar terminó siendo la causal de una captura por orden judicial.
La riña que se presentó al interior de una residencia ubicada en el barrio el Fical y según información preliminar esta se habría generado por dudas en la repartición de unos objetos.
Como consecuencia de esto, los dos hombres de 27 y 39 años de edad, naturales de Bucaramanga resultaron con heridas recíprocas causadas con cuchillo, por lo que fueron capturados y trasladados al hospital más cercano.
Los uniformados que entrevistaban a un testigo que se encontraba en la residencia observaron algunos elementos que causaron sospecha e indicios sobre la causa de la riña; lo que no se imaginaban, es que dentro de los elementos se encontraría uno de los computadores hurtados a los vehículos del parqueadero de la salida de Yopal hacia Aguazul, junto a ello un bolso con herramientas para apertura y corte, dos proveedores de pistola con munición calibre 9mm y un arma de fuego tipo revolver.
Los elementos fueron entregados de manera voluntaria y dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para las actuaciones judiciales a lugar.
Antecedentes de alias Jhonqui
Finalmente, y como si no fuera poco, alias “Jhonqui” estaba entregando información falsa de su identificación para ocultar la responsabilidad judicial que tenía. Luego de lograr su plena identificación, unidades de policía judicial pudieron establecer que este hombre tenía orden de captura vigente y que era reconocido como presunto actor criminal recurrente por el delito de hurto calificado y agravado con uso de menores de edad en la comisión de delitos y que estaba siendo requerido por Fiscalía Primera local de hurtos de Bucaramanga por hechos ocurridos en marzo de 2018 en la misma ciudad.
Así mismo, se logró establecer que este sujeto presenta 8 registros en el sistema penal como indiciado de los cuales, tres por hurto, dos por Lesiones personales, dos por violencia intrafamiliar y uno por el delito de porte ilegal de armas de fuego. De igual forma habría presentado una sentencia condenatoria por hurto calificado y agravado.
Fuente: Policía Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
