CASANARE
Por no ejecutar el PAE formulan cargos contra ex alcalde de Maní, Tony Ávila
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el ex alcalde de Maní, (2016-2019), Tony Wilfred Ávila Hernández, por las presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la totalidad del calendario escolar 2016.
Al parecer, el ex alcalde habría omitido la prestación del servicio del PAE para los estudiantes de la localidad, desde el primer día del calendario escolar y durante la vigencia 2016, a pesar de contar con recursos presupuestales disponibles por valor de $246’729.324.
Según el Ministerio Público, el investigado habría desconocido los derechos fundamentales a la educación, la asistencia y bienestar social de los niños, niñas y adolescentes de las instituciones educativas del municipio.
Asimismo, recordó que “el ordenador del gasto en su territorio debe adelantar los procesos de contratación del PAE necesarios para ejecutar en forma oportuna durante todo el calendario escolar vigente, los recursos destinados para tal fin”.
Para la Procuraduría se pudo vulnerar el principio de eficacia, en el entendido que a las autoridades administrativas les corresponde asegurar la protección infantil y el suministro de la nutrición balanceada durante toda la jornada escolar, contribuyendo a garantizar sus derechos a la educación y alimentación.
Falta grave
La posible falta de Ávila Hernández se calificó provisionalmente como grave a título de culpa gravísima, por la supuesta falta de compromiso del entonces mandatario con la población adolescente y joven del municipio.
La Procuraduría Regional de Casanare precisó que, terminada la etapa de instrucción, el expediente se remitirá por competencia a la Procuraduría Delegada para el Juzgamiento Disciplinario (reparto), ante la cual el ex alcalde podrá presentar descargos, versión libre, y aportar y/o solicitar pruebas y sus alegatos, si lo estiman pertinente.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
