CASANARE
Reforma a las CAR a punto de concretarse en el Congreso
A un debate en la plenaria del Senado quedó de ser aprobada la reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR), la cual apunta a fortalecer la transparencia, gobernabilidad y su gestión. La iniciativa hace importantes ajustes como eliminar la reelección del director y la introducción de mecanismos de acceso a la información pública.
Sin embargo, el interrogante que surge es si ello será suficiente para mejorar estas instituciones creadas por la Constitución del 91, como autoridades ambientales en las diferentes regiones, o solo aplaza la intención que han tenido algunos de suprimirlas por supuestamente ser inoperantes.
Más de 20 proyectos en los últimos 15 años de reforma a las CAR han sucumbido en el Congreso, por lo que hay gran expectativa con esta iniciativa de la bancada del Partido Cambio Radical que fue aprobada la semana anterior por la Comisión Quinta del Senado y que, como se dijo, solo les resta un peldaño en la plenaria de esta Corporación.
Los principales señalamientos a las 33 CAR que hay en el país es que son usadas como fortines políticos, la gestión en ocasiones no es la mejor en su función como autoridad ambiental, de planeación ambiental del territorio, la administración, seguimiento, control y vigilancia del uso del ambiente, de los recursos naturales renovables y de los ecosistemas estratégicos. También se han presentado irregularidades en la contratación.
A mediados del 2018 el procurador General, Fernando Carrillo, respaldó la eliminación de las CAR tras considerarlas como “el nido de corrupción más grande que ataca derechos fundamentales en Colombia”.
En tanto que el presidente Duque pidió el año pasado en uno de sus talleres Construyendo País a las CAR que “se conviertan en genuinas autoridades ambientales y no en fortines de la politiquería”.
Por su parte, la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Asocars) ha señalado que son las entidades que más logros y acciones ambientales regionales reportan al país, porque son las que implementan las políticas, están y actúan en el territorio.
El proyecto
La iniciativa obliga a las CAR a implementar una estrategia de transparencia y acceso a la información pública, bajo criterios diferenciales de accesibilidad, aplicando la política de datos abiertos y de publicidad.
En virtud de ello tendrán que publicar en sus páginas web, entre otros, los instrumentos de planeación institucional y sus informes de avance, presupuesto e informes de ejecución presupuestal; informes de las inversiones realizadas con los recursos provenientes tanto del Presupuesto General de la Nación como de las rentas propias; así como un informe estadístico semestral de los tiempos de demora en la expedición de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás actuaciones administrativas ambientales que se adelanten.
Así mismo este proyecto de reforma impele a las CAR a adoptar en sus procesos de planificación institucional acciones contra la corrupción. También incorporarán los pliegos tipo expedidos por el Gobierno nacional en los cuales se establecerán las condiciones estándar que deben cumplir los proponentes para contratar con las entidades.
Gobernanza
El proyecto modifica la composición de los consejos directivos de las CAR al hacer parte de los mismos a un delegado de las entidades científicas regionales. En tanto mantiene a los actuales integrantes, entre otros, el gobernador o los gobernadores de los departamentos sobre cuyo territorio ejerza jurisdicción la Corporación; un representante del Presidente de la República; el Ministro de Ambiente o su delegado; un representante de los gremios del sector productivo que tengan presencia en la jurisdicción.
El proyecto pone también en cabeza del Consejo Directivo de la Corporación la designación del jefe de control interno, previa selección por méritos, para un periodo de cuatro años que iniciará al finalizar el segundo año del periodo institucional del Director.
En cuanto al director general de la CAR, la iniciativa de ley mantiene su periodo en 4 años, pero elimina la reelección, que en la actualidad se puede hacer por una vez. Aunque esta disposición no aplica a los actuales directores.
De igual forma establece que los miembros del Consejo Directivo durante el ejercicio de sus funciones y en el año siguiente a su retiro no podrán ser designados como director general de la Corporación.
También, el proyecto establece una serie de requisitos para ser director de una CAR, pues la Ley 99 de 1993, que rige a estas instituciones no contempla ninguno. En consecuencia el aspirante debe, entre otras, ser ciudadano colombiano; tener título profesional en áreas relacionadas con las funciones del cargo; así como título de posgrado en la modalidad de maestría o doctorado y 84 meses de experiencia profesional, de los cuales 42 meses deben ser de experiencia profesional relacionada con la gestión ambiental.
