CASANARE
Recuperan $108 millones a la ESE Salud Yopal por fallido contrato para el Centro de Salud de Morichal
Al realizar la auditoría de cumplimiento, la Contraloría Departamental evidenció un incumplimiento en la ejecución de la obra pública iniciada mediante contrato 321 del 27 de abril de 2020 por valor de 638 millones 597 mil pesos, cuyo objeto era la construcción del Centro de Atención Primaria de Morichal.
Diana Mariño, directora de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Departamental de Casanare, señaló que el contratista abandonó la obra, luego de que le pagaran un anticipo del 50 por ciento del valor del contrato y un acta parcial; valores que ascendieron a 371 millones 153 mil pesos.
Una vez se identificó el hallazgo por la cifra desembolsada (371 millones 153 mil pesos), desde la dirección de Responsabilidad Fiscal, dirigida por el doctor Franco Vega Corredor, se dio apertura a una indagación preliminar bajo el número de radicación 018 de 2021.
Dentro de esa indagación se solicitó información y se hizo un auto de pruebas y se logró con apoyo de la ESE Salud Yopal, la recuperación de los dineros pagados que no se habían ejecutado, por valor de 97 millones de pesos y el reintegro de impuestos y retenciones por valor de 11 millones de pesos, dando como beneficio fiscal a favor de la institución de salud, la suma de 108 millones de pesos.
Adicional a esto, la ESE Salud Yopal aplicó las multas por incumplimiento y la clausula penal, dando como beneficio para la ESE Salud Yopal, un monto de 102 millones de pesos, adicionales a los 108 millones de pesos reintegrados por los dineros no ejecutados.
La Contralora Yaneth Constanza Holguín, se mostró satisfecha por los resultados obtenidos en este trabajo en equipo con la ESE Salud Yopal, veedores y ciudadanos, teniendo presente que el interés del ente de control no es sancionar a entidades objetos de control, sino buscar el beneficio en favor de la comunidad a través del cumplimiento de los fines del Estado.
Fuente: Contraloría Departamental de Casanare
CASANARE
Deuda de Enerca con Sayop sigue creciendo, ya son cerca de $9 mil millones de pesos
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
CASANARE
Alertan sobre comercialización ilegal de Aguardiente Amarillo con imagen de Yeison Jiménez
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.

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