CASANARE
El desespero y la politiquería del Centro Democrático en Casanare
En Casanare, departamento que solía ser de tendencia Uribista, la dinámica electoral empezó a tomar nuevos rumbos. Desde la victoria de Leonardo Puentes, del Partido Alianza Verde y la Coalición Colombia, en la elección atípica por la Alcaldía de Yopal, el Partido Centro Democrático se vino a menos y desde entonces ha convertido la frustración colectiva en rabia y desespero traducidos en ataques desmedidos e injuriosos en contra del Alcalde de los yopaleños y el Senador Jorge Prieto Riveros, ambos líderes naturales del Partido Alianza Verde en Casanare.
Primero, fue el bochornoso episodio del Tweet de la Senadora María Del Rosario Guerra, quien llegó a afirmar que la campaña del actual Alcalde habría sido financiada por las FARC. Qué irresponsable y peligrosa acusación lanzó la Congresista con el beneplácito de su partido, sin pensar por un segundo en las posibles consecuencias, en el riesgo que corría la vida del burgomaestre y demás dirigentes de la Coalición Colombia ante semejante andanada y la existencia de tantas Bacrim armadas hasta los dientes, producto de un proceso de paz con los paramilitares en el cual no se les exigió entrega de armas.
Decidió entonces, la dirigencia Uribista en Casanare, que debía enfilar los ataques en contra del Senador Prieto, rival al que se enfrentarán en las elecciones de marzo. A través de uno de sus aliados hicieron firmar una queja, dirigida a la Presidencia de la República, a una madre cabeza de hogar que alegaba que el Senador casanareño promovía una urbanización ilegal, y que ella era una de las 300 víctimas.
Resultó que se referían a un trillado proceso legal de más de diez años, ampliamente conocido por la prensa y la opinión casanareña, sobre el cual ya hay dos fallos a favor del Senador y en los cuales se determinó que el único comprador del predio no cumplió con el pago. El Senador, a pesar de tener la posibilidad de recuperar su predio, decidió renunciar a su derecho con el noble propósito de favorecer a las familias afectadas. Pero el objetivo era claro: inducir al error a la Corte Suprema de Justicia para abrir investigación sin que esta conociera de los antecedentes procesales y armar un escándalo mediático.
La honorable Corte decidió llamar a interrogatorio al Senador en diciembre, Prieto solicitó el aplazamiento de la diligencia por motivos de su trabajo congresional. No hubo escándalo en diciembre, y decidieron esperar hasta enero, plena campaña electoral, para filtrar la “noticia” de la citación en medios nacionales. El audio de la noticia fue difundido en Casanare por miembros y allegados de la Oficina de Prensa de la candidata casanareña al Senado por el Partido Uribista. Por supuesto, la prensa casanareña, hastiada del mismo refrito que publican en cada campaña electoral, decidió no hacerle eco a semejante infamia.
Finalmente, ante tanta frustración junta, decidieron entregarle la noticia al único periodista con el cinismo y la desvergüenza suficiente para publicar y complementar la calumnia, el señor Óscar Medina. El señor Medina, furibundo uribista de las redes sociales y vocero del famoso Clan de la Casita, no tuvo ningún problema en prestar su firma para intentar desprestigiar al honorable Senador y hacerle campaña a la prima del Gobernador de Casanare y esposa del Secretario de Planeación Departamental, quien es la candidata al Senado por el Centro Democrático.
Hoy, los casanareños son testigos de la ostentosa campaña mediática de la candidata del Centro Democrático que con vehemencia y arrogancia hace gala del poder económico en el cual fundamentan su estrategia. Es comprensible que estén decididos a intentar lograr esa curul a cualquier costo, especialmente después del descalabro que sufrieron en la Alcaldía y el desmoronamiento de su lista a la Cámara, pero, por favor señores Uribistas, respeten la dignidad de las personas, respeten el buen nombre del Senador Jorge Prieto, hagan de esta campaña un buen debate político y no un monumento a la politiquería.
Fuente: Oficina de Prensa Jorge Prieto Riveros – Información Política Pagada
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