La iniciativa también introduce que la selección de los directores de las CAR se adelantará a través de una convocatoria pública abierta.
Otros aspectos
El proyecto dispone que el 50% del producto correspondiente al recaudo del porcentaje o de la sobretasa del impuesto predial y de otros gravámenes sobre la propiedad inmueble, se destinará a la gestión ambiental.
De igual forma establece que los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere superior al 4% de la población nacional serán competentes, dentro de su perímetro urbano, para el otorgamiento de licencias ambientales, permisos, concesiones y autorizaciones cuya expedición no esté atribuida a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Igualmente, el proyecto señala que los municipios, distritos o áreas metropolitanas cuya población urbana fuere superior al 4% de la población nacional, ejercerán dentro del perímetro urbano las mismas funciones atribuidas a las CAR, en lo que fuere aplicable al medio ambiente urbano.
Proposición
El senador Antonio Luis Zabaraín, uno de los autores de este proyecto de reforma a las CAR, dijo a EL NUEVO SIGLO que presentará una proposición en cuarto debate para suprimir el artículo 22 de este proyecto “porque perjudica a los entes territoriales, en cuanto a los aportes que tienen que hacerle a esas corporaciones”.
El Parlamentario de Cambio Radical explicó que se aumenta a favor de las CAR el porcentaje sobre el recaudo en predial, “que no podía ser inferior al 20%, antes era el 15%. Adicionalmente, incrementan la sobretasa que no podrá ser inferior al 2%, y antes no podía ser inferior al 1,5%. Eso nos parece nocivo para los entes territoriales, y por eso estamos presentando una proposición. Al interior de la bancada ya tengo la firma de 12 de los 16 senadores, y logro obtener 14”.
Zabaraín justificó también al respecto que “en el fondo, nosotros como Partido hemos manifestado reparos a esas corporaciones autónomas e, inclusive, queremos en un futuro no muy lejano eliminarlas. Entonces, no es coherente que queramos eliminarlas y por otro lado a través de un artículo busquemos una manera de nutrirlas, inyectándoles más recursos”.
Fuente: El Nuevo Siglo
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Alerta en Yopal: estafadores usan falsos pagos digitales para engañar a comerciantes
En Yopal, un comerciante denunció haber sido víctima de una sofisticada modalidad de estafa digital que estaría afectando a varios establecimientos comerciales. Se trata de un grupo de aproximadamente 15 jóvenes, entre ellos varios estudiantes universitarios, quienes utilizan aplicaciones clonadas conocidas como “Nequi Glitch” o “Nequi Daisy” para simular pagos que nunca se hacen efectivos, generando pérdidas económicas a negocios locales.
El caso fue revelado por Mateo Tarquino, propietario del club deportivo “Taco de Oro”, quien aseguró que en tan solo una semana su establecimiento fue defraudado por una suma cercana a los $2 millones de pesos. La irregularidad fue detectada tras un arqueo de caja y revisión de inventarios que no coincidían con los ingresos registrados, lo que llevó a identificar múltiples comprobantes falsificados.
¿Cómo estafan a los comerciantes?
Según la denuncia, el modus operandi consiste en mostrar en tiempo real un supuesto pago desde una aplicación fraudulenta que replica con precisión los comprobantes originales, incluyendo datos como número de teléfono y nombre del destinatario. Esto engaña al personal del establecimiento, que valida visualmente la transacción sin verificar el ingreso real del dinero.
El comerciante advirtió que los presuntos responsables ya han sido identificados mediante cámaras de seguridad y no descartó acciones legales ante la Fiscalía. Asimismo, hizo un llamado a los comerciantes a verificar directamente en la aplicación oficial los pagos recibidos o utilizar herramientas de validación como el escaneo de códigos QR, con el fin de evitar este tipo de fraudes.
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Anulan actos de la moción de censura de Cateryne Porras en el Concejo de Aguazul, por violar el debido proceso
El proceso se originó en noviembre de 2021, cuando el Concejo Municipal de Aguazul promovió una moción de censura contra Cateryne Porras Martínez, entonces secretaria de Gobierno, tras un control político sobre la gestión de su despacho. En su momento, Porras presentó impedimentos y recusaciones contra nueve de los trece concejales, alegando que el trámite vulneró garantías procesales y el reglamento interno del Concejo.
