CASANARE
Prohíben actividades petroleras en zona arqueológica y cultural de Támara
El Tribunal Administrativo de Casanare prohibió la realización de cualquier actividad material de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona arqueológica y cultural del municipio de Támara, al resolver una medida cautelar solicitada dentro de una Acción Popular promovida por el ciudadano Luis Arturo Ramírez Roa.
Dentro de esa jurisdicción se encuentra el proyecto Niscota Nueva, el cual es operado por Equión Energía Limited y el cual se ejecuta en los municipios de Yopal, Támara, Nunchía y Paz de Ariporo (Casanare) y Paya (Boyacá).
Según la Procuraduría dentro del proceso, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- concedió Licencia Ambiental al proyecto sin tener en cuenta Ordenanzas y Acuerdos asumidos por la Asamblea Departamental de Casanare y los Concejos Municipales de Támara (Casanare) y Paya (Boyacá), que establecían restricciones a la exploración, explotación y desarrollo de proyectos de hidrocarburos en algunos puntos de su geografía, dada la fragilidad del ecosistema existente y la vulnerabilidad del medio ambiente.
Agrega en su intervención la Procuraduría, que ANLA a pesar de estar obligada a aplicar el principio de precaución establecido en el numeral 6 del artículo 1° de la Ley 99 de 1993, inexplicablemente no lo hizo “lo cual es inadmisible”. Deduce la Procuraduría, que ANLA al conceder la Licencia Ambiental violó los actos administrativos mencionados y los principios aludidos.
Las petroleras involucradas en el proyecto solicitaron al Tribunal Administrativo de Casanare negar las medidas cautelares, señalando que “hay temeridad y mala fe de parte del accionante”, quien solicitó tales medidas “utilizando falsas afirmaciones, especulaciones y conjeturas subjetivas, sin fundamento técnico alguno y sin allegar prueba que demuestre la afectación, amenaza o peligro inminente de los derechos colectivos invocados”.
Precisan además que se hicieron todos los estudios técnicos ambientales antes de acceder a la Licencia Ambiental, además que no desconocen que existen dentro del proyecto áreas establecidas como reservadas, excluidad y/o protegidas. Agregaron también, que pese a tener la Licencia Ambiental Equión no ha ejecutado ninguna actividad de perforación exploratoria en el área asociada al proyecto, y antes de hacerlo deberá presentar el Plan de Manejo Ambiental específico para el proyecto.
Consideró el Tribunal Administrativo de Casanare, que sobre las demás zonas protegidas a través de Ordenanzas y Acuerdos Municipales, a excepción de la zona arqueológica y cultural del municipio, por ahora no hay elementos de juicio que permitan establecer su afectación, por lo que, por ahora, la protección y exclusión se hará solo sobre éstas áreas, es decir, la zona arqueológica y cultural.
Así las cosas, se prohibió la realización de cualquier actividad material de exploración y explotación de hidrocarburos pero solo en la zona arqueológica y cultural del municipio de Támara, hasta tanto se tenga claridad sobre la no afectación de la misma a causa de la ejecución del Contrato ya mencionado.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Personería Municipal de Yopal participó en la mesa de seguimiento a la ejecución del contrato de obra del Centro de Atención Primaria en Salud (CAPS) de la Comuna VI, espacio en el que el gerente de la ESE Salud Yopal presentó aspectos generales de la ejecución, mientras que el contratista de obra y la interventoría socializaron los avances alcanzados.
Durante la jornada se evidenció progreso en la instalación de la red contra incendios, cableado eléctrico y otras adecuaciones, lo que representa un avance del 50%, con proyección al 60% en el corto plazo.
En el encuentro se dio participación a representantes comunales y ediles, quienes manifestaron satisfacción por el ritmo de trabajo y los avances que se observan diariamente en la obra.
La mesa contó además con la presencia de ediles, presidentes de JAC, la Gerencia de la ESE Salud Yopal, contratistas y líderes comunitarios, quienes coincidieron en resaltar la importancia de este proyecto para garantizar un mejor acceso a los servicios de salud en el sector.
La Personería Municipal, en su calidad de Ministerio Público, reiteró su compromiso de acompañar de cerca a la comunidad y ejercer vigilancia sobre el cumplimiento de lo efectivamente contratado, priorizando en todo momento la garantía del derecho fundamental a la salud de los yopaleños.
Fuente: El Diario del Llano
La Procuraduría Regional de Casanare emitió un pronunciamiento dentro de la Acción Popular interpuesta por el concejal Jorge Leonardo Infante y otros cabildantes de Yopal, en relación con la polémica actualización catastral adelantada en el municipio por la empresa Catasig.
Según el pronunciamiento del órgano de control, el cobro del impuesto predial en Yopal podría no estar ajustado a la realidad de los contribuyentes. Esta situación, señaló, estaría afectando derechos colectivos de la comunidad yopaleña.
El procurador regional, Juan Pablo Rincón Camacho, advirtió que en numerosos casos no se tuvo en cuenta la situación actual de los predios, ni su destinación económica, lo que ha generado que los avalúos fijados no correspondan con las condiciones reales de los bienes.
Ante esta problemática, la Procuraduría solicitó al Tribunal Administrativo de Casanare, que tramita la Acción Popular, amparar los derechos de los ciudadanos frente al cobro del impuesto predial y al convenio suscrito con la empresa Catasig. Asimismo, pidió que se ordené que la caracterización de los predios urbanos y rurales se realice nuevamente bajo criterios objetivos y avalúos ajustados a la realidad.
El pronunciamiento se da en medio de un creciente inconformismo de la ciudadanía, que ha expresado su malestar por los altos incrementos en el predial tras la actualización catastral. Ahora será el despacho judicial competente el que decida sobre las medidas que deberán adoptarse para garantizar un cobro justo y proporcional.
Fuente: El Diario del Llano
CASANARE
En veredas de Orocué se atendieron más de 200 familias damnificadas con ayudas humanitarias
La caravana humanitaria, liderada por la Dirección Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de la Gobernación de Casanare, llegó hasta el municipio de Orocué donde entregó ayudas a 212 familias de las veredas Mariara, Algarrobo, Carrizales, Claveles y La Venturosa. El recorrido hace parte de las acciones de atención inmediata que buscan mitigar los efectos de los recientes aguaceros en el departamento.
Este trabajo implementado por el gobernador César Ortiz Zorro y coordinado en campo por Guillermo Velandia, director de Gestión del Riesgo, contó con el apoyo del diputado Eduardo Antolínez, la Alcaldía de Orocué, la Defensa Civil, la Cruz Roja y la concejal Sandy Pérez. En cada vereda las familias recibieron kits alimentarios y elementos de aseo.
Los campesinos expresaron su agradecimiento por la respuesta oportuna. Historias como la de Inelda Maldonado, una abuela de 91 años y madre de 14 hijos, conmovió a los equipos de trabajo. Con energía y buen humor, aseguró que el secreto para su longevidad es madrugar a trabajar y “estirar los huesos” todos los días, mientras recibía las ayudas con una sonrisa que reflejaba la gratitud de toda la comunidad.
Además de la entrega humanitaria, la caravana inspeccionó el estado de las vías y la seguridad de los puentes en la zona, con el fin de avanzar en soluciones que permitan mejorar la conectividad y reducir los riesgos en futuras temporadas de lluvias.
Fuente: El Diario del Llano
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