CASANARE
Procuraduría adelanta acciones frente a varias problemáticas de Casanare
La Procuraduría General de la Nación avanza para dar respuesta, desde lo preventivo y disciplinario, a las principales problemáticas de los habitantes del departamento de Casanare.
Sistemas de acueducto y plantas de tratamiento de aguas residuales
La Regional de Instrucción de Casanare adelanta diferentes acciones disciplinarias relacionadas con la construcción y puesta en operación de varias plantas de tratamiento de aguas residuales y acueductos en el departamento.
Se indaga sobre las presuntas irregularidades en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Sabanalarga por parte de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare (Acuatodos).
Se investiga también las circunstancias que han impedido al alcalde de Villanueva poner en funcionamiento la infraestructura de los acueductos veredales de Banquetas Bajo, Buenos Aires Alto, Buenos Aires Bajo y Caribayona, pese a que éstas se encuentran totalmente construidas.
La Dirección de Investigaciones especiales adelanta un peritaje a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas del municipio de Monterrey, construida en 2017 por más de $ 20 mil millones; obra que no ha sido recibida por el ente territorial debido a las fallas que imposibilitan la continuidad en su operación.
En materia preventiva, el ente de control hace seguimiento a las labores de conducción de agua tratada desde la Planta de Tratamiento de Agua Potable definitiva a las redes de distribución del municipio de Yopal, que aún no han sido concluidas.
Obras de infraestructura
La situación que viven más de 200 familias que habitan el proyecto de vivienda Torres del Silencio, en Yopal (Casanare), debido a los graves problemas estructurales que presenta generó una acción disciplinaria ante la posible omisión en la toma de decisiones ante el riesgo inminente de desastre.
Desde 2018, se detectaron posibles fallas estructurales en la construcción de este conjunto habitacional y que no fueron atendidas oportunamente vulnerando presuntamente, los principios de protección, precaución y concurrencia contemplados en la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
De otra parte, la Procuraduría investiga disciplinariamente el presunto incumplimiento del contrato de obra celebrado para la remodelación de la infraestructura física del centro de salud de Sabanalarga.
El órgano de control solicitó información a la Red de Salud de Casanare sobre los hechos objeto de investigación.
Ejecución del PAE
En esta materia, el ente de control avanza con el fin establecer las circunstancias que han generado aparentes demoras en el inicio de la aplicación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), en diferentes instituciones educativas oficiales de la capital casanareña.
Así mismo, abrió una indagación previa por el presunto robo de alimentos de este programa en una Institución Educativa del municipio de Yopal.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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