CASANARE
Prohíben actividades petroleras en zona arqueológica y cultural de Támara
El Tribunal Administrativo de Casanare prohibió la realización de cualquier actividad material de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona arqueológica y cultural del municipio de Támara, al resolver una medida cautelar solicitada dentro de una Acción Popular promovida por el ciudadano Luis Arturo Ramírez Roa.
Dentro de esa jurisdicción se encuentra el proyecto Niscota Nueva, el cual es operado por Equión Energía Limited y el cual se ejecuta en los municipios de Yopal, Támara, Nunchía y Paz de Ariporo (Casanare) y Paya (Boyacá).
Según la Procuraduría dentro del proceso, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- concedió Licencia Ambiental al proyecto sin tener en cuenta Ordenanzas y Acuerdos asumidos por la Asamblea Departamental de Casanare y los Concejos Municipales de Támara (Casanare) y Paya (Boyacá), que establecían restricciones a la exploración, explotación y desarrollo de proyectos de hidrocarburos en algunos puntos de su geografía, dada la fragilidad del ecosistema existente y la vulnerabilidad del medio ambiente.
Agrega en su intervención la Procuraduría, que ANLA a pesar de estar obligada a aplicar el principio de precaución establecido en el numeral 6 del artículo 1° de la Ley 99 de 1993, inexplicablemente no lo hizo “lo cual es inadmisible”. Deduce la Procuraduría, que ANLA al conceder la Licencia Ambiental violó los actos administrativos mencionados y los principios aludidos.
Las petroleras involucradas en el proyecto solicitaron al Tribunal Administrativo de Casanare negar las medidas cautelares, señalando que “hay temeridad y mala fe de parte del accionante”, quien solicitó tales medidas “utilizando falsas afirmaciones, especulaciones y conjeturas subjetivas, sin fundamento técnico alguno y sin allegar prueba que demuestre la afectación, amenaza o peligro inminente de los derechos colectivos invocados”.
Precisan además que se hicieron todos los estudios técnicos ambientales antes de acceder a la Licencia Ambiental, además que no desconocen que existen dentro del proyecto áreas establecidas como reservadas, excluidad y/o protegidas. Agregaron también, que pese a tener la Licencia Ambiental Equión no ha ejecutado ninguna actividad de perforación exploratoria en el área asociada al proyecto, y antes de hacerlo deberá presentar el Plan de Manejo Ambiental específico para el proyecto.
Consideró el Tribunal Administrativo de Casanare, que sobre las demás zonas protegidas a través de Ordenanzas y Acuerdos Municipales, a excepción de la zona arqueológica y cultural del municipio, por ahora no hay elementos de juicio que permitan establecer su afectación, por lo que, por ahora, la protección y exclusión se hará solo sobre éstas áreas, es decir, la zona arqueológica y cultural.
Así las cosas, se prohibió la realización de cualquier actividad material de exploración y explotación de hidrocarburos pero solo en la zona arqueológica y cultural del municipio de Támara, hasta tanto se tenga claridad sobre la no afectación de la misma a causa de la ejecución del Contrato ya mencionado.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
