CASANARE
Planeación Nacional y Comunales firmaron en Yopal pacto de seguimiento a proyectos financiados con regalías
En un evento que resalta el poder transformador de las comunidades organizadas, el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, participó en la apertura del trigésimo Congreso Nacional de Acción Comunal, destacando la importancia del trabajo articulado con las Juntas de Acción Comunal (JAC) para impulsar el desarrollo de los territorios.
“Hoy con los comunales hacemos alcantarillas, arreglamos vías, hacemos gasificación, construimos puentes. No me importa que me demanden, estoy dispuesto a asumir las consecuencias, creo en el trabajo de las Juntas de Acción Comunal porque con ellos estamos llevando hechos a los territorios. El liderazgo comunal es la estructura civil más grande que tiene el país”, afirmó el gobernador Ortiz Zorro, ratificando su compromiso con el fortalecimiento de estas organizaciones sociales.
Como parte del acto central, Alexander López Maya, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), y Guillermo Gamboa, presidente de la Confederación Nacional de la Acción Comunal, firmaron un memorando de entendimiento que involucrará a las comunidades en el seguimiento de 1.851 proyectos financiados con regalías. Este acuerdo busca fomentar la transparencia y el control social en la ejecución de obras en departamentos clave como Antioquia, Casanare, Cauca, Cesar, La Guajira y Meta, regiones que concentran los mayores recursos y proyectos de regalías.
La implementación de esta iniciativa contará con una inversión de $1.416 millones y se extenderá hasta junio de 2025, fortaleciendo la participación ciudadana y el impacto de las regalías en el bienestar de las comunidades.
Además, se llevaron a cabo paneles sobre temas como “Perspectivas de la acción comunal: una razón de ser en la exigibilidad de los derechos” y “Economía popular en el marco del emprendimiento comunal”, abordando el papel esencial de los comunales en la planificación y ejecución de políticas públicas desde los territorios.
El Congreso, que reúne a líderes comunales de todo el país, continuará con dos días de actividades que incluyen 20 mesas temáticas destinadas a fortalecer las capacidades y conocimientos de los participantes, promoviendo el desarrollo social desde las bases comunitarias.
Fuente: Gobernación de Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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