META
Procuraduría formuló cargos al alcalde, exalcalde y 13 exfuncionarios de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos por valor de $2.545.537.290 pesos, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos al alcalde de Puerto Gaitán, Meta (2016-2019), José Alexander Fierro Guayara, quien también habría cometido esta conducta en el 2013 cuando se desempeñó como secretario local de Educación y Cultura.
La decisión también cobija al exalcalde, Édgar Humberto Silva González (2012-2015); a los exsecretarios administrativos y financieros, Ramón Octavio Colina y Gina Marcela Herrera; los exsecretarios de Gobierno, Ángela María Moreno Neira, Henry Alberto Villamarín, Luis Ever Riveros Mayorga, Martha Isabel Serrano García y William Alberto Cubillos Hernández; al exjefe de la Oficina Asesora de Planeación, Luis Alejandro Castellanos Rodríguez; los exsecretarios agropecuarios y de Medio Ambiente, Moisés Gualdrón Jaspe, Nohemy Peñuela Cano y Ómar Sebastián Páez Cocunubo; la exdirectora local de Salud, Yenneire Ochoa Bernal, y el exsecretario de Infraestructura, William Oswaldo Morales Rojas.
Al parecer, los investigados habrían solicitado, gestionado, tramitado, aprobado y legalizado recursos públicos municipales a través de resoluciones de avance, una figura que les habría permitido la destinación irregular de dineros, durante el periodo comprendido entre el 24 de mayo de 2013 y el 23 de mayo de 2016.
El ente de control cuestionó a Fierro Guayara y Silva González por la presunta falta de control y vigilancia sobre la actividad precontractual y contractual, que fue delegada en los secretarios de Gobierno de turno.
A los demás exfuncionarios se les endilgó un posible mal manejo de los recursos económicos públicos, así como la presunta participación en la etapa precontractual y/o en la actividad contractual, con desconocimiento de los principios que las rigen.
Es de señalar que la Fiscalía 10 Seccional de Villavicencio condenó en noviembre de 2018 a una de las investigadas dentro del proceso penal que, al parecer, por estos mismos hechos adelanta contra varios exservidores de Puerto Gaitán.
En esta etapa procesal, la Procuraduría Provincial de Villavicencio calificó las faltas del mandatario y de 12 funcionarios más como gravísimas cometidas con culpa gravísima. Y las del exmandatario y la exsecretaria administrativa y financiera como graves a título de culpa gravísima.
En ejercicio del derecho a la defensa que les asiste, los investigados podrán solicitar o aportar las pruebas que estimen pertinentes.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
La tranquilidad de un paseo turístico en La Macarena, Meta, se convirtió en angustia para una familia boyacense. Yudi Alexandra Castellanos Solano, joven tunjana de 21 años y egresada de la Universidad Santo Tomás, desapareció este domingo 7 de septiembre tras ser arrastrada por la corriente mientras caminaba cerca del río Güejar durante un tour de la empresa EcoTrips.
La emergencia ocurrió en el sector de Caño Canoas, reconocido por su atractivo natural. La joven viajó con sus familiares y lamentablemente, fue alcanzada por la fuerza del agua. Desde ese momento no se han tenido noticias de su paradero.
La situación ha generado gran preocupación, pues la familia asegura que hubo demoras en el reporte del accidente y en el inicio de las labores de búsqueda. Denuncian que la búsqueda solo inició horas después, perdiéndose momentos vitales que pudieron salvarla”.
Por su parte, la Defensa Civil informó que se adelantan operativos de búsqueda con un equipo conformado por cinco socorristas especializados en rescate acuático. Las labores se concentran en la zona del río Güejar y áreas aledañas. Hasta el momento no se han obtenido resultados.
La familia de Yudi Alexandra Castellanos hizo un llamado urgente a las instituciones locales y nacionales para que refuercen las labores de búsqueda. En medio de la angustia, piden apoyo de organismos de socorro, autoridades y entidades estatales que permitan intensificar los operativos en la zona, con el fin de encontrar cuanto antes a la joven.