El fallo, de primera instancia, concluye que el proceso adelantado por el Concejo Municipal estuvo marcado por irregularidades que vulneraron garantías fundamentales, especialmente el debido proceso y el derecho a la defensa de la funcionaria.
Según la sentencia, la funcionaria tuvo menos de cinco días para responder el cuestionario exigido por ley; a pesar de ello, nueve concejales promovieron una moción de censura que posteriormente fue aprobada, lo que derivó en su retiro del cargo mediante decreto municipal.
El elemento determinante del fallo fue el alegato de Porras Martínez contra varios concejales sobre posibles conflictos de interés, las que debían ser resueltas por la Procuraduría; pero ocurrió lo contrario, el Concejo:
• Asumió una competencia que no le correspondía, resolviendo directamente la recusación.
• Permitió que concejales recusados participaran en decisiones sobre su propio caso.
• Tomó decisiones a través de instancias internas sin facultad legal para ello.
Finalmente, la sentencia ordena remitir copias del expediente a la Procuraduría para que evalúe si procede la investigación disciplinaria contra los concejales que participaron en esta decisión irregular.
Una defensa que terminó respaldada por la justicia
El caso de Cateryne Porras se convierte en un precedente relevante para la política regional y el uso de la figura de moción de censura, que, si bien es una herramienta legítima como parte del control político, no puede ejercerse por fuera de la ley, ni sacrificando garantías fundamentales.
Con este fallo la justicia reconoce que la actuación de la funcionaria no fue evaluada bajo condiciones justas, y que su salida del cargo estuvo basada en un procedimiento viciado.
Más allá del resultado individual, la sentencia envía un mensaje a los integrantes de las corporaciones: deben actuar con rigor jurídico, especialmente cuando sus decisiones afectan derechos fundamentales de los ciudadanos, más allá de su rol como funcionarios.
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Aumento del salario mínimo y costos operativos ponen en aprietos a Bomberos de Yopal en 2026
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yopal enfrenta un panorama financiero complejo para 2026, marcado principalmente por el incremento del salario mínimo y nuevas exigencias laborales. Así lo dio a conocer el comandante, teniente Rafael Rojas, quien advirtió que estos factores representan hoy la mayor preocupación económica para la institución.
De acuerdo con Rojas, más de la mitad del personal —alrededor de 30 de los 60 bomberos— devenga el salario mínimo, lo que obliga a asumir un incremento cercano al 23% en sus ingresos. Esta situación impacta directamente las finanzas del organismo, que ha tenido que ajustar su presupuesto y buscar alternativas para sostener la operación.
A esto se suma la reducción de la jornada laboral semanal, que este año quedará en 42 horas, en cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de Trabajo. Esta medida obligó a la institución a vincular más personal durante el último año para garantizar la prestación del servicio las 24 horas del día, incrementando aún más los costos de funcionamiento.
El comandante también explicó que en 2026 aumentaron los recargos nocturnos —que ahora inician desde las 7:00 de la noche—, así como los pagos por trabajo dominical y festivo, que alcanzan el 90%. Además, deben asumir un régimen especial de pensiones con un 10% adicional, junto con otros gastos obligatorios como exámenes médicos, dotación y elementos de protección personal.
En este último aspecto, Rojas fue enfático en señalar que los costos son considerablemente altos. Equipar completamente a un bombero puede costar cerca de 45 millones de pesos, incluyendo trajes especializados y equipos de respiración que cumplen normas internacionales. A esto se suma el mantenimiento del parque automotor, con vehículos que ya superan los 10 y hasta 15 años de servicio, lo que incrementa la necesidad de repuestos y revisiones constantes.
Frente a este panorama, el Cuerpo de Bomberos ha implementado estrategias para generar recursos propios, como la recarga de extintores y la realización de capacitaciones. Sin embargo, el comandante reiteró que el reto sigue siendo grande y que la sostenibilidad del servicio depende de una adecuada gestión financiera y del apoyo institucional para seguir garantizando la atención de emergencias en Yopal.
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