REGIÓN
Por estafa masiva en Boyacá condenan a más de 12 años de prisión a alias “El Mayor”
El Juzgado Cuarto Penal con función de conocimiento de Tunja (Boyacá) condenó a 12 años y 9 meses de prisión a Juan Carlos Rodríguez Arias, alias El Mayor, quien fue declarado responsable de apropiarse de cerca de 600 millones de pesos producto de la estafa de la que fueron víctimas, al menos, 30 personas residentes en Boyacá.
Labores de policía judicial evidenciaron cómo durante el año 2020 y hasta comienzos de 2021 Rodríguez Arias, se habría asociado con dos mujeres para instalarse en Tunja (Boyacá) donde ofrecieron en venta 100 camionetas, supuestamente, importadas de Brasil.
Los vehículos eran vendidos con la promesa de que a su llegada al país serían contratados por una empresa petrolera para transportar a sus empleados, beneficio que estaría fijado por un periodo mínimo de cinco años.
Con esta falsa ilusión de las víctimas, el procesado y sus socias recolectaron, por lo menos 318 millones de pesos de incautos ciudadanos ilusionados en tal inversión.
Por estos hechos el hoy condenado deberá responder por los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada, captación masiva y habitual de dinero, emisión y transferencia ilegal de cheques, y simulación de investidura o cargo.
La contundencia del material de prueba expuesto hizo que el implicado aceptara su responsabilidad en los hechos. A pesar de la aceptación la defensa del implicado apeló la decisión judicial por estar en desacuerdo con el monto de la pena impuesta.
Juan Carlos Rodríguez Arias, junto con su compañera sentimental y otra persona fue capturado en febrero pasado por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Boyacá, y permanece recluido en la Penitenciaría de Cómbita (Boyacá).
El proceso contra las dos mujeres procesadas junto con Rodríguez Arias continuará con el juicio oral ante un juez de control de garantías.
Otros hechos
Pero esta no sería la única irregularidad cometida por alias El Mayor y su empresa falsa. También se logró determinar que para dar credibilidad a su negocio contrató de manera verbal a varias personas para elaborar productos e insumos de bioseguridad. Ninguna de las obligaciones salariales o prestacionales fue cumplida.
Así mismo, habría emitido cheques sin fondos para, supuestamente, pagar bienes y servicios. Y habría incumplido un millonario contrato para adquirir equipos de comunicación. Estos últimos movimientos sumarían 274 millones de pesos con los que también habrían sido defraudados quienes depositaron su confianza en el procesado.
Estas personas también se consideraron víctimas de los delitos cometidos por alias El Mayor.
Fuente: Fiscalía General de la nación
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
