CASANARE
Reasignan contratista para el Colegio Arturo Salazar Mejía de Támara
La terminación de la Institución Educativa Arturo Salazar Mejía de Támara, sobre la que ya se firmó el contrato de obra y en lo sucesivo se realizará el de interventoría, en febrero deberá recomenzar. Estas obras se habían paralizado por incumplimiento del contratista inicial, lo que forzó a las entidades contratantes a reasignarlas a un nuevo contratista.
Es de acotar que obras están proyectadas con inversiones para Támara por el orden de los $8.000’363.476.00, de los cuales el FFIE coloca $4.731’135.801.00 y la Cofinanciación ETC (Entidad Territorial de Casanare), dispuso de $3.269’227.676.00.
Así mismo, en la Institución Educativa Luis Enrique Barón Leal del municipio de Maní la inversión ascendió a $4.896’532.993.00, distribuidos en $3.112’815.482.00 del Fondo de Financiamiento para Infraestructura Educativa –FFIE – y por parte de la gobernación ETC la suma de $1.783’717.510.00.
El contrato de obra es el 1380-1025-2019 con el Consorcio Interobras Educativas, y tiene como objetivos mejorar los espacios para las dos instituciones intervenidas en preescolar, básica y media, bibliotecas, laboratorios integrales, tecnología, innovación y multimedia, polivalente, comedor y cocina, áreas administrativas y zonas recreativas.
Fuente: Oficina de Prensa Gobernación de Casanare
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
