REGIÓN
Propietarios de piscinas en Boyacá deben acatar normas de seguridad para evitar accidentes
La Secretaría de Salud de Boyacá, hace un llamado a los propietarios, administradores, nadadores y comunidad en general, para que en esta temporada vacacional cumplan y tengan en cuenta los reglamentos y normas de bioseguridad en los establecimientos de piscina y estructuras similares.
La Sectorial recuerda que es obligación de estos establecimientos cumplir con el plan de seguridad de piscinas, con las acciones previstas en el mismo y ponerlo a disposición de la autoridad competente cuando ésta lo solicite, así como elaborar y hacer cumplir el reglamento de uso de la piscina, el cual se deberá fijar en lugar visible para los bañistas y acompañantes.
Además, deben velar porque las personas preserven la calidad del agua, su buen uso y la seguridad durante su permanencia en el establecimiento, a su vez, es responsabilidad de nadadores, padres y acompañantes de bañistas menores de edad, cumplir con el reglamento e informar sobre cualquier situación de riesgo a sus responsables, operarios o piscineros.
La referente del programa de Calidad de Agua de la Secretaría de Salud departamental, Yaneth Zipa Casas, informó que los bañistas deben exigir la presencia de salvavidas para que esté pendiente de los niños menores de 12 y en general de todas las personas, además de tener en cuenta los protocolos de bioseguridad.
Explicó que no se debe permitir el acceso a menores de doce 12 años sin la compañía de un adulto responsable, así como mantener permanentemente el agua limpia y sana, “se debe tener un botiquín de primeros auxilios con elementos para curaciones; en el área de la piscina deben disponerse por lo menos dos (2) flotadores circulares con cuerda y un bastón con gancho; se debe escribir en colores vistosos y en letra grande, visible con claridad para cualquier persona la profundidad máxima de la piscina; es importante disponer de un teléfono o citófono para llamadas de emergencia en el lugar las 24 horas del día”, puntualizó la referente.
Finalmente, Zipa Casas indicó que en todas las piscinas debe existir un cerramiento, alarma de agua o detector de inmersión, cubiertas antiatrapamiento y el sistema de seguridad de liberación de vacío, los cuales deberán obtener el respectivo certificado de conformidad para evitar accidentes que afecten la vida y la salud de las personas.
Fuente: Gobernación de Boyacá
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
