CASANARE
El desespero y la politiquería del Centro Democrático en Casanare
En Casanare, departamento que solía ser de tendencia Uribista, la dinámica electoral empezó a tomar nuevos rumbos. Desde la victoria de Leonardo Puentes, del Partido Alianza Verde y la Coalición Colombia, en la elección atípica por la Alcaldía de Yopal, el Partido Centro Democrático se vino a menos y desde entonces ha convertido la frustración colectiva en rabia y desespero traducidos en ataques desmedidos e injuriosos en contra del Alcalde de los yopaleños y el Senador Jorge Prieto Riveros, ambos líderes naturales del Partido Alianza Verde en Casanare.
Primero, fue el bochornoso episodio del Tweet de la Senadora María Del Rosario Guerra, quien llegó a afirmar que la campaña del actual Alcalde habría sido financiada por las FARC. Qué irresponsable y peligrosa acusación lanzó la Congresista con el beneplácito de su partido, sin pensar por un segundo en las posibles consecuencias, en el riesgo que corría la vida del burgomaestre y demás dirigentes de la Coalición Colombia ante semejante andanada y la existencia de tantas Bacrim armadas hasta los dientes, producto de un proceso de paz con los paramilitares en el cual no se les exigió entrega de armas.
Decidió entonces, la dirigencia Uribista en Casanare, que debía enfilar los ataques en contra del Senador Prieto, rival al que se enfrentarán en las elecciones de marzo. A través de uno de sus aliados hicieron firmar una queja, dirigida a la Presidencia de la República, a una madre cabeza de hogar que alegaba que el Senador casanareño promovía una urbanización ilegal, y que ella era una de las 300 víctimas.
Resultó que se referían a un trillado proceso legal de más de diez años, ampliamente conocido por la prensa y la opinión casanareña, sobre el cual ya hay dos fallos a favor del Senador y en los cuales se determinó que el único comprador del predio no cumplió con el pago. El Senador, a pesar de tener la posibilidad de recuperar su predio, decidió renunciar a su derecho con el noble propósito de favorecer a las familias afectadas. Pero el objetivo era claro: inducir al error a la Corte Suprema de Justicia para abrir investigación sin que esta conociera de los antecedentes procesales y armar un escándalo mediático.
La honorable Corte decidió llamar a interrogatorio al Senador en diciembre, Prieto solicitó el aplazamiento de la diligencia por motivos de su trabajo congresional. No hubo escándalo en diciembre, y decidieron esperar hasta enero, plena campaña electoral, para filtrar la “noticia” de la citación en medios nacionales. El audio de la noticia fue difundido en Casanare por miembros y allegados de la Oficina de Prensa de la candidata casanareña al Senado por el Partido Uribista. Por supuesto, la prensa casanareña, hastiada del mismo refrito que publican en cada campaña electoral, decidió no hacerle eco a semejante infamia.
Finalmente, ante tanta frustración junta, decidieron entregarle la noticia al único periodista con el cinismo y la desvergüenza suficiente para publicar y complementar la calumnia, el señor Óscar Medina. El señor Medina, furibundo uribista de las redes sociales y vocero del famoso Clan de la Casita, no tuvo ningún problema en prestar su firma para intentar desprestigiar al honorable Senador y hacerle campaña a la prima del Gobernador de Casanare y esposa del Secretario de Planeación Departamental, quien es la candidata al Senado por el Centro Democrático.
Hoy, los casanareños son testigos de la ostentosa campaña mediática de la candidata del Centro Democrático que con vehemencia y arrogancia hace gala del poder económico en el cual fundamentan su estrategia. Es comprensible que estén decididos a intentar lograr esa curul a cualquier costo, especialmente después del descalabro que sufrieron en la Alcaldía y el desmoronamiento de su lista a la Cámara, pero, por favor señores Uribistas, respeten la dignidad de las personas, respeten el buen nombre del Senador Jorge Prieto, hagan de esta campaña un buen debate político y no un monumento a la politiquería.
