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Prohíben actividades petroleras en zona arqueológica y cultural de Támara

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El Tribunal Administrativo de Casanare prohibió la realización de cualquier actividad material de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona arqueológica y cultural del municipio de Támara, al resolver una medida cautelar solicitada dentro de una Acción Popular promovida por el ciudadano Luis Arturo Ramírez Roa.

Dentro de esa jurisdicción se encuentra el proyecto Niscota Nueva, el cual es operado por Equión Energía Limited y el cual se ejecuta en los municipios de Yopal, Támara, Nunchía y Paz de Ariporo (Casanare) y Paya (Boyacá).

Según la Procuraduría dentro del proceso, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- concedió Licencia Ambiental al proyecto sin tener en cuenta Ordenanzas y Acuerdos asumidos por la Asamblea Departamental de Casanare y los Concejos Municipales de Támara (Casanare) y Paya (Boyacá), que establecían restricciones a la exploración, explotación y desarrollo de proyectos de hidrocarburos en algunos puntos de su geografía, dada la fragilidad del ecosistema existente y la vulnerabilidad del medio ambiente.

Agrega en su intervención la Procuraduría, que ANLA a pesar de estar obligada a aplicar el principio de precaución establecido en el numeral 6 del artículo 1° de la Ley 99 de 1993, inexplicablemente no lo hizo “lo cual es inadmisible”. Deduce la Procuraduría, que ANLA al conceder la Licencia Ambiental violó los actos administrativos mencionados y los principios aludidos.

Las petroleras involucradas en el proyecto solicitaron al Tribunal Administrativo de Casanare negar las medidas cautelares, señalando que “hay temeridad y mala fe de parte del accionante”, quien solicitó tales medidas “utilizando falsas afirmaciones, especulaciones y conjeturas subjetivas, sin fundamento técnico alguno y sin allegar prueba que demuestre la afectación, amenaza o peligro inminente de los derechos colectivos invocados”.

Precisan además que se hicieron todos los estudios técnicos ambientales antes de acceder a la Licencia Ambiental, además que no desconocen que existen dentro del proyecto áreas establecidas como reservadas, excluidad y/o protegidas. Agregaron también, que pese a tener la Licencia Ambiental Equión no ha ejecutado ninguna actividad de perforación exploratoria en el área asociada al proyecto, y antes de hacerlo deberá presentar el Plan de Manejo Ambiental específico para el proyecto.

Consideró el Tribunal Administrativo de Casanare, que sobre las demás zonas protegidas a través de Ordenanzas y Acuerdos Municipales, a excepción de la zona arqueológica y cultural del municipio, por ahora no hay elementos de juicio que permitan establecer su afectación, por lo que, por ahora, la protección y exclusión se hará solo sobre éstas áreas, es decir, la zona arqueológica y cultural.

Así las cosas, se prohibió la realización de cualquier actividad material de exploración y explotación de hidrocarburos pero solo en la zona arqueológica y cultural del municipio de Támara, hasta tanto se tenga claridad sobre la no afectación de la misma a causa de la ejecución del Contrato ya mencionado.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Inició aplicación de pavimento en la vía hacia Mate´pantano en Yopal

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El alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruíz, junto a la secretaria de Infraestructura, Adriana Hernández, realizó una visita de seguimiento a las obras de pavimentación de la vía a Mate´pantano, donde se confirmó el inicio de la instalación de carpeta asfáltica en este corredor de 4,5 kilómetros.

En el sector de La Subasta ya se adelantan labores de aplicación de asfalto, tras la ejecución de trabajos previos como la adecuación y ampliación de la estructura vial, así como la conformación de base y subbase. Estas acciones permiten avanzar en la consolidación de la vía y mejorar las condiciones de transitabilidad en esta zona rural.

“Les dije que yo mismo iba a supervisar las obras. Hoy lo estamos haciendo y ya vemos resultados con el inicio del asfaltado en la vía a Matepantano”, señaló el alcalde durante el recorrido.

