CASANARE
Propietario de vehículo que causó muerte en accidente a dos personas es funcionario del CTI
El coordinador seccional de Fiscalías en Casanare, Jhon Fredy Encinales, confirmó que en el accidente del pasado domingo en horas de la noche, donde perdieron la vida dos personas en la vía Yopal – Paz de Ariporo, se vio involucrado un vehículo de propiedad de un funcionario del CTI.
Según el funcionario, la camioneta Chevrolet Captiva de placas DYM 952 es propiedad de un funcionario del CTI que en este momento se encuentra de vacaciones, y el lunes en horas de la mañana se presentó voluntariamente en las instalaciones de la URI en Yopal, luego de haber huido del lugar del accidente.
El funcionario al que se hace referencia es Cloviz Arbey Duque Vega, propietario de la camioneta Chevrolet Captiva involucrada en el accidente, pero aun no se ha oficializado si en el momento del accidente éste era el conductor del vehículo, y en caso de serlo porqué huyó del sitio abandonándolo.
Tanto el coordinador seccional de Fiscalías como el Comandante de la Policía de Tránsito, mayor Antonio Londoño, se limitaron a señalar que se están adelantando los actos urgentes, a fin de precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en qué ocurrieron los hechos, que causaron la muerte del señor Luis Antonio Prada Alvarado y Luz Dary Atehortua, ocupantes de la motocicleta de placas GUF 19E, cuando la camioneta de propiedad del funcionario del CTI les invadió el carril.
Según consulta realizada al SIMIT, el propietario de la camioneta, Cloviz Arbey Duque Vega, tiene la Licencia de Conducción cancelada por conducir en estado de embriaguez y haber sido sancionado por el organismo de tránsito de Yopal en el año 2015.
#ACTUALESComandante Policía Tránsito (carreteras) My Antonio Londoño, entrega detalles del accidente ocurrido la noche anterior, donde fallecieron dos personas.
Posted by El Diario Del Llano on Monday, February 19, 2018
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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