CASANARE
Por orden judicial, suspenden provisionalmente proyecto donde Alcaldía de Yopal pretende entregar lotes con servicios
El Juzgado Segundo Administrativo de Yopal decretó una medida cautelar de urgencia, que suspende provisionalmente el desarrollo del proyecto “Alameda Martha Mojica”, en un predio donde la Alcaldia de Yopal realiza adecuaciones para entregar lotes con servicios.
La decisión se tomó teniendo en cuenta una solicitud de nulidad del decreto 213 de 2023, que adoptó el plan parcial del mencionado proyecto, presentada ante el Juez por el concejal Jorge Leonardo Infante, por considerar que la expedición del mencionado decreto compromete el presupuesto de administraciones futuras.
Argumenta además en la solicitud el concejal Infante, que Yopal al día de hoy no cuenta con el Plan Maestro de Acueducto y Alacantarillado, por tanto no se entiende de qué manera se proyectó la extensión de las redes de servicios públicos y demás costos asociados para este proyecto, cuando se supone es este documento el que lo define y quedó previsto en el POT como política de corto plazo.
Alcalde dice estar tranquilo
Al respecto el alcalde de Yopal, Luis Eduardo Castro, señaló que “está tranquilo” porque contrario a lo sucedido con la mayoría de planes de loteo o vivienda que se han realizado en el municipio, éste es el primero que ha cumplido con todos los pasos estipulados en la Política Pública de Vivienda que su Administración sometió a aprobación en el Concejo Municipal, para que sea aplicada a partir de la fecha en todos los planes de vivienda que se adelanten.
Agregó el mandatario local, que entiende la situación planteada en la solicitud de nulidad del decreto que adoptó el plan parcial del proyecto Alameda Martha Mojica porque cualquier ciudadano lo puede hacer, pero que en este caso se trata solo de una situación coyuntural por el tema electoral, y que su equipo jurídico está preparando desde ya la defensa ante el Juez Segndo Administrativo para que se levante la suspensión.
En concepto del Alcalde, la mayoría por no decir que la totalidad de planes de loteo en el municipio han iniciado con grandes falencias, entre ellas la falta de servicios públicos y en su momento ni los órganos de control se han pronunciado, pero ahora que se cumplieron todos los pasos por parte de la Alcaldía, se encuentran estas talanqueras que retrasan el proyecto.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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