META
Priorizan restitución para las familias desterradas por la masacre de Puerto Alvira
El equipo Social de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en Meta se reunió con 40 familias desplazadas de la inspección de Puerto Alvira, Mapiripán, y que actualmente viven en Villavicencio, para socializarles la Ley 1448 de 2011.
Durante la jornada, se dio a conocer la ruta de atención de la entidad y se revisó el avance de sus casos, brindando claridad y esperanza a quienes han sufrido por el conflicto.
A la fecha, la Unidad ha recibido 55 solicitudes de restitución provenientes de dicho territorio, la mayoría por cuenta de la masacre que ocurrió en Puerto Alvira. De estas, 21 están en la etapa de estudio formal. Asimismo, 11 demandas han sido llevadas ante los jueces de restitución, quienes ya han proferido dos sentencias a favor.
Es importante recordar que Puerto Alvira ha sido marcada por la tragedia. En 1998 ocurrió la masacre que dejó huellas imborrables en su historia. El 4 de mayo, unos 200 paramilitares llegaron a la vereda, también conocida como Caño Jabón, en vísperas de cumplirse un año de la primera masacre en Mapiripán. Sacaron de las casas a los habitantes del sector y luego, con lista en mano, asesinaron en el parque principal a más de 20 personas.
En declaraciones de Justicia y Paz, el cabecilla paramilitar y hoy gestor de paz Salvatore Mancuso, al momento de aceptar su responsabilidad penal por estos hechos, indicó que el objetivo era masacrar a la comunidad en Caño Jabón y no en el casco urbano de Mapiripán, para obtener control territorial.
La mayoría de la población se vio obligada a abandonar sus tierras y a desplazarse a otros sectores del departamento del Meta, con ayuda de la Cruz Roja Internacional. Hoy, con el apoyo del Gobierno del Cambio, las víctimas del desplazamiento, despojo y abandono forzado de tierras, buscan construir un futuro más esperanzador para sus familias.
Unidad de Restitución de Tierras (URT)
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
