CASANARE
Prorrogan por 6 meses estado de calamidad pública por coronavirus en Casanare
El Consejo de Gestión del Riesgo de Desastres avaló la prórroga del estado de emergencia en Casanare, así mismo, aprobó la adecuación de un laboratorio para para el procesamiento y análisis de pruebas, y la ampliación de la conectividad en colegios públicos del Departamento.
En sesión extraordinaria del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD) se otorgó las facultades al gobernador Salomón Sanabria para que prorrogue el Decreto 115 del 23 de marzo, con el que se declaró el estado de calamidad pública en Casanare en razón a la pandemia del COVID-19 – 19, lo que le permite al mandatario continuar en la atención y mitigación de esta emergencia.
En la misma reunión, el Comité dio voto positivo a la inclusión de una nueva actividad al plan de acción específico de la calamidad pública, en la que se busca adecuar la infraestructura del Laboratorio de Salud Pública Departamental, con espacios, ambientes y dotación de mobiliario fijo para el procesamiento y análisis de pruebas moleculares, que permitan una respuesta oportuna en la detección del COVID-19.
Convectividad para Colegios
Con el ánimo de mejorar la conectividad en la población estudiantil en aislamiento, el CDGRD aprobó también la incorporación en el plan de acción de la ampliación de la infraestructura tecnológica, acceso y uso de las TIC en los establecimientos educativos públicos del Departamento.
“Buscamos facilitar las actividades de trabajo en casa, para los estudiantes de los hogares más vulnerables”, dijo la secretaria de Educación, Elisabeth Ojeda.
Según lo señalado por Guillermo Pérez, director de Gestión del Riesgo en Casanare, en estas dos actividades la Administración Departamental realizará una inversión de 954 millones de pesos, con lo cual se continúa haciendo frente al virus desde diferentes sectores.
Fuente: Comunicaciones Gobernación de Casanare
CASANARE
En Yopal, adulto mayor asesinó a su expareja tras discusión por intención de vender vivienda
Un nuevo caso de violencia intrafamiliar terminó en tragedia la mañana de este viernes 15 de mayo de 2026 en Yopal, cuando fue asesinada María Ofelia Mendoza Martínez, de 66 años, a manos de su excompañero sentimental en medio de una discusión dentro de su vivienda, en la carrera 12 con calle 42, barrio El Fical.
De acuerdo con la información oficial, la víctima, quien era modista y pertenecía a la Junta de Acción Comunal del sector, recibió una herida en el tórax con arma cortopunzante, lesión que le causó la muerte en la puerta del lugar de los hechos, hasta donde alcanzó a caminar en busca de ayuda. El ataque se habría producido tras una disputa relacionada con la intención del agresor de vender la casa en la que ambos habían residido.
El responsable fue identificado como Pedro Pablo Gualdrón Beltrán, de 73 años, quien luego de agredir a la mujer se autolesionó en el abdomen. La rápida reacción de la patrulla policial permitió su captura en flagrancia, luego de que uniformados acudieran al sitio alertados por voces de auxilio.
Como antecedente relevante, se conoció que la víctima había denunciado en 2009 a su agresor por violencia intrafamiliar, lo que vuelve a poner en evidencia la persistencia de este tipo de conflictos y su trágico desenlace cuando no se logran contener a tiempo. Las autoridades avanzan en el proceso judicial contra el capturado.
CASANARE
En Villanueva, Juez declaró nulo Acuerdo Municipal que permitía legalizar asentamientos humanos
El Juzgado Primero Administrativo de Yopal declaró en primera instancia la nulidad del Acuerdo Municipal 015 del 31 de agosto de 2025, expedido por el Concejo Municipal de Villanueva, mediante el cual se delegaban facultades al alcalde para la legalización y regularización urbanística de asentamientos humanos de origen informal.
La decisión judicial se fundamenta en irregularidades en el trámite del proyecto de acuerdo. Dentro del proceso se encontró que este proyecto de acuerdo era de iniciativa exclusiva del Alcalde para su presentación ante el cabildo, pero el mismo fue presentado por el concejal Juan Carlos Caldas Ramírez, lo cual vició el proceso.
El despacho concluyó que el acuerdo fue tramitado sin cumplir el requisito según el cual este tipo de iniciativas, que implican delegación de funciones del concejo, deben ser presentadas exclusivamente por el alcalde. Esta omisión fue considerada un vicio sustancial en la formación del acto administrativo. Al emitir concepto dentro del proceso, la Procuraduría estuvo de acuerdo en solicitar, de igual manera, la nulidad del mencionado Acuerdo Municipal.
En consecuencia, el juzgado determinó que el Acuerdo 015 de 2025 incurrió en infracción de las normas en que debía fundarse, lo que llevó a declarar su nulidad. La demanda fue presentada por el ciudadano Elkin Almonacid Herrera, quien alega que la ejecución del acuerdo podría generar no solo daños patrimoniales al municipio sino riesgos ambientales, sanitarios, y ecológicos dada la eventual legalización de loteos ilegales sin servicios públicos.
El Concejo Municipal por su parte, rechazó las afirmaciones del demandante sobre supuestas intenciones ilícitas, favorecimientos políticos o encubrimiento de urbanización ilegal, señalando que tal afirmación carece de pruebas y constituyen apreciaciones subjetivas.
CASANARE
Enerca le salió al paso a denuncias de presuntas irregularidades laborales de uno de sus contratistas
Ante la controversia, la empresa informó que actuó de manera inmediata solicitando al contratista un informe detallado que permita esclarecer cada uno de los casos denunciados, así como las acciones realizadas en cumplimiento de sus obligaciones contractuales. La respuesta busca determinar respuesta a las denuncias que se han venido conociendo.
ENERCA reiteró su compromiso con la transparencia, el respeto por los derechos de los usuarios y la integridad de los trabajadores, asegurando que todos los procesos, tanto directos como tercerizados, deben ajustarse a la normatividad vigente en la prestación del servicio de energía.
Finalmente, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para que utilice los canales oficiales de atención y denuncia, con el fin de reportar cualquier irregularidad. Esto, indicó, permitirá adelantar revisiones objetivas y garantizar que las situaciones sean atendidas con responsabilidad institucional.
