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REGIÓN

Radican 14 demandas para reclamar 10 mil hectáreas despojadas en Meta y Guaviare

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La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio un paso significativo en la lucha por la justicia y la reparación a las víctimas del despojo y abandono forzado de tierras en los departamentos de Meta, Guaviare y tres municipios de Cundinamarca, que integran la jurisdicción de la Dirección Territorial Meta.

En un esfuerzo por restablecer los derechos de quienes han sufrido la violencia, la URT Meta, bajo el liderazgo la directora territorial encargada, Martha Liliana Arévalo, radicó recientemente 14 demandas ante los jueces de restitución, con las cuales son reclamadas 10.000 hectáreas en favor de los despojados. Gran parte de ellos adultos mayores y mujeres, por lo que se prioriza así el enfoque diferencial.

Estas acciones judiciales corresponden a varios municipios del Meta, incluyendo Puerto Gaitán, Uribe, Puerto Concordia, Granada y El Castillo, tal como Calamar en Guaviare y Medina en Cundinamarca.

Desde la vigencia de la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en esta jurisdicción, la entidad ha llevado un total de 1.500 casos ante la justicia, destacando su compromiso con la representación judicial de las víctimas. De estos, 1.395 corresponden a Meta, 58 a Cundinamarca y 47 a Guaviare.

Hasta la fecha, los jueces y magistrados especializados han emitido 315 sentencias a favor de las víctimas, lo que ha implicado la restitución de alrededor de 75.000 hectáreas, que devuelven esperanza y dignidad a cerca de 1.300 campesinos e indígenas.

También se destaca que, a la fecha, se han implementado 110 proyectos productivos en predios restituidos del departamento del Meta, en líneas de fruta, café y ganadería, con una inversión de más de $3.261 millones de pesos.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras (URT)

REGIÓN

Falleció monseñor Héctor Gutiérrez Pabón, promotor de paz entre esmeralderos de Boyacá

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Con la muerte de monseñor Héctor Gutiérrez Pabón, el país pierde a uno de sus obispos más queridos. A sus exequias, que se realizarán en la catedral de Engativá asistirán el cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, y otros altos prelados de la Iglesia católica colombiana.

El alto prelado falleció luego de luchar contra una enfermedad, ya en su descanso de la labor pastoral que adelantó durante 53 años hasta retirarse en 2015, cuando presentó su renuncia a la Santa Sede como Obispo de la Diócesis de Engativá.

Había nacido en Cáqueza (Cundinamarca), el 17 de mayo de 1937, y ya como prelado cumplió un papel fundamental en los diálogos de paz que permitieron resolver el conflicto violento entre los esmeralderos de Boyacá.

Se ordenó sacerdote en septiembre de 1962. Monseñor Héctor Gutiérrez Pabón estudió comunicación social y periodismo en la Pontificia Universidad Javeriana, hizo un máster en producción de cine y televisión en la Universidad de Loyala Marymount en Los Ángeles, Estados Unidos, y recibió el título de licenciatura en moral de la información en la Universidad Gregoriana de Roma.

Desde 1992, dirigió el programa de TV La Voz del Papa y estuvo al frente de la oficina de prensa de la Arquidiócesis de Bogotá, pero especialmente será recordado por haber dirigido las comunicaciones de la Iglesia católica colombiana en 1992 como jefe de prensa de la visita del papa Juan Pablo II a este país.

Precisamente fue Juan Pablo II quien le otorgó el título de obispo y lo ordenó el 17 de febrero de 1987, como obispo auxiliar de Cali. Un año más tarde, en 1988, fue nombrado obispo de Chiquinquirá, convirtiéndose en una pieza clave en el diálogo entre los llamados ‘patrones’ de los esmeralderos en el occidente de Boyacá.

