CASANARE
Representante César Ortiz Zorro coordinará ponencias para reglamentar regalías
El Representante a la Cámara por Casanare, César Ortiz Zorro, fue designado Coordinador Ponente del Proyecto de Ley que reglamenta el Sistema General de Regalías.
Con una importante participación de alcaldes y gobernadores culminaron las audiencias públicas de las sesiones conjuntas de las Comisiones Quintas del Congreso de la República, propuestas por el Representante César Ortiz Zorro, para analizar el Proyecto de Ley No. 311 de 2020 Cámara, que reglamenta el Sistema General de Regalías (SGR), del cual fue designado Coordinador de Ponentes.
En sus intervenciones el Representante se opuso a la pretensión del Gobierno Nacional, de hacer nula la autonomía territorial y la descentralización en el manejo de los recursos de las regalías que le pertenecen exclusivamente a todos los municipios y departamentos de Colombia.
Enfatizó, que su lucha sincera e irrenunciable, es impedir que a los municipios no se les recorte un solo peso de las regalías que hoy reciben del Sistema General de Regalías, por concepto de giros a los municipios más pobres del
país, y de la inversión regional.
El gobierno nacional en su propuesta pretende sacar aproximadamente a 700 municipios que hoy reciben recursos de las asignaciones locales, contrariando la constitución política, que le reconoció a los municipios y departamentos un derecho adquirido de no disminución de las asignaciones que hoy reciben los entes territoriales.
También alertó sobre la pretensión inconstitucional e ilegal del gobierno nacional, de expedir la reglamentación del SGR por decreto, si el Congreso no aprueba el texto a más tardar el 30 de agosto del año en curso, sin tener en cuenta que radicó en forma tardía dicho proyecto, quedándole al legislativo tan solo 27 días para su aprobación. Los argumentos del Representante ZORRO, fueron acogidos por los Senadores y Representantes, ante la contundencia de los mismos.
El Representante por Casanare de la Comisión Quinta donde se estudia este proyecto de ley, le dio un parte de tranquilidad a la Federación de Municipios y a la Federación de Departamentos, al sentirse muy optimista por el respaldo mayoritario del Congreso de la República.
Fuente: Prensa – HR César Ortiz Zorro
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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