CASANARE
El desespero y la politiquería del Centro Democrático en Casanare
En Casanare, departamento que solía ser de tendencia Uribista, la dinámica electoral empezó a tomar nuevos rumbos. Desde la victoria de Leonardo Puentes, del Partido Alianza Verde y la Coalición Colombia, en la elección atípica por la Alcaldía de Yopal, el Partido Centro Democrático se vino a menos y desde entonces ha convertido la frustración colectiva en rabia y desespero traducidos en ataques desmedidos e injuriosos en contra del Alcalde de los yopaleños y el Senador Jorge Prieto Riveros, ambos líderes naturales del Partido Alianza Verde en Casanare.
Primero, fue el bochornoso episodio del Tweet de la Senadora María Del Rosario Guerra, quien llegó a afirmar que la campaña del actual Alcalde habría sido financiada por las FARC. Qué irresponsable y peligrosa acusación lanzó la Congresista con el beneplácito de su partido, sin pensar por un segundo en las posibles consecuencias, en el riesgo que corría la vida del burgomaestre y demás dirigentes de la Coalición Colombia ante semejante andanada y la existencia de tantas Bacrim armadas hasta los dientes, producto de un proceso de paz con los paramilitares en el cual no se les exigió entrega de armas.
Decidió entonces, la dirigencia Uribista en Casanare, que debía enfilar los ataques en contra del Senador Prieto, rival al que se enfrentarán en las elecciones de marzo. A través de uno de sus aliados hicieron firmar una queja, dirigida a la Presidencia de la República, a una madre cabeza de hogar que alegaba que el Senador casanareño promovía una urbanización ilegal, y que ella era una de las 300 víctimas.
Resultó que se referían a un trillado proceso legal de más de diez años, ampliamente conocido por la prensa y la opinión casanareña, sobre el cual ya hay dos fallos a favor del Senador y en los cuales se determinó que el único comprador del predio no cumplió con el pago. El Senador, a pesar de tener la posibilidad de recuperar su predio, decidió renunciar a su derecho con el noble propósito de favorecer a las familias afectadas. Pero el objetivo era claro: inducir al error a la Corte Suprema de Justicia para abrir investigación sin que esta conociera de los antecedentes procesales y armar un escándalo mediático.
La honorable Corte decidió llamar a interrogatorio al Senador en diciembre, Prieto solicitó el aplazamiento de la diligencia por motivos de su trabajo congresional. No hubo escándalo en diciembre, y decidieron esperar hasta enero, plena campaña electoral, para filtrar la “noticia” de la citación en medios nacionales. El audio de la noticia fue difundido en Casanare por miembros y allegados de la Oficina de Prensa de la candidata casanareña al Senado por el Partido Uribista. Por supuesto, la prensa casanareña, hastiada del mismo refrito que publican en cada campaña electoral, decidió no hacerle eco a semejante infamia.
Finalmente, ante tanta frustración junta, decidieron entregarle la noticia al único periodista con el cinismo y la desvergüenza suficiente para publicar y complementar la calumnia, el señor Óscar Medina. El señor Medina, furibundo uribista de las redes sociales y vocero del famoso Clan de la Casita, no tuvo ningún problema en prestar su firma para intentar desprestigiar al honorable Senador y hacerle campaña a la prima del Gobernador de Casanare y esposa del Secretario de Planeación Departamental, quien es la candidata al Senado por el Centro Democrático.
Hoy, los casanareños son testigos de la ostentosa campaña mediática de la candidata del Centro Democrático que con vehemencia y arrogancia hace gala del poder económico en el cual fundamentan su estrategia. Es comprensible que estén decididos a intentar lograr esa curul a cualquier costo, especialmente después del descalabro que sufrieron en la Alcaldía y el desmoronamiento de su lista a la Cámara, pero, por favor señores Uribistas, respeten la dignidad de las personas, respeten el buen nombre del Senador Jorge Prieto, hagan de esta campaña un buen debate político y no un monumento a la politiquería.
Fuente: Oficina de Prensa Jorge Prieto Riveros – Información Política Pagada
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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