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El desespero y la politiquería del Centro Democrático en Casanare

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En Casanare, departamento que solía ser de tendencia Uribista, la dinámica electoral empezó a tomar nuevos rumbos. Desde la victoria de Leonardo Puentes, del Partido Alianza Verde y la Coalición Colombia, en la elección atípica por la Alcaldía de Yopal, el Partido Centro Democrático se vino a menos y desde entonces ha convertido la frustración colectiva en rabia y desespero traducidos en ataques desmedidos e injuriosos en contra del Alcalde de los yopaleños y el Senador Jorge Prieto Riveros, ambos líderes naturales del Partido Alianza Verde en Casanare.

Primero, fue el bochornoso episodio del Tweet de la Senadora María Del Rosario Guerra, quien llegó a afirmar que la campaña del actual Alcalde habría sido financiada por las FARC. Qué irresponsable y peligrosa acusación lanzó la Congresista con el beneplácito de su partido, sin pensar por un segundo en las posibles consecuencias, en el riesgo que corría la vida del burgomaestre y demás dirigentes de la Coalición Colombia ante semejante andanada y la existencia de tantas Bacrim armadas hasta los dientes, producto de un proceso de paz con los paramilitares en el cual no se les exigió entrega de armas.

Decidió entonces, la dirigencia Uribista en Casanare, que debía enfilar los ataques en contra del Senador Prieto, rival al que se enfrentarán en las elecciones de marzo. A través de uno de sus aliados hicieron firmar una queja, dirigida a la Presidencia de la República, a una madre cabeza de hogar que alegaba que el Senador casanareño promovía una urbanización ilegal, y que ella era una de las 300 víctimas.

Resultó que se referían a un trillado proceso legal de más de diez años, ampliamente conocido por la prensa y la opinión casanareña, sobre el cual ya hay dos fallos a favor del Senador y en los cuales se determinó que el único comprador del predio no cumplió con el pago. El Senador, a pesar de tener la posibilidad de recuperar su predio, decidió renunciar a su derecho con el noble propósito de favorecer a las familias afectadas. Pero el objetivo era claro: inducir al error a la Corte Suprema de Justicia para abrir investigación sin que esta conociera de los antecedentes procesales y armar un escándalo mediático.

La honorable Corte decidió llamar a interrogatorio al Senador en diciembre, Prieto solicitó el aplazamiento de la diligencia por motivos de su trabajo congresional. No hubo escándalo en diciembre, y decidieron esperar hasta enero, plena campaña electoral, para filtrar la “noticia” de la citación en medios nacionales. El audio de la noticia fue difundido en Casanare por miembros y allegados de la Oficina de Prensa de la candidata casanareña al Senado por el Partido Uribista. Por supuesto, la prensa casanareña, hastiada del mismo refrito que publican en cada campaña electoral, decidió no hacerle eco a semejante infamia.

Finalmente, ante tanta frustración junta, decidieron entregarle la noticia al único periodista con el cinismo y la desvergüenza suficiente para publicar y complementar la calumnia, el señor Óscar Medina. El señor Medina, furibundo uribista de las redes sociales y vocero del famoso Clan de la Casita, no tuvo ningún problema en prestar su firma para intentar desprestigiar al honorable Senador y hacerle campaña a la prima del Gobernador de Casanare y esposa del Secretario de Planeación Departamental, quien es la candidata al Senado por el Centro Democrático.

Hoy, los casanareños son testigos de la ostentosa campaña mediática de la candidata del Centro Democrático que con vehemencia y arrogancia hace gala del poder económico en el cual fundamentan su estrategia. Es comprensible que estén decididos a intentar lograr esa curul a cualquier costo, especialmente después del descalabro que sufrieron en la Alcaldía y el desmoronamiento de su lista a la Cámara, pero, por favor señores Uribistas, respeten la dignidad de las personas, respeten el buen nombre del Senador Jorge Prieto, hagan de esta campaña un buen debate político y no un monumento a la politiquería.

Fuente: Oficina de Prensa Jorge Prieto Riveros – Información Política Pagada

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CASANARE

Avanza legalización para demolición de Torres del Silencio, la próxima semana iniciarían las obras

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Las familias beneficiarias del proyecto Torres del Silencio en Yopal informaron que el proceso para iniciar la demolición de las 40 estructuras se encuentra en su fase final de legalización, luego de que el contrato fuera adjudicado y se avanzara en los trámites administrativos pendientes. Según Eduardo Salcedo, vocero de la comunidad junto con la presidenta del Barrio La Esmeralda, las pólizas del contratista ya fueron aprobadas y actualmente se adelantan los procesos relacionados con la interventoría y el cumplimiento de obligaciones tributarias exigidas para la firma del acta de inicio.

