CASANARE
Piden a la JEP requerir a excomandantes del Gaula Militar Casanare, para que amplíen verdad sobre “falsos positivos”
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la JEP que requiera a los excomandantes del Gaula Militar Casanare, Coronel (R) Wilson Camargo Tamayo y Mayor (R) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, ampliar su reconocimiento de verdad sobre la ocurrencia de los mal llamados ‘falsos positivos’ en el macrocaso 03, subcaso Casanare.
La petición se hace tras detectar, en las declaraciones de otros militares pertenecientes a dicha unidad, la posible comisión de hechos victimizantes adicionales, que no fueron referidos por los citados comandantes en sus versiones voluntarias.
El Ministerio Público insistió, además, en la necesidad de que la JEP califique jurídicamente tortura y otros tratos inhumanos como crímenes de lesa humanidad.
“Se tienen suficientes evidencias demostrativas, como testimonios sin controvertir y las mismas evidencias científicas, sin refutación alguna, que demuestran la violencia física y psicológica que padecieron las víctimas, las cuales no pueden ser excluidas del análisis demostrativo en estos casos donde estamos frente a conductas de gravedad internacional”, afirma la Procuraduría en su requerimiento.
Para sustentar la solicitud se hizo referencia a varios casos, como el de la comunidad de Aguazul, Casanare, víctima de estigmatización y represalias contra quienes fueron testigos de persecuciones o desapariciones de sus vecinos. A estas personas les hicieron perfiles de inteligencia falsos para sustentar supuestas operaciones que terminaron con sus asesinatos, no sin antes ser torturados.
También se citó el caso de una menor de edad embarazada, que, según testimonios de los comparecientes militares, habría sido presionada, drogada y golpeada, para sacarle información sobre miembros de la comunidad a los que asesinaron y presentaron luego como bajas en combate.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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