CASANARE
Piden a la JEP requerir a excomandantes del Gaula Militar Casanare, para que amplíen verdad sobre “falsos positivos”
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la JEP que requiera a los excomandantes del Gaula Militar Casanare, Coronel (R) Wilson Camargo Tamayo y Mayor (R) Gustavo Enrique Soto Bracamonte, ampliar su reconocimiento de verdad sobre la ocurrencia de los mal llamados ‘falsos positivos’ en el macrocaso 03, subcaso Casanare.
La petición se hace tras detectar, en las declaraciones de otros militares pertenecientes a dicha unidad, la posible comisión de hechos victimizantes adicionales, que no fueron referidos por los citados comandantes en sus versiones voluntarias.
El Ministerio Público insistió, además, en la necesidad de que la JEP califique jurídicamente tortura y otros tratos inhumanos como crímenes de lesa humanidad.
“Se tienen suficientes evidencias demostrativas, como testimonios sin controvertir y las mismas evidencias científicas, sin refutación alguna, que demuestran la violencia física y psicológica que padecieron las víctimas, las cuales no pueden ser excluidas del análisis demostrativo en estos casos donde estamos frente a conductas de gravedad internacional”, afirma la Procuraduría en su requerimiento.
Para sustentar la solicitud se hizo referencia a varios casos, como el de la comunidad de Aguazul, Casanare, víctima de estigmatización y represalias contra quienes fueron testigos de persecuciones o desapariciones de sus vecinos. A estas personas les hicieron perfiles de inteligencia falsos para sustentar supuestas operaciones que terminaron con sus asesinatos, no sin antes ser torturados.
También se citó el caso de una menor de edad embarazada, que, según testimonios de los comparecientes militares, habría sido presionada, drogada y golpeada, para sacarle información sobre miembros de la comunidad a los que asesinaron y presentaron luego como bajas en combate.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
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