Fuente: Oficina de Prensa Jorge Prieto Riveros – Información Política Pagada
Un hecho de violencia sacudió la madrugada de este domingo 22 de marzo en el municipio de Yopal, donde una riña con arma cortopunzante dejó una persona muerta y otra gravemente herida, hermanos entre si. El caso se registró hacia la 1:45 a.m. en el sector de invasión Mi Nueva Esperanza, en zona urbana de la ciudad.
De acuerdo con las autoridades, la víctima mortal fue identificada como Kelli Johan Sánchez Cachaya, de 37 años, quien sufrió heridas en la región precordial y escapular izquierda. Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de la Orinoquía (HORO), falleció debido a la gravedad de las lesiones. En el mismo hecho resultó herido Cristian David Sánchez Cachaya, de 27 años, quien presenta múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo y permanece bajo atención médica.
Según el reporte oficial, ambos hombres se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en una de las viviendas de la invasión, cuando se desató una discusión con un vecino por el ruido excesivo que estaba generando. La situación escaló rápidamente y terminó en un ataque con cuchillo, perpetrado por el vecino ruidoso identificado como Jeremías Andrés Burgos Cabrera, quien respondió así cuando los hermanos Sánchez Cachaya le reclamaron, y, presuntamente, le lanzaron una botella.
El señalado agresor fue capturado por la Policía en el lugar de los hechos, donde además se incautó el arma cortopunzante utilizada en la agresión. Las autoridades indicaron que tanto la víctima mortal como el capturado registran antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido.
CASANARE
Esta Semana Santa consuma pescado producido en Casanare, PezCasanare campaña de la Gobernación
En el marco de la Semana Santa, la Gobernación de Casanare impulsa el consumo de pescado producido en el departamento a través de la campaña PezCasanare, una estrategia orientada a incentivar la compra de productos cultivados con prácticas responsables y sostenibles, en respaldo a las comunidades rurales.
La iniciativa se desarrolla en un contexto de crecimiento de la acuicultura, que se consolida como una de las actividades productivas con mayor proyección. Durante 2024, la producción piscícola de Casanare registró un aumento del 45% frente a otros departamentos, evidenciando su capacidad para posicionarse a nivel nacional en el cultivo de especies como mojarra, cachama y trucha.
El departamento cuenta con cerca de 1.200 unidades productivas y alrededor de 883 hectáreas de espejo de agua, lo que permite alcanzar una producción anual cercana a 14.000 toneladas de pescado. Estas cifras evidencian la dinámica del sector y su aporte a la economía.
El secretario de Agricultura, Alexi Duarte, señaló que la campaña busca fortalecer el consumo de pescado producido en Casanare, destacando especies como la mojarra y la trucha cultivada en La Salina, además de reconocer el trabajo de los productores que han recibido asistencia técnica y procesos de capacitación.
Entretanto, municipios como Monterrey, Villanueva, Sabanalarga, Tauramena, Yopal, Aguazul, Nunchía, San Luis de Palenque y Sácama concentran la actividad piscícola, generando empleo para más de 200 actores del sector y aportando a la seguridad alimentaria.
Finalmente, la proyección del sector contempla la construcción de una planta de procesamiento de pescado, iniciativa liderada por el gobernador César Ortiz Zorro, que permitirá diversificar la oferta, acceder a nuevos mercados y fortalecer los estándares de calidad.
CASANARE
Excomandante del Batallón de Tauramena reconoció tardíamente su culpa en “falsos positivos”
“Lo único que me interesa es reparar todo el daño que les he causado”, dijo el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán ante más de 70 familiares de víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate, entre ellas un sobreviviente. Sus palabras se escucharon durante la audiencia restaurativa convocada por la JEP, luego de que el compareciente se retractara y anunciara su decisión de reconocer responsabilidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad imputados.
