REGIÓN
Radican 14 demandas para reclamar 10 mil hectáreas despojadas en Meta y Guaviare
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio un paso significativo en la lucha por la justicia y la reparación a las víctimas del despojo y abandono forzado de tierras en los departamentos de Meta, Guaviare y tres municipios de Cundinamarca, que integran la jurisdicción de la Dirección Territorial Meta.
En un esfuerzo por restablecer los derechos de quienes han sufrido la violencia, la URT Meta, bajo el liderazgo la directora territorial encargada, Martha Liliana Arévalo, radicó recientemente 14 demandas ante los jueces de restitución, con las cuales son reclamadas 10.000 hectáreas en favor de los despojados. Gran parte de ellos adultos mayores y mujeres, por lo que se prioriza así el enfoque diferencial.
Estas acciones judiciales corresponden a varios municipios del Meta, incluyendo Puerto Gaitán, Uribe, Puerto Concordia, Granada y El Castillo, tal como Calamar en Guaviare y Medina en Cundinamarca.
Desde la vigencia de la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en esta jurisdicción, la entidad ha llevado un total de 1.500 casos ante la justicia, destacando su compromiso con la representación judicial de las víctimas. De estos, 1.395 corresponden a Meta, 58 a Cundinamarca y 47 a Guaviare.
Hasta la fecha, los jueces y magistrados especializados han emitido 315 sentencias a favor de las víctimas, lo que ha implicado la restitución de alrededor de 75.000 hectáreas, que devuelven esperanza y dignidad a cerca de 1.300 campesinos e indígenas.
También se destaca que, a la fecha, se han implementado 110 proyectos productivos en predios restituidos del departamento del Meta, en líneas de fruta, café y ganadería, con una inversión de más de $3.261 millones de pesos.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras (URT)
Contratistas del municipio de Sogamoso se encuentran alarmados por comunicaciones que han recibido en los últimos días de alias ‘Antonio Medina’, comandante del frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc.
En el escrito se señala que el motivo de la comunicación es tratar tres temas: laboral, social y económico.
“Muy respetuosamente nos dirigimos a usted como (ingeniero) para que venga o envíe un delegado para tratar los temas ya mencionados”, dice la comunicación.
Finalmente les agradece la atención prestada y les pide que por su seguridad contesten una videollamada.
El 24 de noviembre del 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la expulsión de Omar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’, un firmante de paz que violó los acuerdos del 2016, volvió a las armas y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca.
En noviembre del año pasado las Fuerzas Militares de Colombia adelantaron una operación, que denominaron de alta precisión, contra alias ‘Antonio Medina’, sin resultados positivos.
Tomado de: Boyacá 7 días
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