El río Güejar y Caño Canoas son apreciados por sus aguas cristalinas, caídas de agua y paisajes selváticos, que convierten a este territorio en uno de los principales destinos de turismo de naturaleza y aventura en Colombia. Sin embargo, su fuerte caudal y las condiciones propias del terreno exigen precaución y medidas de seguridad para quienes realizan recorridos guiados en la zona.
Fuente: Tomado de EL TIEMPO
META
La compensaron con un terreno por desplazada, ahora comercializa gallinas criollas y huevos campesinos
Después de sufrir los estragos del conflicto armado, María Elisa Marín encontró en la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) la posibilidad de transformar su vida y la de su familia. Ella fue víctima de desplazamiento forzado y del asesinato de su esposo a manos de la guerrilla, en hechos ocurridos en Cundinamarca.
La mujer es beneficiaria de la sentencia que ordenó compensarla con un predio en el Meta, pues no podía retornar al que había abandonado. En cumplimiento de este fallo, la URT le entregó un terreno de 3.390 metros cuadrados en la vereda Sabanas del Rosario, en el municipio de Castilla La Nueva.
En el predio compensado, la Unidad implementó un proyecto productivo con enfoque avícola, apoyado con un subsidio de 40 salarios mínimos, que permitió la compra de 100 pollas criollas y 200 ponedoras, la construcción de galpones; además de la puesta en marcha de cultivos de cítricos y plátano para garantizar la seguridad alimentaria.
Tras 18 meses de asesoría técnica, los resultados son palpables: María Elisa ya ha comercializado 60.000 huevos campesinos criollos y semicriollos, equivalentes a 24.000 cubetas, además de gallinas para la venta. Su iniciativa se consolidó como un proyecto exitoso que aporta a la economía campesina.
“Estoy muy feliz de haber sacado adelante este proyecto. Después de lo que sufrí por la violencia, la Unidad de Restitución de Tierras me ayudó a transformar mi vida, me compensó con un predio, me construyó una vivienda y me apoyó para emprender”, afirmó la señora Marín.
Fuente: El Diario del Llano
El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio profirió un fallo que reconoce a una familia integrada por una pareja de esposos y sus dos hijos, como víctimas de abandono forzado tras la masacre paramilitar ocurrida en el corregimiento de Puerto Alvira, municipio de Mapiripán (Meta), en mayo de 1998.
La decisión judicial ordena que los solicitantes reciban compensación por la pérdida de un predio de 671 metros cuadrados, donde funcionaba una cafetería y se ofrecía arriendo de habitaciones. Este fue abandonado por la violencia que azotó al caserío durante aquel año.
El fallo también reconoció a dos mujeres, que ingresaron años después con autorización de la Junta de Acción Comunal de Puerto Alvira, como segundas ocupantes vulnerables, debido a que carecen de otra vivienda y dependen del inmueble para subsistir, por lo que estableció que podrán continuar habitándolo bajo medidas de protección.
El fallo resalta que la restitución de tierras, en el marco de la Ley 1448 de 2011, es un derecho fundamental y que la justicia debe garantizar soluciones que no generen nuevos conflictos, aplicando el principio de acción sin daño.
Robert Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, entidad que llevó el caso ante el juzgado, señaló que “este fallo es un avance en la reparación a las víctimas y refleja la complejidad de la restitución: se reconocen los derechos de quienes fueron despojados, sin desconocer la vulnerabilidad de quienes hoy habitan el predio”.
La URT, a través del Grupo Fondo, compensará a la familia víctima con un nuevo predio en el lugar de su residencia actual.
Con esta providencia, la justicia busca equilibrar derechos y garantizar reparación, en un municipio donde hay 1.660 solicitudes de restitución relacionadas con hechos del conflicto armado.
Fuente: Comunicaciones Restitución de Tierras
