En un hecho que ha generado profunda controversia jurídica y política en el municipio de Monterrey, el alcalde Alejandro Ballesteros avanzó con la firma de un crédito por 20 mil millones de pesos, pese a existir una orden judicial expresa que suspendía cualquier actuación relacionada con dicho endeudamiento.

El pasado 21 de octubre, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito Municipal de Monterrey, mediante sentencia de segunda instancia, tuteló los derechos fundamentales al debido proceso de los concejales de la oposición, al evidenciar que el Proyecto de Acuerdo 014 de 2025, que autorizaba el endeudamiento, fue tramitado de manera irregular, apresurada y sin las garantías mínimas de transparencia. En esa decisión, el despacho judicial ordenó de manera clara no adelantar ninguna actuación dentro del proyecto, hasta que se resolviera una medida cautelar dentro del proceso de nulidad que cursa en el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal.

La orden judicial era contundente: se debía suspender la aprobación, la sanción del acuerdo por parte del alcalde, la firma del crédito, la incorporación de los recursos al presupuesto y cualquier otro acto derivado del endeudamiento.

No obstante, el 10 de noviembre, en un acto que hoy es calificado por la oposición como un abierto desacato, el alcalde Ballesteros firmó el crédito con el banco BBVA en la ciudad de Yopal, ignorando de manera directa la decisión de un juez constitucional. Posteriormente, la administración municipal incluyó una partida de 1.300 millones de pesos para el pago de intereses del crédito dentro del proyecto de presupuesto para la vigencia 2026, además de pretender incorporar los recursos provenientes del endeudamiento.

El proyecto de presupuesto ya fue aprobado en Comisión Segunda por 3 de los 5 concejales, y actualmente se encuentra en segundo debate en plenaria, donde se anticipa su aprobación por parte de las mayorías oficialistas, pese a las advertencias legales existentes.

Radican incidente de desacato

Ante este panorama, el pasado 21 de noviembre los concejales de oposición radicaron un incidente de desacato contra el alcalde y el Concejo Municipal, al considerar que se violó de manera flagrante la orden judicial. El Juzgado Primero Municipal otorgó un plazo de 48 horas para que el alcalde y la corporación respondieran.

Como argumento de defensa, la administración ha sostenido que la suspensión del Proyecto de Acuerdo 014 no cobijaba el Acuerdo Municipal 012, interpretación que ha sido desestimada por los denunciantes, quienes sostienen que la orden del juez es clara, directa y de obligatorio cumplimiento, y que prohíbe cualquier acto que permita materializar el endeudamiento.

Para la oposición, lo ocurrido refleja la osadía de la administración municipal y su equipo jurídico, que, según afirman, actuaron con pleno conocimiento de la prohibición judicial, con el único objetivo de endeudar al municipio “sí o sí”, incluso por encima del orden constitucional y judicial.

Ahora corresponderá a la justicia determinar si el alcalde Alejandro Ballesteros y los concejales que acompañaron estas decisiones incurrieron en desacato, lo que podría derivar en sanciones personales, disciplinarias y penales, además de eventuales consecuencias sobre la validez de los actos administrativos expedidos.