META
Retornaron a sus tierras herederos de familia despojada por las Farc en el Meta
En un emotivo acto de justicia y reparación, dos herederos de una familia despojada por el frente 26 de las Farc en El Castillo (Meta) retornaron a sus tierras tras 18 años de destierro.
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) hizo entrega formal de 16 hectáreas del predio “La Huerta”, ubicado en la vereda Caño Brasil, avanzando en la lucha contra la impunidad y la recuperación de los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia.
La URT, en colaboración con la Fuerza Pública y el Juez Promiscuo Municipal, dieron cumplimiento a la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. La sentencia no solo ordenó la restitución del predio a los legítimos dueños, sino que también declaró la nulidad del negocio jurídico forzado bajo amenaza por el que la finca fue vendida.
La familia, que originalmente ocupó el predio en 1953, gracias a una adjudicación por parte del Incora, se dedicaba al cultivo de maíz, plátano y yuca y a la cría de ganado bovino. Sin embargo, la tragedia golpeó en 1993 cuando fueron acusados injustamente por las Farc de colaborar con paramilitares, lo que llevó al asesinato de uno de sus miembros y la desaparición de otro.
Las amenazas continuaron hasta que, en 1994, la familia se vio forzada a vender su hogar y su sustento por un valor irrisorio, huyendo así del terror que asolaba su existencia.
Los esfuerzos de los sobrevivientes, un hijo y un sobrino de la pareja original, por recuperar su legado llevaron el caso ante la URT, cuya representación judicial resultó en una decisión favorable del Tribunal Superior de Bogotá.
La justicia confirmó que el despojo fue producto de la coerción ejercida por las Farc y negó cualquier compensación a la parte opositora del proceso por no demostrar buena fe.
César Santoyo, director territorial de la URT en el departamento del Meta, anunció que la entidad no solo garantizará la restitución de las tierras, sino que también brindará apoyo para el desarrollo de un proyecto productivo en “La Huerta”. Además, tendrán acceso a medidas de reparación integral, asegurando una verdadera justicia reparadora.
Este caso emblemático demuestra el compromiso del Gobierno del Cambio, liderado por el presidente Gustavo Petro, en avanzar significativamente en la construcción de paz y reconciliación.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