Salcedo explicó que la documentación correspondiente a la interventoría ya fue publicada en la plataforma SECOP II y que, de acuerdo con los cronogramas de la Unidad de Contratación, se espera que la próxima semana queden completamente legalizados los procesos restantes para dar paso al inicio de las labores. Con estas actuaciones, la comunidad considera que se desvirtúan versiones que señalaban que la empresa adjudicataria no tendría la capacidad de ejecutar la demolición y que estaría buscando a última hora una firma local para asumir el proyecto.

De acuerdo con la información suministrada por el contratista, la demolición tendrá una duración de 45 días y se desarrollará de manera continua, incluyendo fines de semana y festivos. Los trabajos contemplan el uso de maquinaria amarilla, retiro permanente de escombros y la realización previa de visitas técnicas y actas de vecindad para proteger a los habitantes de los sectores aledaños.

Los líderes comunitarios reiteraron además el llamado a la Gobernación de Casanare para que avance simultáneamente en los trámites de la nueva fase constructiva, teniendo en cuenta que los recursos para el proyecto ya habrían sido garantizados. El objetivo, señalaron, es que una vez concluya la demolición se inicie de inmediato la construcción de las nuevas viviendas, evitando más retrasos para cerca de 400 familias que esperan una solución definitiva.

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Comunidad de Paz de Ariporo interviene jarillón afectado por bachacos

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Un jarillón de más de tres kilómetros que protege predios rurales en la vereda Elvecia, municipio de Paz de Ariporo, puso a prueba la unión de la comunidad. Durante la temporada seca, el gobierno de César Ortiz Zorro, mediante Gestión del Riesgo, rehabilitó y reforzó 2,5 kilómetros de esta estructura.

Sin embargo, un tramo cercano a los 500 metros, que había permanecido en buen estado por más de una década gracias al cuidado de campesinos como Arsenio Romero, fue afectado por la presencia de bachacos. Estos insectos provocaron filtraciones que debilitaron cerca de 20 metros del dique.

Ante el riesgo que esta situación representaba para varias viviendas y fincas del sector, los habitantes convocaron un convite comunitario durante el fin de semana. Esta iniciativa fue acompañada por la Dirección de Gestión del Riesgo de la Gobernación de Casanare y contó con el apoyo de la Alcaldía de Paz de Ariporo.

Los trabajos actuales consisten en la construcción de un muro de contención utilizando sacos y material de río para recuperar el tramo afectado. Los sacos son llenados manualmente, trasladados hasta donde pueden ingresar las camionetas y, posteriormente, transportados en carretillas y al hombro hasta el punto de intervención.

A la fecha, se lleva un avance del 60% en la recuperación del jarillón, y esta semana se realizará otra jornada comunitaria para concluir la misión. La comunidad ha demostrado un gran compromiso y esfuerzo, transportando bultos que superan las siete arrobas de peso.

Wilson Porras, director departamental de Gestión del Riesgo, lideró el convite y destacó el trabajo conjunto entre comunidad e instituciones. Señaló que los seis diques ejecutados por el gobierno departamental durante la temporada seca continúan cumpliendo su propósito de proteger a las familias casanareñas que por años sufrieron afectaciones.

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CASANARE

Casanare refuerza medidas contra tabaco y vapeadores para proteger a jóvenes

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La Secretaría de Salud de Casanare continúa fortaleciendo las acciones de prevención frente al consumo de tabaco, cigarrillos electrónicos y vapeadores. El enfoque principal está en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con el propósito de proteger su salud y promover entornos libres de humo y aerosoles.

Según el médico Pedro Cruz, estos productos están lejos de ser inofensivos. Explicó que, aunque se promocionan como alternativas menos dañinas, contienen nicotina y otras sustancias químicas que pueden generar dependencia y afectar el funcionamiento de los pulmones, el corazón y el cerebro.

En Colombia, el tabaquismo está asociado a cerca de 34.800 muertes cada año, lo que lo convierte en uno de los principales problemas de salud pública prevenibles. Por ello, el departamento continúa fortaleciendo las estrategias de prevención, educación y sensibilización orientadas a reducir el consumo de estos productos y sus consecuencias.

Para enfrentar esta problemática, se han socializado los lineamientos del Programa de Cesación de Tabaco con las IPS del departamento, capacitando al talento humano en salud y desarrollando campañas educativas a través del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), incluyendo la difusión de la cartilla “En tus manos, felizmente saludable”.

Las EPS también se han sumado a este esfuerzo, realizando actividades de información y educación sobre los riesgos asociados al consumo de cigarrillos convencionales, vapeadores y otros productos. Asimismo, se fortalecen las acciones de promoción y vigilancia de los espacios libres de humo y aerosoles en los municipios del departamento.

Los resultados de las encuestas nacionales de consumo de sustancias psicoactivas evidencian avances: mientras en 2019 el 10,5% de la población entre 12 y 65 años reportaba consumo de tabaco, para 2023 esta cifra se redujo al 5,3% de la población de 10 años o más. El municipio de Monterrey expidió el Decreto 069 de 2025, que prohíbe a menores de edad el uso, porte, distribución, préstamo, alquiler, venta y consumo de estos productos.

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