A lo largo de su ministerio, monseñor Gutiérrez Pabón se destacó también como un líder cercano a la realidad social de los colombianos, con gran interés por la justicia social, el bienestar de las comunidades más vulnerables del país y el diálogo como camino de pacificación. En este sentido, es recordado, especialmente, por su trabajo en favor de la reconciliación y la paz en el departamento de Boyacá, mientras ejerció como obispo de la Diócesis de Chiquinquirá (1998-2003).

Fuente: BOYACA 7 DÍAS

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REGIÓN

Militares y ex militares habrían integrado red que traficaba armas de fuego

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La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, develó un entramado delictivo del que harían parte integrantes y exintegrantes del Ejército Nacional, y estaría dedicado al tráfico de armas de fuego y accesorios para los grupos armados ilegales.

En diligencias realizadas en Bogotá, Nilo (Cundinamarca), Florencia (Caquetá), Duitama (Boyacá), Montería (Córdoba) y Riohacha (La Guajira), servidores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, capturaron a los sargentos activos Raúl Leonardo Becerra Sánchez, Luis Carlos Buitrago Fierro y Anderson Sánchez, y a los sargentos en retiro César Leslie Ramírez Pinto, James Valencia y Mauricio Fagua Quiroz; así como los soldados profesionales Wilson García Betancourt y Breshnet Peña Sierra, y el soldado pensionado Luis Ferney Ríos Valderrama.

Estas personas fueron presentadas en audiencias concentradas e imputadas por los delitos de concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Las evidencias recopiladas dan cuenta de que, aprovechando los diferentes cargos y funciones desempeñadas, los hoy procesados presuntamente extrajeron accesorios y partes de armas de fuego de los fuertes militares de Tolemaida (Cundinamarca) y Larandia (Caquetá), del Batallón de Infantería Aerotransportado No. 20 “General Servíez” de Villavicencio (Meta), y del almacén de Indumil de la Seccional Caquetá.

Al parecer, los elementos eran sustraídos de las instalaciones militares, y entregados a contactos externos que se encargaban de unirlos para ensamblar fusiles y otras armas de fuego, que serían vendidas a distintas estructuras criminales.

Por esta actuación irregular los suboficiales y los soldados habrían recibido pagos en efectivo. En las investigaciones se constató que no aceptaban transferencias para evitar dejar rastros del movimiento del dinero.

El sargento Valencia Torres aceptó los cargos formulados por la Fiscalía; mientras que los demás investigados los rechazaron. Por disposición el juez de control de garantías todos deberán permanecer privados de la libertad en sus lugares de residencia.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

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REGIÓN

Familias desplazadas por la violencia en Tame recibieron ayuda humanitaria

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La Unidad para las Víctimas, en articulación con la Alcaldía de Sácama, con el fin de mitigar la situación de vulnerabilidad de familias desplazadas desde Tame, Arauca, hacia Sácama, Casanare, entregó 14 kits de ayuda humanitaria inmediata a igual número de familias que, en conjunto, suman 38 personas entre niños, niñas, adolescentes y adultos.

La ayuda humanitaria inmediata es una de las acciones prioritarias de la Unidad, y tiene como objetivo atender de manera urgente y temporal a las víctimas de hechos como el desplazamiento forzado, con el fin de preservar su dignidad y aliviar las necesidades más urgentes.

La jornada de entrega se llevó a cabo a inicios de noviembre en el Centro de Conveniencia de Sácama, tras una organización por parte de los equipos de la Unidad y la Alcaldía, basada en un censo y una priorización con enfoque diferencial que tuvo en cuenta las características particulares de cada una de las familias.

Las familias recibieron un conjunto integral de insumos como kits de alimentos y aseo personal, elementos de bioseguridad, materiales escolares, elementos de costura, utensilios de cocina, cobijas, colchonetas, biberones, pañales, velas, pilas, linternas, entre otros.

Estos elementos son fundamentales para cubrir las necesidades básicas y garantizar un soporte temporal mientras las familias comienzan a reconstruir su vida en Sácama.

Fuente: Unidad para las Víctimas

 

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