REGIÓN
Proyecto de ley busca exaltar la vaquería como deporte nacional y patrimonio cultural inmaterial
El Representante a la Cámara por Casanare, Hugo Archila, radicó ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes el proyecto de ley “Por medio de la cual se exalta la vaquería como una manifestación del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación y se dictan otras disposiciones”.
“Este proyecto busca no solo rendir homenaje a nuestra identidad llanera, sino también garantizar que sea reconocido como deporte nacional en sus modalidades de Lazo Criollo, Carrera de Barriles, Team Penning y Team Roping siendo además una manifestación cultural que representa nuestra historia y tradiciones. La vaquería es más que una actividad; es un deporte que une familias, un símbolo de nuestra cultura llanera, del esfuerzo y de la relación que tenemos con nuestra tierra”, dijo Archila.
La iniciativa que fue radicada en la tarde de este jueves por parte del Representante casanareño y que contó con el acompañamiento de los congresistas Germán Rozo, Mónica Bocanegra, Cristian M. Garcés, Lina María Garrido, Maria Eugenia Lopera, Ana Paola García, Karen Manrique y Jaime Rodríguez, también tuvo la participación de Israel Alberto Perdomo, Lina María Perdomo, Laura Janneth Perdomo, Sandra Janeth Rivera y Jorge Luis Villamil en representación del gremio de criadores, tiene como objetivo reconocer la vaquería, una tradición ancestral de la región llanera de Colombia, como un elemento clave del patrimonio cultural inmaterial del país, resaltando su importancia como parte integral de la identidad cultural de los llaneros y de la nación.
Esta actividad tradicional vinculada al trabajo de campo y la crianza del ganado, ha sido parte fundamental del desarrollo social y económico de las regiones de los Llanos Orientales, especialmente en Casanare, y ha perdurado a lo largo de los siglos como una práctica que une a comunidades, familias y generaciones.
El proyecto de ley establece la creación de mecanismos de protección para la vaquería, promoviendo su enseñanza, divulgación y conservación en el país, así como el fomento de su práctica a nivel nacional e internacional. Además, se plantea el fortalecimiento de las políticas públicas relacionadas con la preservación del patrimonio cultural inmaterial, garantizando que las futuras generaciones puedan conocer y valorar esta tradición.
El reconocimiento oficial de la vaquería como patrimonio cultural inmaterial permitirá que esta actividad no solo sea preservada, sino también promovida en escenarios culturales, educativos y turísticos, con el fin de ampliar su alcance y significado para el pueblo colombiano y el mundo entero.
Con esta radicación, el Representante Hugo Archila reafirma su compromiso con la defensa de las tradiciones y la cultura de su región, al tiempo que busca fortalecer el reconocimiento de la diversidad cultural de Colombia ante el mundo.
Fuente: Comunicaciones Representante Hugo Archila
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
