CASANARE
Pliego de cargos contra exalcalde de Hato Corozal por no ejecutar recursos para los indígenas
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al exalcalde de Hato Corozal (Casanare), Alexander Martínez Parra, quien no habría ejecutado los recursos destinados en 2019 a la comunidad indígena del resguardo de Caño Mochuelo.
De acuerdo con la investigación, los recursos financieros del Sistema General de Participaciones dispuestos para esta población vulnerable, durante la vigencia señalada, no habría sido ejecutado por el entonces mandatario, vulnerando así el derecho de estas personas a invertir el presupuesto programado a su favor, según lo dispuesto en la ley.
De acuerdo con las pruebas recaudadas, esta partida presupuestal se gestionó dos años después, en 2021, es decir por otra administración diferente a la del investigado.
Para la Procuraduría, la obligación de propiciar la inversión de estos dineros del resguardo indígena era exigible incluso desde 2018, pues la ley dice que “para su ejecución deberá celebrarse un contrato entre la entidad territorial y las autoridades del resguardo, antes del 31 de diciembre de cada año, en la que se determine el uso de los recursos en el año siguiente”.
A juicio del Ministerio Público el funcionario no actuó con oportunidad y diligencia, “pues tenía la obligación permanente de cumplir con las previsiones legales y constitucionales, máxime cuando se trata de un servicio a favor de las comunidades indígenas”.
La conducta reprochada provisionalmente a Martínez Parra fue calificada por la Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare como falta grave a título de culpa gravísima.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
Alerta por posible repunte de casos de Dengue en Casanare, ya van cerca de 300 en lo corrido del año
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