CASANARE
Precandidata del Centro Democrático a Gobernación de Casanare dice no estar excluida del proceso
Una nueva situación traumática se presenta al interior del Centro Democrático en Casanare, que se suma a las presentadas últimamente y que denotarían una división interna de la colectividad, que actualmente ostenta la mayor representatividad política del departamento.
La situación se registra con la precandidata Judith López Barrera, quien habría perdido la oportunidad de participar en la encuesta que va a realizar el Centro Democrático para elegir su candidato a la Gobernación y por ende no podría aspirar al aval, por no haber cancelado a tiempo los recursos comprometidos para pagar las encuestas que realizará la empresa Yanhass, tal como se lo notificó la Dirección Departamental del Partido el pasado 30 de abril de 2019.
Se conoció que a raíz de esta situación la precandidata dirigió una comunicación a la Dirección Nacional del Centro Democrático, donde alega que la Dirección Departamental violó el protocolo establecido para la escogencia de candidatos, y por ende se le violó el debido proceso, por lo que solicitó suspender la realización de la encuesta.
Con fecha 02 de mayo, la Dirección Nacional del Centro Democrático ofició a los miembros del Directorio Departamental exhortándolos a observar los protocolos definidos por el Partido para el proceso de selección de candidatos, pero no definieron nada respecto de la solicitud de la precandidata de suspender la encuesta, por lo que se entiende que las decisiones hasta ahora tomadas por el Directorio Departamental siguen en firme, es decir, la precandidata Judith López Barrera seguiría excluida de la encuesta y de los foros que deben realizarse con los precandidatos.
No obstante, la señora López Barrera asegura que la respuesta de la Dirección Nacional convalida nuevamente su condición de precandidata, y que por lo tanto continuará en la brega por el aval del Centro Democrático.
Por ahora, resta por conocer la versión de la Dirección Departamental para determinar qué responden a la acusación de que violaron el protocolo del Partido, y por ende violaron el debido proceso a Judith López Barrera.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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