Según relató, solo logró dimensionar el daño causado al acercarse y escuchar lo que han vivido las víctimas. No se refería únicamente a la audiencia realizada este 18 y 19 de marzo, en Yopal, sino también a los encuentros privados ordenados por la JEP, con el acompañamiento de expertos psicosociales, en los que tuvo la oportunidad de conocer los daños que estos crímenes causaron en las víctimas, sus familias, las comunidades y los territorios. “Vi hijos sin padres, madres sin hijos, esposas sin esposo; hogares que destruí. Vi su resiliencia para superar los tratos discriminatorios a los que tuvieron que someterse ante funcionarios del Estado por mi culpa”, dijo.
León Durán fue convocado a esta audiencia tras ser imputado como máximo responsable en el Subcaso Casanare del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate. Como inicialmente negó su responsabilidad, su proceso fue remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), lo que activó la ruta adversarial. Sin embargo, antes de que se presentara el escrito de acusación en su contra, el teniente coronel retirado decidió reconocer su responsabilidad por al menos 30 crímenes cometidos cuando comandó el Batallón de Infantería No. 44 ‘Ramón Nonato Pérez’.
Se trata de hechos ocurridos entre el 12 de diciembre de 2005 y el 15 de noviembre de 2006. La imputación se dio en calidad de coautor mediato, por crímenes de guerra y de lesa humanidad, por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada. Según la investigación, el patrón macrocriminal se desplegó mediante tres modalidades: 1) La ejecución de personas capturadas o puestas fuera de combate, 2) La selección de víctimas a partir de información de inteligencia falsa y 3) El reclutamiento de personas bajo engaño con promesas de empleo.
Por eso, este reconocimiento, que se produce en un momento avanzado del proceso judicial, marcó un punto de inflexión en su caso. Se trata del primer proceso de reconocimiento tardío en la JEP, que ocurre cuando un compareciente, tras haber negado su responsabilidad, decide retractarse y aceptar los hechos antes de que se emita una sentencia en su contra. En estos casos, los comparecientes pueden acceder a una Sanción Alternativa, que contempla entre 5 y 8 años de privación de la libertad, así como otras medidas restaurativas orientadas a reparar los daños causados a las víctimas y contribuir a la no repetición.
El reconocimiento
Su reconocimiento llegó después de años de silencio y negación, y tras escuchar los relatos y las demandas de verdad y reconocimiento de las víctimas. Por la naturaleza de este proceso, decidió de manera voluntaria y consciente aceptar su responsabilidad y solicitar la realización de una audiencia restaurativa para iniciar un camino de dignificación de las víctimas, con un reconocimiento fáctico, jurídico y restaurativo que corresponda a la realidad de los hechos. Por su parte, los magistrados precisaron que este “no es un escenario adversarial ni un debate probatorio; su finalidad es facilitar la resolución de los conflictos y propender por el restablecimiento de los derechos de las víctimas”.
Al escuchar a las víctimas durante la audiencia, el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán reiteró los compromisos que había adquirido con ellas y les dijo: “Quiero hacer entrega de la copia del archivo operacional. Ese archivo demuestra que el original fue alterado y modificado mediante documentos e informaciones. Esta entrega la hago con el objeto de que se utilice toda la información detallada que hay ahí, en donde aparecen los nombres de los miembros que participaron en cada hecho, así como de funcionarios de otras instituciones. Esta documentación consta de 26 carpetas, y entrego también 17 carpetas con las capturas realizadas durante el tiempo que estuve como comandante del batallón”.
Durante su intervención, León Durán leyó, uno a uno, los hechos, los nombres de las víctimas y las fechas de sus asesinatos: civiles que fueron presentados falsamente como bajas en combate. Asimismo, explicó que ya rindió una primera entrevista ante la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, entregó documentos con información relevante y continúa colaborando con esa entidad para obtener datos que contribuyan a su búsqueda. “Encontrar los cuerpos de las víctimas es un compromiso que tengo y que siempre he ratificado. Es motivo de intranquilidad y no me deja dormir aceptar que fui partícipe del asesinato de sus familiares y que, pasados 20 años, persiste la desaparición forzada”, dijo.
