META
Policía propinó duro golpe a estructura de alias ‘Iván Mordisco’, capturado alias “Robledo”
Un nuevo golpe a la estructura criminal del autodenominado ‘Estado Mayor Central’ de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ propinaron las autoridades en los Llanos Orientales.
En su cuenta oficial de X, el presidente Gustavo Petro escribió: “En Mesetas, Meta, capturado por @PoliciaColombia Olivo Guantiva Moreno, cabecilla del estado mayor de los frentes de Iván Mordisco”.
Se trata, de acuerdo con información de la Policía Nacional, de un “certero golpe a las disidencias de ‘Iván Mordisco’, en la vereda Mesetas, de Villavicencio (Meta)”.
La Policía capturó a Olivo Guantiva Moreno, alias ‘Robledo’, cabecilla principal de la subestructura 39 del llamado ‘bloque Amazonas’ del autodenominado EMC.
De acuerdo con la información oficial, este hombre llevaba más de 36 años de trayectoria criminal, y en otra época había sido de confianza de alias el ‘Mono Jojoy’.
Alias ‘Robledo es requerido por delitos como secuestro extorsivo, extorsión agravada y porte ilegal de armas. Adicionalmente, era el dinamizador del narcotráfico en Meta, Guaviare y Vichada.
Además, durante la acción policial, fue capturada en flagrancia, alias ‘La Negra’, compañera sentimental de ‘Robledo’ e integrante de su anillo de seguridad, quien deberá responder por los delitos de porte ilegal de armas y municiones.
Con este resultado operacional, la Fuerza Pública continúa la ofensiva contra ‘Iván Mordisco’ y demás organizaciones criminales que vienen afectando las condiciones de seguridad en el Meta, Guainía, Guaviare y Vichada.
División en las disidencias
De la misma manera, el presidente Petro se refirió en otro post en su cuenta de X a la división que se evidencia en las disidencias de las antiguas Farc.
“Las mal llamadas disidencias están divididas: los frentes que quieren dialogar y lo frentes que sabotean la paz. A estos últimos les hemos propinado serias derrotas. Sus frentes en la Amazonía están siendo desmantelados y alias ‘Iván Mordisco’ huye; los frentes saboteadores de la paz, en el Cauca, han perdido su principal zona económica: el Micay, por eso pasan al terrorismo poniendo bombas a la población civil en La Plata. La ofensiva contra el Eln se extiende por las autoridades venezolanas en su país, a quienes agradezco, y en nuestro país”, escribió el mandatario.
En su post, agregó que los frentes que están en diálogos de paz con el Gobierno nacional “tienen hasta el 18 de mayo para acordar zonas de concentración y territorios de paz, con Conpes pactados con la población civil para el desarrollo humano en dichos territorios, y entrar a un proceso de paz avanzado”.
También se refirió a los frentes ‘Comandos de la frontera’, ‘Comuneros del sur’ provenientes del Eln en Nariño, y la ‘coordinadora guerrillera’ que ya han establecido zonas de concentración y territorios de paz.
Al respecto, dijo que la protección de la población civil y el desmantelamiento de las economías ilícitas “son el fundamento de los nuevos procesos de paz”.
Añadió que “Procesos similares se han construido con bandas como en Itagüí para toda Medellín, Quibdó, la Sierra Nevada y Buenaventura. La política de extradición dependerá de entrar en procesos avanzados de paz, he solicitado a @FiscaliaCol configurar grupos de trabajo especiales para examinar la situación jurídica de quienes hagan la paz”.
Concluyó que “la Fuerza Pública tiene la orden de atacar toda acción contra la población civil que provenga de cualquiera de estos grupos”.
Fuente: Comunicaciones Presidencia de la República
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
