CASANARE
El desespero y la politiquería del Centro Democrático en Casanare
En Casanare, departamento que solía ser de tendencia Uribista, la dinámica electoral empezó a tomar nuevos rumbos. Desde la victoria de Leonardo Puentes, del Partido Alianza Verde y la Coalición Colombia, en la elección atípica por la Alcaldía de Yopal, el Partido Centro Democrático se vino a menos y desde entonces ha convertido la frustración colectiva en rabia y desespero traducidos en ataques desmedidos e injuriosos en contra del Alcalde de los yopaleños y el Senador Jorge Prieto Riveros, ambos líderes naturales del Partido Alianza Verde en Casanare.
Primero, fue el bochornoso episodio del Tweet de la Senadora María Del Rosario Guerra, quien llegó a afirmar que la campaña del actual Alcalde habría sido financiada por las FARC. Qué irresponsable y peligrosa acusación lanzó la Congresista con el beneplácito de su partido, sin pensar por un segundo en las posibles consecuencias, en el riesgo que corría la vida del burgomaestre y demás dirigentes de la Coalición Colombia ante semejante andanada y la existencia de tantas Bacrim armadas hasta los dientes, producto de un proceso de paz con los paramilitares en el cual no se les exigió entrega de armas.
Decidió entonces, la dirigencia Uribista en Casanare, que debía enfilar los ataques en contra del Senador Prieto, rival al que se enfrentarán en las elecciones de marzo. A través de uno de sus aliados hicieron firmar una queja, dirigida a la Presidencia de la República, a una madre cabeza de hogar que alegaba que el Senador casanareño promovía una urbanización ilegal, y que ella era una de las 300 víctimas.
Resultó que se referían a un trillado proceso legal de más de diez años, ampliamente conocido por la prensa y la opinión casanareña, sobre el cual ya hay dos fallos a favor del Senador y en los cuales se determinó que el único comprador del predio no cumplió con el pago. El Senador, a pesar de tener la posibilidad de recuperar su predio, decidió renunciar a su derecho con el noble propósito de favorecer a las familias afectadas. Pero el objetivo era claro: inducir al error a la Corte Suprema de Justicia para abrir investigación sin que esta conociera de los antecedentes procesales y armar un escándalo mediático.
La honorable Corte decidió llamar a interrogatorio al Senador en diciembre, Prieto solicitó el aplazamiento de la diligencia por motivos de su trabajo congresional. No hubo escándalo en diciembre, y decidieron esperar hasta enero, plena campaña electoral, para filtrar la “noticia” de la citación en medios nacionales. El audio de la noticia fue difundido en Casanare por miembros y allegados de la Oficina de Prensa de la candidata casanareña al Senado por el Partido Uribista. Por supuesto, la prensa casanareña, hastiada del mismo refrito que publican en cada campaña electoral, decidió no hacerle eco a semejante infamia.
Finalmente, ante tanta frustración junta, decidieron entregarle la noticia al único periodista con el cinismo y la desvergüenza suficiente para publicar y complementar la calumnia, el señor Óscar Medina. El señor Medina, furibundo uribista de las redes sociales y vocero del famoso Clan de la Casita, no tuvo ningún problema en prestar su firma para intentar desprestigiar al honorable Senador y hacerle campaña a la prima del Gobernador de Casanare y esposa del Secretario de Planeación Departamental, quien es la candidata al Senado por el Centro Democrático.
Hoy, los casanareños son testigos de la ostentosa campaña mediática de la candidata del Centro Democrático que con vehemencia y arrogancia hace gala del poder económico en el cual fundamentan su estrategia. Es comprensible que estén decididos a intentar lograr esa curul a cualquier costo, especialmente después del descalabro que sufrieron en la Alcaldía y el desmoronamiento de su lista a la Cámara, pero, por favor señores Uribistas, respeten la dignidad de las personas, respeten el buen nombre del Senador Jorge Prieto, hagan de esta campaña un buen debate político y no un monumento a la politiquería.
Fuente: Oficina de Prensa Jorge Prieto Riveros – Información Política Pagada
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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