Por su parte, la secretaria de Infraestructura señaló que se mantiene un seguimiento permanente a los frentes de obra, con el objetivo de asegurar su avance y calidad. “Seguimos trabajando con ritmo constante para que estas intervenciones se traduzcan en resultados visibles para los ciudadanos”, indicó.

La intervención busca optimizar los tiempos de desplazamiento y fortalecer la conexión de este corredor con otros sectores del municipio, incluyendo áreas de interés productivo y turístico.

Durante la jornada también se realizó seguimiento a otros frentes de obra en la ciudad, entre ellos la carrera 33A, que registra un avance del 70 %, así como la calle 23A entre carreras 24 y 27, y la carrera 28B, donde continúan las labores de pavimentación.

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En mayo inician pruebas del Sistema de Cámaras de Videovigilancia de Yopal, listo Centro de Monitoreo

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Yopal se prepara para poner en marcha uno de los sistemas de videovigilancia más modernos del país, con la entrada en funcionamiento del nuevo Centro de Inteligencia y Videovigilancia, como parte de la estrategia para fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades.

“El ojo de la ciudad está aquí, donde vigilaremos cada calle de Yopal y sus centros poblados, poniéndole un cerco a los delincuentes y mejorando la percepción de seguridad de nuestro departamento”, expresó el gobernador al referirse a este proyecto, que cuenta con una inversión de 40 mil millones de pesos y alcanza el 90% de ejecución. La iniciativa contempla la instalación de 238 cámaras de seguridad, de las cuales 233 ya están ubicadas en el área urbana de Yopal y en los corregimientos de Morichal, La Chaparrera, El Morro y La Niata.

Asimismo, las cámaras cuentan con tecnología de reconocimiento facial y lectura de placas, lo que permitirá identificar y rastrear personas y vehículos sospechosos. El sistema también incluye más de 100 kilómetros de fibra óptica y un moderno centro de monitoreo y control ubicado en el edificio Emiro Sossa, donde ya se completó la instalación de aires acondicionados, equipos técnicos, mobiliario, y están en adecuaciones de infraestructura en los pisos quinto y sexto.

Por otra parte, Julio Ramos, secretario de Gobierno, explicó que la estructura física ya se encuentra al 100% y que durante mayo se desarrollará la fase de pruebas para verificar conectividad, configuración técnica y corregir cualquier novedad antes de su entrega oficial. “Hemos trabajado mes a mes para que este centro lo entreguemos en mayo. Ya está la postería, la instalación de cámaras y toda la fibra óptica”, señaló.

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Capresoca responde que no es responsable de las obligaciones de PROMED con personal de enfermería

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Capresoca EPS se pronunció frente a la manifestación realizada este lunes por personal de enfermería vinculado a la IPS PROMED, quienes exigen el pago de honorarios por servicios prestados en el marco del contrato N.° 165 de 2025. La entidad aclaró que dicho contrato tenía una duración de nueve meses y un valor superior a los 7.400 millones de pesos.

Según Capresoca, con corte a febrero de 2026 se han girado más de 5.110 millones de pesos, equivalentes al 68 % del valor total del contrato, tras cumplir con los procesos de radicación, auditoría y aprobación de cuentas. Asimismo, indicó que el contrato se encuentra actualmente en etapa de liquidación, con un valor proyectado pendiente de pago cercano a los 1.389 millones de pesos, luego de aplicar descuentos por glosas, retenciones y saldos no ejecutados.

Que responda PROMED

La EPS precisó que el pago restante se realizará una vez se completen los trámites administrativos en las áreas contable, financiera y jurídica, y se cuente con la respectiva disponibilidad presupuestal. Sin embargo, enfatizó que, conforme a lo establecido en el contrato y la normativa laboral vigente, no tiene responsabilidad sobre las obligaciones laborales adquiridas por PROMED con su personal, al tratarse de un prestador autónomo.

Finalmente, Capresoca indicó que los trabajadores afectados pueden acudir a las instancias legales correspondientes para reclamar sus derechos, proceso que, según la entidad, es necesario para activar posibles mecanismos ante la aseguradora que respalda el contrato. La situación mantiene la preocupación del personal de salud, que continúa a la espera del pago por los servicios prestados.

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