CASANARE
Requieren a la Alcaldía de Yopal a reintegrar al Gerente de Ceiba, Hugo Andrés Montes
Tal y como lo anticipó El Diario del Llano desde el fin de semana, una nueva decisión judicial se suma a la larga cadena de situaciones que se registran con la Gerencia de la Empresa Ceiba en Yopal, y ahora el Alcalde JJ Torres ha sido requerido por el Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías, para que en el término de tres días reintegre a Hugo Andrés Montes en la gerencia de la mencionada entidad, so pena de iniciársele incidente de desacato.
La decisión se origina en la Acción de Tutela 2015-0183 impetrada por la Concejal del Movimiento Social La Bendición Mayerly Muñoz Martínez en contra del Concejo y la Alcaldía de Yopal, mediante la cual se pretendía dejar sin piso la creación de la Empresa Ceiba y el nombramiento de su gerente Hugo Andrés Montes por un periodo fijo de cuatro años.
Inicialmente, el 7 de enero de 2016 el Juzgado Segundo Penal para Adolescentes con Función de Control de Garantías le dio la razón a la Concejal Muñoz Martínez, pero el 12 de febrero de 2016 al resolver una impugnación presentada por Hugo Andrés Montes, el Juez Primero Civil de Yopal revocó esta decisión y dejó en firme que el nombramiento de Montes Sánchez será por cuatro años, hasta tanto una decisión judicial diga lo contrario.
Como se recuerda, mediante Decreto No. 128 del 29 de julio de 2017 se declaró insubsistente por parte de la Alcaldía de Yopal a Hugo Andrés Montes como Gerente de Ceiba, por lo que éste reclamó que se hiciera respetar el fallo de tutela emanado del Juzgado Primero Civil de Yopal, porque de lo contrario se estaría incurriendo por parte de la Alcaldía en desacato a una sentencia judicial.
Así las cosas, el Juzgado Segundo Penal de Adolescentes con Función de Control de Garantías determinó requerir al Alcalde de Yopal JJ Torres, para que en el término de tres días hábiles se dé cumplimiento a la sentencia de Tutela del 12 de febrero de 2016, so pena de incurrir en incidente de desacato a decisión judicial.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
