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Resguardo indígena Charco Caimán reclama más de mil hectáreas de tierra en el Meta

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Con el propósito de restituir los derechos étnico-territoriales del Resguardo Indígena Charco Caimán, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante la justicia especializada en Villavicencio.

“Con la acción judicial, se pretende reclamar 1.937 hectáreas y 802 metros cuadrados a favor del pueblo Wuanano, afectado por confinamiento, desplazamiento y abandono forzoso”, explicó Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta.

Barreto informó que el territorio colectivo está conformado por 48 familias que se ubican en la vereda La Rompida, del municipio de Mapiripán, al sur del departamento.

La demanda, radicada tras varios meses de acompañamiento y trabajo adelantado por el equipo de Asuntos Étnicos, tiene como objetivo lograr la reparación integral de esta comunidad indígena, que ha sido víctima del conflicto y la violencia por la presencia de grupos armados ilegales.

Entre las pretensiones de la demanda se encuentran: garantizar el goce y disfrute pleno de los derechos territoriales; culminar el procedimiento administrativo de ampliación del territorio, tomando como base lo dispuesto en la Resolución Constitutiva del Resguardo, No 013 del 24 de mayo de 1996; tal como realizar la identificación cartográfica de linderos, que permita la verificación, rectificación y validación del territorio colectivo en relación con el área establecida en dicha resolución.

El director territorial añadió que “la URT solicitó a la justicia especializada, en coordinación con los entes y espacios territoriales, formular e implementar, de manera concertada con las autoridades del Resguardo Indígena Charco Caimán, el plan de retorno y/o reubicación. Esto con el fin de que la población desplazada logre su restablecimiento, a través de la generación de oportunidades y alternativas sostenibles de retorno al lugar de donde se vio forzada a salir, bajo la garantía de los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad, tomando como referente lo expuesto por la comunidad en el escrito de demanda”.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras – Dirección Territorial Meta

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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía

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La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.

La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.

A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.

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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán

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Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.

Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.

Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.

El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.

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Fiscalía investiga muerte de civil durante operación militar en Vista Hermosa, Meta

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La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.

Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.

Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.

Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.

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