CASANARE
Pliego de cargos contra exalcalde de Hato Corozal por no ejecutar recursos para los indígenas
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al exalcalde de Hato Corozal (Casanare), Alexander Martínez Parra, quien no habría ejecutado los recursos destinados en 2019 a la comunidad indígena del resguardo de Caño Mochuelo.
De acuerdo con la investigación, los recursos financieros del Sistema General de Participaciones dispuestos para esta población vulnerable, durante la vigencia señalada, no habría sido ejecutado por el entonces mandatario, vulnerando así el derecho de estas personas a invertir el presupuesto programado a su favor, según lo dispuesto en la ley.
De acuerdo con las pruebas recaudadas, esta partida presupuestal se gestionó dos años después, en 2021, es decir por otra administración diferente a la del investigado.
Para la Procuraduría, la obligación de propiciar la inversión de estos dineros del resguardo indígena era exigible incluso desde 2018, pues la ley dice que “para su ejecución deberá celebrarse un contrato entre la entidad territorial y las autoridades del resguardo, antes del 31 de diciembre de cada año, en la que se determine el uso de los recursos en el año siguiente”.
A juicio del Ministerio Público el funcionario no actuó con oportunidad y diligencia, “pues tenía la obligación permanente de cumplir con las previsiones legales y constitucionales, máxime cuando se trata de un servicio a favor de las comunidades indígenas”.
La conducta reprochada provisionalmente a Martínez Parra fue calificada por la Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare como falta grave a título de culpa gravísima.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Alcaldía de Yopal refuerza controles frente a la Brigada 16 para no permitir estacionamiento
La Alcaldía de Yopal, a través de la Secretaría de Movilidad, adelanta jornadas de socialización y control en la Transversal 18 para garantizar el cumplimiento del Decreto 059 de 2025, que prohíbe de manera permanente el estacionamiento en este corredor vial entre las calles 6 y 10.
La medida busca mejorar la movilidad, mantener despejada una vía estratégica de la ciudad y fortalecer las condiciones de seguridad en este sector. Durante las jornadas, los agentes de tránsito desarrollan acciones de sensibilización dirigidas a usuarios y al gremio transportador.
Las autoridades también hicieron un llamado a los pasajeros para comprender que los conductores de servicio público deben cumplir la normatividad vigente, por lo que no pueden realizar paradas o estacionamientos en áreas prohibidas.
Según la administración municipal, la restricción responde a criterios técnicos y recomendaciones de seguridad relacionadas con el entorno del Cantón Militar, ubicado en esta zona de la ciudad, permitiendo reducir riesgos y mejorar el flujo vehicular.
La Secretaría de Movilidad reiteró la invitación a conductores y ciudadanos para acatar la señalización y respetar las disposiciones vigentes, recordando que el cumplimiento de estas medidas contribuye a una ciudad más organizada y segura.
CASANARE
Masacre en zona rural de Villanueva, Casanare: cinco hombres asesinados en ataque sicarial
CASANARE
Sindicatos dicen que Interventora temporal de Capresoca estructuró el modelo que agravó el caos
El sindicato Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado SUNET Casanare, solicitó al Gobierno Nacional la designación urgente de un agente interventor especial externo para CAPRESOCA EPS, tras cuestionar la reciente designación de Bibi Dayana Daniels Rueda como agente interventora sustituta temporal de la entidad, quien se venía desempeñando como Gerente Operativa.
La petición fue elevada al presidente Gustavo Petro, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud, en medio de crecientes preocupaciones por la prestación del servicio a más de 170.000 afiliados en el departamento.


Ante este panorama, SUNET pidió que se designe un interventor independiente externo con perfil técnico y sin conflictos de interés, y solicitó incluir a CAPRESOCA en un plan nacional de salvamento. Asimismo, defendió el carácter público de la EPS y su potencial como modelo de gestión en salud, reiterando la urgencia de medidas que garanticen la atención oportuna y la estabilidad institucional.