Las víctimas alzaron su voz
Durante la audiencia, las víctimas tomaron la palabra para exponer el dolor, los impactos que estos crímenes dejaron en sus vidas, familias y comunidades, así como sus demandas de verdad, reconocimiento y dignificación. Sus intervenciones permitieron reconstruir lo ocurrido e interpelaron directamente al compareciente sobre su responsabilidad.
El primero en intervenir fue Siervo Fernández Cuervo, único sobreviviente de los hechos atribuidos a Germán Alberto León Durán, quien tomó la palabra para reclamar justicia y exigir que se limpiara su nombre. “Mi señora madre se fue de este mundo, al igual que mi padre, con la esperanza de que se supiera que yo no era ningún guerrillero”, dijo. Relató cómo su vida cambió desde el 26 de febrero de 2006, cuando integrantes del Birno intentaron asesinarlo. “Desde esa fecha para acá mi vida cambió. Mi señora de esa época decidió irse de mi lado porque decía que en cualquier momento llegaba la tropa y nos sacaba”, contó.
A su turno, Kevin Córdoba Arias dijo: “Estoy aquí para hablar por mi tío porque a él lo silenciaron dos veces: primero con las balas y luego con la estigmatización”. Nombrando uno a uno a los integrantes de su familia, afirmó: “Vengo a dignificar su nombre. Giovanny era hijo, hermano, tío y sobrino; era un hombre con sueños, con una familia que lo esperaba. No era un criminal. Exijo que su nombre sea limpiado de manera oficial y pública, que el país conozca la verdad”.
Dirigiéndose a León Durán, Diana Marcela, hija de Héctor Contreras, una de las víctimas documentadas en la investigación, le dijo: “Quiero pedirle que me ayude a encontrar a mi papá. Es el único acto de reparación que puede servir para mí: saber la verdad y poder hallarlo”. En ese mismo sentido, alzó la voz Ana Rita, hermana de Bautista Leguizamón, desaparecido el 15 de marzo de 2006: “Necesitamos un lugar donde podamos ir a llorarlo y saber dónde están. Han pasado muchos años”.
A su turno, otra de las víctimas que intervino, Alba Doraima, hermana de Carlos Alfonso Fonseca, dijo durante la audiencia: “Tal vez esa sea una de las lecciones más importantes para Colombia: que el camino hacia la paz no nace del olvido, sino del reconocimiento, del respeto y de la memoria”. En esa misma orilla se paró Daniel Alejandro, hijo de Gustavo Adolfo Wilkin Correa, asesinado el 16 de agosto de 2006. “La paz se construye aquí, en audiencias como estas, donde, por primera vez, alguien dice públicamente: ‘yo fui responsable’, y eso no borra el daño, pero es el primer ladrillo. Y Colombia necesita más ladrillos, necesita muchos ladrillos, necesita que las personas que tomaron las decisiones más grandes y que causaron el daño más profundo también se paren aquí algún día”, dijo.
En ese mismo sentido, el magistrado Gustavo Salazar recalcó que “6.402 es una cifra que hoy tiene rostro en este auditorio y que a pesar de su dimensión no describe la indignación, el resentimiento, la desolación y la ausencia de verdad y justicia durante tantos años. Los crímenes que abordamos hoy son el reflejo de la caída moral de una institucionalidad que no se miró hacia adentro” y concluyó diciendo: “hoy estamos acá para realzar la inocencia, más allá de los grises de la condición humana, porque estos crímenes fueron actos injustos en toda su injusticia; el maltrato, la tortura, la humillación y el asesinato del desvalido, del ingenuo, del sometido, jamás son admisibles”.
¿Qué sigue?
Luego de esta audiencia, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad emitirá la sentencia respectiva, mediante la cual se impondrá la Sanción Alternativa al compareciente Germán Alberto León Durán. De acuerdo con lo previsto, esta sanción puede oscilar entre cinco y ocho años de privación efectiva de la libertad y un componente restaurativo.
