META
Presidente Petro planteó desde Acacías la transformación del sistema carcelario del país
El presidente Gustavo Petro dejó un claro mensaje al sistema judicial del país, haciendo énfasis en la necesidad de construir una sociedad que busca la verdad para dar paso a una Colombia grande y productiva, esto en el marco de su visita a dos centros penitenciarios de mediana y mínima seguridad en el municipio de Acacías (Meta).
El mandatario expresó que el camino hacia la verdad debe ser la hoja de ruta para la reforma carcelaria.
“Y pasan las generaciones y pasarán los siglos, y no fuimos más que la sociedad de la venganza. Pero, si somos la sociedad de la verdad, ¿qué pasa? Que de pronto, nos convertimos en una sociedad grande. Bueno, la reforma carcelaria debe ir hacia allá”, dijo el jefe de Estado.
Además, el mandatario recalcó: “Nos ha interesado más castigar que encontrar la verdad. Y la verdad es la que redime no solamente al victimario, sino a la víctima y a la sociedad entera. Por eso, los procesos judiciales deben llevarse a la verdad, antes que nada, antes que el castigo”.
Reponer a las víctimas
Igualmente, el presidente anunció que en su programa de Gobierno el fin no es castigar, sino reponer a las víctimas en su propia historia.
“Un proceso judicial debería contener, así sea el robo de un celular, de tantos que hay robos en Colombia de celulares, la verdad y hasta la posibilidad para el ladrón de devolver el celular y no entrar a la cárcel, habría más celulares recuperados y habría menos víctimas rabiosas porque perdieron su celular”, dijo.
En ese sentido, el presidente Petro agregó que esto no solamente debe darse “en el delito de baja intensidad, sino en los grandes delitos de Colombia”.
El mandatario preguntó: “¿y un Estado no mató 6.402 jóvenes. ¿Dónde está la verdad? Y no desplazaron millones y millones de campesinos. ¿Están aquí presos los que desplazaron a los campesinos? ¿O en alguna cárcel de este país? ¿O quién mató a 5.000 militantes de la Unión Patriótica solo por ser de izquierda?”
Transformación de las cárceles
En su mensaje de transformación a los centros penitenciarios, el jefe de Estado explicó cómo deben fortalecerse estos establecimientos, bajo los fundamentos de la educación y la producción, para humanizar a quienes están allí.
“Lo que se trata de hacer aquí es que esto se convierta no en un centro de castigo, sino en un centro de educación, en un centro de producción y que siga siendo después de que se acaba la llamada condena. Es lo que nos interesa, es humanizar la cárcel”.
Finalmente, el mandatario hizo un llamado a replantear el sistema carcelario en el país. “La cárcel no resuelve todo. Los jueces, los fiscales, lo que llamamos el sistema judicial, que es más amplio que la cárcel, la cárcel es una parte del sistema, deberían encontrar y priorizar en sus búsquedas investigativas la verdad”, recalcó.
Fuente: Comunicaciones Presidencia de la República
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
Lea también: Conmoción en Puerto Gaitán por feminicidio de madre e hija, capturan un sospechoso
META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
