REGIÓN
Prosperidad Social anuncia fortalecimiento de comunidades étnicas en la Orinoquía
El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar Moreno, y representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), lanzaron la nueva implementación de Iraca.
Iraca es un programa de Prosperidad Social, que contribuye a la transformación de las condiciones de exclusión y vulnerabilidad de las comunidades étnicas: facilita oportunidades para la generación de ingresos, promueve el acceso a alimentos para el autoconsumo, en el marco de la lucha contra el hambre, y enriquece la organización social y comunitaria.
La inversión es de 70.200 millones de pesos: Prosperidad Social aportará 54.798 millones de pesos; y el socio cooperante UNODC, 15.402 millones de pesos. En esta implementación, el programa está dirigido a hogares de comunidades indígenas y afrocolombianas, que se encuentran en situación de pobreza extrema, vulnerabilidad o en riesgo de desaparición física o cultural.
El DANE reportó que, en 2023, la incidencia de pobreza extrema para hogares indígenas fue de 35,5 %, y en hogares afrocolombianos fue de 17,3 %. En ambos casos, fue muy superior a la incidencia nacional: 11,4 %; y a la incidencia para hogares sin autorreconocimiento étnico: 9,6 %.
“Beneficiaremos a 9.431 hogares: 8.341 hogares son indígenas y 1.090 son afrocolombianos. Los beneficiarios están en 67 territorios étnicos de 14 departamentos del país”, informó Bolívar. Los departamentos son: Arauca, Caquetá, Casanare, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, La Guajira, Meta, Nariño, Putumayo, Tolima, Valle del Cauca y Vichada.
Programa con enfoque ambiental
Iraca también contribuye con la protección de la diversidad biológica de los territorios étnicos. Implementa proyectos ambiental y socialmente sostenibles, reconoce los usos y costumbres ancestrales y fortalece las prácticas tradicionales de producción, mediante el uso de semillas nativas y desde un enfoque del derecho humano a la alimentación.
El programa desarrollará tres componentes: fortalecimiento social y comunitario, seguridad alimentaria y generación de excedentes agroproductivos.
Entregará incentivos en especie, con un proceso de acompañamiento en encuentros y visitas a los hogares participantes, en los que trabajará en el fortalecimiento de capacidades para la sostenibilidad de los proyectos.
Todos los hogares recibirán insumos, para el desarrollo de un proyecto integral por territorio colectivo, que será formulado con las autoridades étnicas y los hogares de las comunidades focalizadas por el programa. Los valores de los insumos son:
– Para seguridad alimentaria: 906.000 pesos por unidad familiar.
– Para generación de excedentes agroproductivos: 2.570.000 pesos por unidad familiar, grupal o colectivo.
– Para fortalecimiento social y comunitario: 204.000 pesos por hogar.
Fuente: Prosperidad Social
Contratistas del municipio de Sogamoso se encuentran alarmados por comunicaciones que han recibido en los últimos días de alias ‘Antonio Medina’, comandante del frente 28 José María Córdoba de las disidencias de las Farc.
En el escrito se señala que el motivo de la comunicación es tratar tres temas: laboral, social y económico.
“Muy respetuosamente nos dirigimos a usted como (ingeniero) para que venga o envíe un delegado para tratar los temas ya mencionados”, dice la comunicación.
Finalmente les agradece la atención prestada y les pide que por su seguridad contesten una videollamada.
El 24 de noviembre del 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció la expulsión de Omar Pardo Galeano, alias ‘Antonio Medina’, un firmante de paz que violó los acuerdos del 2016, volvió a las armas y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en el departamento de Arauca.
En noviembre del año pasado las Fuerzas Militares de Colombia adelantaron una operación, que denominaron de alta precisión, contra alias ‘Antonio Medina’, sin resultados positivos.
Tomado de: Boyacá 7 días
REGIÓN
Judicializada familia señalada de estafar a 45 personas con falsas promesas de vivienda en Duitama
La Fiscalía General de la Nación judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como posibles responsables de engañar a ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de, por lo menos, 45 personas afectadas.
Los tres integrantes del mismo núcleo familiar son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y facilitar el engaño. Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
A su vez, Yolanda Lucía Divantoque Gómez y Diego Alejandro Guarín Divantoque, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, cargo que no fue aceptado. Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
