CASANARE
Por no ejecutar el PAE formulan cargos contra ex alcalde de Maní, Tony Ávila
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el ex alcalde de Maní, (2016-2019), Tony Wilfred Ávila Hernández, por las presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la totalidad del calendario escolar 2016.
Al parecer, el ex alcalde habría omitido la prestación del servicio del PAE para los estudiantes de la localidad, desde el primer día del calendario escolar y durante la vigencia 2016, a pesar de contar con recursos presupuestales disponibles por valor de $246’729.324.
Según el Ministerio Público, el investigado habría desconocido los derechos fundamentales a la educación, la asistencia y bienestar social de los niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas del municipio.
Asimismo, recordó que “el ordenador del gasto en su territorio debe adelantar los procesos de contratación del PAE necesarios para ejecutar en forma oportuna durante todo el calendario escolar vigente, los recursos destinados para tal fin”.
Para la Procuraduría se pudo vulnerar el principio de eficacia, en el entendido que a las autoridades administrativas les corresponde asegurar la protección infantil y el suministro de la nutrición balanceada durante toda la jornada escolar, contribuyendo a garantizar sus derechos a la educación y alimentación.
Falta grave
La posible falta de Ávila Hernández se calificó provisionalmente como grave a título de culpa gravísima, por la supuesta falta de compromiso del entonces mandatario con la población adolescente y joven del municipio.
La Procuraduría Regional de Casanare precisó que, terminada la etapa de instrucción, el expediente se remitirá por competencia a la Procuraduría Delegada para el Juzgamiento Disciplinario (reparto), ante la cual el ex alcalde podrá presentar descargos, versión libre, y aportar y/o solicitar pruebas y sus alegatos, si lo estiman pertinente.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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