CASANARE
Obispo de Yopal participó en reunión para reflexionar sobre estado del proceso de paz
El Obispo de Yopal, Monseñor Édgar Aristizábal Quintero, junto a un grupo de obispos, sacerdotes y laicos se reunieron durante tres días en Cali para reflexionar sobre “el estado actual del proceso de paz, sus retos y los caminos a seguir como artesanos de paz”.
El encuentro: “Iglesia y Construcción de Paz hoy en Colombia”, se realizó del 29 de abril al 1 de mayo, y sirvió para debatir y generar las estrategias que determinen el papel de la Iglesia en vistas a la paz en el país, según informa la web del Episcopado colombiano.
En un “mensaje de paz y esperanza” dado a conocer el 1 de mayo, los obispos valoran “los significativos avances del proceso de paz que vive Colombia, manifestados en la reducción de pérdida de vidas humanas, de secuestros, minas antipersonales y el retorno de la tranquilidad a muchos territorios, entre otros signos”.
“Constatamos que hay situaciones difíciles en este momento, por eso hacemos un llamado para que se hagan de manera urgente los ajustes necesarios que se requieren para que la implementación del acuerdo de paz sea efectiva y coherente, de modo que no se ponga en duda el camino andado”, prosiguen.
Sobre la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los obispos dijeron que esperan “que continúe en búsqueda de un acuerdo que nos permite avanzar hacia una paz completa”.
Los obispos colombianos también alientan en su mensaje a “toda la sociedad a mantener la serenidad en estos tiempos de transición política para que se pueda tomar decisiones que permitan fortalecer al pueblo colombiano como verdadero protagonista de su convivencia y construcción de paz”.
“Mantenemos viva la esperanza y reafirmamos el compromiso de estar al servicio de impulsar diálogos pastorales e iniciativas de paz que contribuyan a lograr que la sociedad asuma la Paz como el bien más preciado y don de Dios”, concluyen.
Los otros obispos que participaron en el encuentro son Monseñor Darío de Jesús Monsalve, Arzobispo de Cali; su Obispo Auxiliar, Monseñor Luis Fernando Rodríguez; el Obispo de Tibú, Monseñor Omar Alberto Sánchez; el Obispo de Quibdó, Monseñor Juan Carlos Barreto; el Obispo de Sonsón Rionegro, Monseñor Fidel León Cadavid; el Obispo de Buenaventura, Monseñor Rubén Darío Jaramillo; el Obispo de Apartadó, Monseñor Hugo Alberto Torres; el Obispo de San Vicente del Caguán, Monseñor Francisco Javier Múnera; y el Obispo Emérito de Magangué, Monseñor Leonardo Gómez Serna.
Fuente: www.aciprensa.com
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
