CASANARE
Representante Cristancho verifica atención a población con discapacidad visual
El representante la Cámara por Casanare Jairo Cristancho citó a debate de control político en la Comisión Séptima, al Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y al Director del Instituto Nacional de Ciegos (INCI).
La citación se da, para verificar los alcances de las políticas de atención a la población con discapacidad visual en el país máxime cuando la pandemia por la covid-19 ha obligado al traslado de actividades laborales y educativos a la virtualidad.
Durante el debate el Congresista Cristancho hizo varios cuestionamientos al INCI por la falta de planeación demostrada en la compra y mantenimientos muy a menudo sin que los equipos tengan el suficiente desgaste por esfuerzo y utilidad de los mismos.
“La población y las entidades se quejan de la falta de presencia del INCI en las regiones, en varios departamentos no se hicieron mesas de concertación del Plan de acción 2018-2020 del Instituto y en regiones como la Orinoquia solo adelantaron una mesa de socialización, por lo que no conocen la realidad de la población con discapacidad en los territorios y por eso no brindan una asesoría acorde a dichas necesidades” explicó Jairo Cristancho.
Frente a estos argumentos que soportó el Congresista Casanareño, se acordó una mesa con el Ministerio de Educación Nacional para que determinar hoja de ruta y buscar alternativas de mejoramiento de la atención a la población con discapacidad visual por parte del Instituto Nacional de Ciegos. “Buscamos con estos debates que se optimicen los recursos del Instituto y que éste realmente cumpla con la misión para la que fue creado y que llegue a los casi 2 millones de personas con discapacidad visual en el país” puntualizó el Representante a la Cámara Jairo Cristancho.
Fuente: Comunicaciones Representante Jairo Cristancho
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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